ANTE los estragos provocados por las recientes lluvias en Ciudad Juárez, representantes del Gobierno Municipal y Gobierno del Estado se reunieron para definir una estrategia conjunta que permita enfrentar lo que aún puede venir: más agua, más riesgo, más daños.
La reunión fue encabezada por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y por Carlos Ortiz Villegas, representante de la Gobernadora en Juárez.
También participaron por parte del Municipio, César Tapia, director de Servicios Públicos; Sergio Rodríguez de Protección CIvil; Enrique Licón, Coordinador de Direcciones; Daniel González de Obras Públicas; María Antonieta Mendoza, de Atención Ciudadana; Gibrán Solís, de Limpia; Hugo Vallejo, de Desarrollo Social; Lucía Chavira del DIF y Roberto Mora, del IMIP.
Por parte del Estado estuvieron presentes Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común; Óscar Lozoya, delegado de COESVI; así como Sergio Nevárez, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento; y Mauricio Rodríguez, de la Coordinación Estatal de Protección Civil Zona Norte.
El plan acordado contempla acciones inmediatas en zonas críticas, como el desazolve de arroyos, la canalización de corrientes pluviales y la rehabilitación de diques, especialmente los de Hawái y Plutarco Elías Calles. También se intervendrán tramos de alto riesgo como los de las calles Guadalajara, División del Norte y Santo Domingo. En el caso del arroyo de Las Víboras y la colonia Plutarco Elías Calles, se dividirán las labores por sectores para avanzar más rápido y con mayor efectividad.
Además de la limpieza y reparación, se mencionó el uso de censos para llevar apoyos a las zonas afectadas. Hasta ahora, los recursos han salido de las arcas locales, aunque ya se contempla solicitar respaldo federal. También se habló de delimitar zonas de alto riesgo, algo clave para que las familias sepan si su vivienda está en peligro.
La coordinación entre entes gubernamentales es necesaria y fundamental para abordar los desafíos que plantean las lluvias y proteger a la población.
LA SEMAFORIZACIÓN de Ciudad Juárez será uno de los proyectos prioritarios del gobierno municipal el próximo año. Así lo adelantó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al reconocer que, tras avances en materia de videovigilancia y la ampliación del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), lo que sigue es atender un problema que miles de juarenses enfrentan todos los días, el caos vial.
Y es que no se trata sólo de cuántos semáforos hay, sino de cómo funcionan. Muchos no están sincronizados, otros no responden a las necesidades reales del tráfico actual, y hay algunos que, simple y llanamente, ya no sirven. La idea del alcalde es reemplazar los dispositivos obsoletos y unificar el sistema, con la creación de un centro de mando que permita monitorear, controlar y ajustar la red semafórica de manera inteligente.
La ciudad ha crecido, el parque vehicular también, pero los semáforos se han quedado rezagados. Por eso es que en algunas avenidas parece que se avanza más por suerte que por lógica, y que los embotellamientos terminan por alterar incluso la operación del transporte público o la llegada de servicios de emergencia.
Pensar en una semaforización moderna puede parecer técnico o poco vistoso, pero mejora la calidad de vida, reduce tiempos de traslado, contribuye a la seguridad vial e incluso tiene impacto ambiental si se reduce el tiempo que miles de autos pasan detenidos con el motor encendido.
EL ESCÁNDALO por el crematorio en Ciudad Juárez, donde se habrían entregado urnas con cenizas falsas a los deudos, ha sido un tema que con justa razón ha indignado a la sociedad. Sin embargo, en medio del dolor, también ha comenzado una disputa política que desvía la atención de lo que realmente importa, las víctimas y la necesidad de una investigación a fondo.
La diputada morenista Jael Argüelles acusó públicamente a María Eugenia Galván Antillón, ex titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), de haber autorizado la operación del crematorio señalado por irregularidades. Para sustentar su dicho, la legisladora señaló que el permiso se habría emitido en 2016, cuando Galván Antillón estaba al frente del organismo.
Pero hay un detalle que no es menor y que la diputada prefirió omitir, el permiso para operar un crematorio no lo emite la Coespris estatal, sino la Cofepris nacional, dependiente del Gobierno Federal y que en ese momento era administrado por el propio Hugo López-Gatell.
De acuerdo con el expediente del caso, en 2020, durante la pandemia por Covid-19, la Coespris estatal habría clausurado al crematorio ‘Plenitud’ por incumplimientos sanitarios, incluso fue esa misma dependencia la que mantuvo vigilancia constante sobre el lugar, y la que levantó la suspensión hasta que se corrigieron las irregularidades, en un contexto donde los servicios funerarios estaban al límite.
Galván Antillón dejó el cargo en septiembre de 2021. Desde entonces, otras administraciones han tenido la responsabilidad directa sobre la vigilancia de establecimientos como ese. Pero parece que ese tramo de la historia quedó fuera del discurso legislativo.
El caso del crematorio debe esclarecerse sin juegos políticos, sin uso faccioso del dolor ajeno y que los responsables que enfrenten las consecuencias.
EL FISCAL anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela anduvo esta semana por la CDMX para participar en una reunión con el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados.
En la reunión, también estuvo presente Marco Antonio Medina Torres, fiscal anticorrupción de Guanajuato; el propósito, coordinar esfuerzos e impulsar un foro nacional que ayude a mejorar la prevención, investigación y castigo de los actos de corrupción en el país.
La propuesta suena bien, sobre todo si se toma en cuenta que en México la corrupción no solo indigna, también agota. Cada nuevo escándalo, cada expediente congelado, cada caso que no llega a consecuencias concretas debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Mejía Berdeja compartió el encuentro, asegurando, al menos en sus redes sociales que “la lucha sigue”, mientras que la propia Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua aseguró que la entidad se encuentra sumando esfuerzos a nivel nacional para que no sólo se fortalezcan los mecanismos de investigación, sino para lograr “un país más transparente”.
Sin embargo, fuera de los hashtags y las frases de batalla, el reto es mucho más serio. ¿Qué pueden ofrecer realmente las fiscalías anticorrupción estatales cuando muchas veces, en algunas entidades no tienen ni el presupuesto, ni el personal suficiente para actuar a fondo?
La coordinación es necesaria, no cabe duda, pero lo urgente sigue siendo que las instituciones funcionen donde más se les necesita, en el territorio, en los expedientes, en los juicios y en las sentencias.
Hablar de corrupción en México siempre genera expectativa. Pero cumplirle a la ciudadanía requiere algo más.
