Si a algún ente han responsabilizado por los constantes problemas en las presas del estado, es la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Autoridades estatales, de los diferentes municipios, y los principales afectados, los productores agrícolas, constantemente han señalado a la dependencia federal por las inconformidades.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, hizo un señalamiento aún más importante: los funcionarios de la Conagua saben quiénes hacen uso irregular de las aguas del río Conchos, pero no actúan porque mantienen en su estructura a los responsables de ese proceso de corrupción.
Esta declaración, sin duda, da un giro a la situación, en primera porque hay personas que hacen mal uso del agua (que es como tener el enemigo en casa); y en segunda, porque si los funcionarios de la dependencia lo saben y no hacen nada, se trata de un acto de corrupción, aunque no reciban algo a cambio, con la omisión basta.
Habrá que estar pendientes de la respuesta que den, aunque más que una guerra de declaraciones, lo que se requiere es, de una vez por todas, establecer una mesa de diálogo, negociar y resolver el problema, de lo contrario, la incertidumbre se alargará y el año está por acabar.
En los últimos dos años múltiples han sido los recortes presupuestales ordenados desde el Gobierno de México, algunas veces por austeridad, otras porque simplemente no ven redituable invertir. Aunque en el tema de Seguridad Pública nunca hay que escatimar, pero algo sucede que cada vez envían menos recursos.
El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, informó que para el próximo año podrían no llegar cerca de 100 millones de pesos correspondientes a los programas Fortaseg y Fortamun, cuyos recursos son utilizados para mejorar las condiciones de los policías preventivos.
Cabada Alvídrez dijo no estar de acuerdo con la reducción de recursos, sin embargo, respeta las decisiones que se tomen desde la capital mexicana. Aseguró que para su administración es primordial el rubro de Seguridad, solo después del de Infraestructura, por lo que haría las gestiones necesarias para que no haya una afectación tan marcada.
El caso que ha llamado más la atención en medio de la defensa por el agua, es el de la pareja atacada a balazos cuando regresaba a casa después de haber participado en la toma de la presa La Boquilla. Yésica Silva murió, Jaime Torres se recupera de las heridas y advirtió que la muerte de su esposa no será en vano.
Por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) las investigaciones están a punto de cerrarse. El Ministerio Público tiene pruebas, y todo parece indicar que elementos de la Guardia Nacional sí tienen algo que ver con la agresión, de acuerdo con el fiscal César Peniche Espejel.
El caso se turnará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúe con la segunda etapa de la investigación. Esto, para algunos, resulta negativo, pues intuyen que las autoridades federales jugarán a favor de los agentes, si es que respaldan las hipótesis ya establecidas por los investigadores chihuahuenses. Habrá que estar pendientes de los avances.
Un oficio recorrió las redacciones de diferentes medios de comunicación. En la parte superior del documento el logo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), más abajo el nombre de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); el asunto: liberar cuentas bloqueadas.
La Unidad solicitó a la Comisión Bancaria y de Valores, de manera inmediata, liberar las cuentas del Municipio de Delicias, bloqueadas tras detectar movimientos irregulares, sin embargo, en un principio el organismo negó que las cuentas se habían congelado, pero este documento contradice su información.
Eliseo Compeán, alcalde de Delicias, señaló que el bloqueo afectaba el funcionamiento de su administración, pues de ahí se pagan nóminas, proveedores, obra pública y programas sociales. Las 44 cuentas equivalen a más de 87 millones de pesos, que por unas horas no estuvieron a disposición de las autoridades locales. ¿Reconocerán algún error en la UIF?
