UNO DE LOS TEMAS que se han marcado como parte de la agenda no sólo para el Gobierno del Estado, sino también para el Gobierno Federal es el impulso a la inversión y aprovechar el ‘boom’ del nearshoring que ayude a posicionar a Chihuahua en la materia.

En ese sentido, en Juárez se llevó a cabo una reunión entre el titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), Ulises Fernández con miembros clave de la iniciativa privada y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

Durante el encuentro, se discutieron temas estratégicos como el decreto de relocalización presentado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan México y sus objetivos en materia de desarrollo económico, y posibles labores para fortalecer la inversión extranjera en la región.

La reunión evidenció el potencial de la región, además de los retos que enfrenta en su camino hacia un desarrollo económico integral.

Uno de los puntos clave abordados fue la necesidad de apoyo federal para agilizar trámites e incentivar la inversión. Ciudad Juárez, con su ubicación estratégica y su papel como polo industrial de México, debe estar en condiciones de responder con rapidez y eficiencia a las oportunidades de inversión.

Otro aspecto relevante fue el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Históricamente, las grandes industrias han sido el motor económico de la región, pero el crecimiento sostenible requiere que estas empresas locales sean integradas a las cadenas de valor globales. Fomentar el desarrollo de proveedores locales no solo diversifica la economía, sino que también genera empleos y reduce la dependencia de actores externos.

Además, se enfatizó la importancia de atraer inversiones en sectores con mayor valor agregado, como el diseño, la ingeniería y la innovación. Ciudad Juárez no puede limitarse a ser un centro de manufactura; debe evolucionar hacia un ecosistema que fomente la investigación, el desarrollo y la producción de tecnología avanzada. Esta transformación es clave para consolidar una economía más resiliente y competitiva a nivel internacional.

El Gobierno del Estado ha manifestado su disposición a trabajar en conjunto con empresarios y autoridades federales, lo cual es un mensaje positivo. Sin embargo, la ejecución de las políticas deben ser claras, eficientes y sostenibles para mejorar la competitividad de la región y generar nuevas oportunidades de inversión y garantizar un crecimiento económico sostenible.


ESTE VIERNES en el Congreso de Chihuahua se abrirá un espacio para el análisis, esperemos que profundo, respecto a la inclusión del delito de narcoterrorismo en el Código Penal del Estado.

La violencia desatada por el crimen organizado en México ha alcanzado niveles que rebasan el concepto tradicional de delincuencia. Con esta premisa, el diputado Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, ha convocado mesas técnicas para analizar la inclusión de este delito en el Código Penal.

La iniciativa busca no solo tipificar el narcoterrorismo, sino también establecer las consecuencias jurídicas que correspondan a la brutalidad con la que operan los grupos delictivos.

Lo que ha llamado la atención, son algunos de los perfiles que estarán participando en el análisis de las mesas técnicas, pues contarán con personalidades como Julián Leyzaola, Adrián LeBarón y David Saucedo.

En Juárez, el teniente coronel, Leyzaola Pérez es un viejo conocido, desempeñó el cargo de Secretario de Seguridad Pública del 2011 al 2013, y quien cuenta con experiencia en el combate a los cárteles de la droga. Mientras que el activista Adrián LeBarón ha desarrollado una amplia trayectoria para denunciar los actos de violencia que se viven en el norte del país. Por su parte, David Saucedo, es analista y consultor, destaca como uno de los especialistas en materia de seguridad pública de mayor reconocimiento en el país.

No obstante, es fundamental que este debate no se quede en una simple discusión académica, sino que derive en políticas públicas efectivas que logren un impacto real en la vida de los ciudadanos.

Estas mesas técnicas se celebrarán en el Piso 18 del Congreso del Estado de Chihuahua este viernes 31 de enero a la 1:00 pm, en un ejercicio abierto a la sociedad civil.


COMO PARTE del proceso electoral extraordinario para la elección del Poder Judicial en el Estado, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobó el Plan Integral y Calendario Oficial, lo que representa un reto mayúsculo en términos de organización, transparencia y legitimidad.

La elección de 305 cargos dentro del Poder Judicial –incluyendo magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, jueces de primera instancia y menores, así como integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial– es una muestra de la evolución del sistema democrático en Chihuahua.

Dentro de lo que se ha destacado del proceso, es que a diferencia del sistema anterior en el que estos nombramientos “recaían en decisiones políticas o de cúpulas”, esta elección abre la puerta a la participación ciudadana en la configuración de la justicia estatal.

Sin embargo, un cambio de esta magnitud no está exento de desafíos. La selección de quienes ocuparán estos puestos debe centrarse en el mérito, la capacidad y la independencia judicial, evitando que el proceso se convierta en una simple competencia partidista. En este sentido, el diseño del calendario electoral marca campañas del 30 de marzo al 28 de mayo y un periodo de reflexión antes de la votación el 1 de junio, lo que permitirá a la ciudadanía conocer a fondo los perfiles y propuestas de las candidaturas, o al menos esa es la intención.

Los cargos que se elegirán son tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; 15 magistradas y 15 magistrados del Tribunal Superior de Justicia; así como 135 juezas y 135 jueces de Juzgados de Primera Instancia y Menores.

Posteriormente, el lunes 1 de septiembre, se llevará a cabo la toma de protesta de las y los magistrados, así como de las y los jueces, además de la entrada en funciones del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

El reto también recae en el propio IEE y en los organismos encargados de la fiscalización y supervisión de la elección. La legalidad, imparcialidad y transparencia del proceso deben estar por encima de cualquier interés político, garantizando que las y los juzgadores elegidos cuenten con la legitimidad necesaria para impartir justicia de manera autónoma.

Por otro lado, este proceso abre una interrogante relevante: ¿es este el modelo ideal para la elección de jueces y magistrados? Mientras que en algunos países se apuesta por mecanismos de nombramiento basados en evaluaciones técnicas y de carrera judicial, la elección por voto popular puede generar riesgos de politización de la justicia.


EL ACCESO al agua es un derecho fundamental y un recurso estratégico para el desarrollo de cualquier nación. Sin embargo, en México, su administración ha estado plagada de conflictos, intereses políticos y un marco legal que no siempre garantiza su uso equitativo. Ante esta realidad, el Frente Campesino de Chihuahua (FCCH) ha hecho una propuesta para reformar la Ley de Aguas Nacionales y acabar con la politización del agua y asegurar su distribución justa.

De acuerdo con Mario Lerma Sáenz, líder de la FCCH, la propuesta plantea un modelo de administración tripartita, en el que los gobiernos federal y estatales compartirían la responsabilidad con los propios usuarios del agua. Este esquema busca eliminar la influencia de los colores partidistas en la asignación de concesiones, evitando que el acceso al agua se utilice como una herramienta de control político o económico.

El hecho de que los productores agrícolas de la entidad se organicen para exigir cambios estructurales es una señal de la crisis que enfrenta el sector. La sequía, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la falta de infraestructura han golpeado con fuerza a los agricultores y ganaderos, quienes dependen de un recurso cada vez más escaso.

El reto de reformar la Ley de Aguas Nacionales no es menor. Históricamente, la gestión del agua ha estado dominada por intereses particulares, desde grandes corporativos hasta estructuras de poder enquistadas en los niveles de gobierno.

Por lo pronto, la propuesta es parte de un plan integral que presentarán la siguiente semana a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), con el fin de contar con una legislación actualizada y que conlleve beneficios para las nuevas generaciones a quienes se debe garantizar el acceso al agua.

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