UN TOTAL de 2 mil 735 personas fueron las que al final se inscribieron como aspirantes al Poder Judicial del estado, luego de que el pasado viernes concluyera el proceso de inscripción.

Esta cifra, que abarca registros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, refleja no solo el interés ciudadano en participar en la transformación de las instituciones, sino también el desafío que representa garantizar un proceso justo, transparente y equitativo.

El Poder Ejecutivo reunió 815 aspirantes, el Legislativo 906 personas y el Judicial registró mil 014 interesados. Sin embargo, esta cifra también plantea retos logísticos y administrativos para los Comités de Evaluación, quienes deberán depurar las listas y verificar el cumplimiento de requisitos para garantizar que solo los candidatos idóneos lleguen a la etapa final.

La depuración, además de eliminar duplicidades, será clave para mantener la legitimidad del proceso. La revisión exhaustiva debe ser transparente, con criterios claros y públicos, para evitar cualquier percepción de favoritismo o exclusión arbitraria.

Con la elección extraordinaria programada para el próximo 1 de junio, el objetivo de renovar más de 300 cargos dentro del Poder Judicial no es menor. Estos puestos, que serán ocupados por los elegidos a partir de septiembre, representan una oportunidad para consolidar un sistema de justicia.

Es fundamental que los aspirantes seleccionados sean evaluados no solo en términos de experiencia y conocimientos, sino también por su ética, imparcialidad y compromiso con la justicia. La independencia judicial debe ser una prioridad, y cualquier señal de influencia política o interés personal podría socavar la confianza en el proceso.

Uno de los mayores desafíos en este tipo de procesos es la percepción pública. Si bien la participación masiva es alentadora, la transparencia en cada etapa será crucial para evitar dudas sobre la imparcialidad de la elección.


EL BAJO cumplimiento de las unidades de transporte público y privado en cuanto a la verificación ecológica es un verdadero problema que no puede seguirse permitiendo a concesionarios.

Según datos recientes de la Dirección de Ecología, apenas el 22% de los vehículos de transporte verificaron sus unidades el año pasado, a pesar de las constantes invitaciones y exhortos por parte de la Dirección de Ecología.

El transporte público debería ser un ejemplo para el resto de los concesionarios y para los ciudadanos, pero su incumplimiento envía un mensaje contradictorio y mina los esfuerzos por mejorar la calidad del aire.

La verificación vehicular no es un trámite burocrático más; se trata de una medida clave para reducir las emisiones contaminantes y mitigar el impacto ambiental del transporte, que es una de las principales fuentes de contaminación en la ciudad. La negligencia de los concesionarios, tanto del transporte público como del transporte de personal, es inaceptable en un contexto donde los efectos de la contaminación son cada vez más evidentes en la salud pública y en el medio ambiente.

El director de Ecología, César Díaz, hizo el llamado para que se incluya el engomado ecológico como requisito indispensable para la emisión de permisos, lo que representa una medida necesaria y lógica. Sin embargo, esta propuesta debe ir acompañada de mecanismos efectivos de vigilancia y sanción.

Además se indicó que se llevaría a cabo una reunión del Triple-C en donde autoridades binacionales y de los tres niveles de gobierno buscarían iniciativas para mejorar el ecosistema. En dicha reunión se pondrá sobre la mesa nuevamente al director de Transporte el exhorto para que se exija la tramitación del engomado ecológico como un requisito indispensable para poder otorgar permisos.

Por otro lado, es importante recordar que la industria ha demostrado mayor receptividad, con un 30% de cumplimiento en la verificación de transporte de personal. Esto indica que, con incentivos adecuados y una comunicación efectiva, se puede lograr un mayor compromiso por parte de los concesionarios.

La calidad del aire es una prioridad que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Las acciones del gobierno, de los concesionarios y de los ciudadanos deben alinearse para hacer frente a este desafío. El transporte público debe ser un modelo de sostenibilidad, y las políticas ambientales deben ser implementadas con rigor para garantizar un futuro más limpio y saludable para todos.


LA IMPLEMENTACIÓN de operativos en los puentes internacionales de Ciudad Juárez ha logrado un avance notable, con una reducción del 40% en las infracciones relacionadas con la conducta abusiva de algunos conductores.

Los operativos buscan frenar las conductas de quienes ingresan de manera indebida a las filas de los puentes, perjudicando a los usuarios que respetan las reglas. Aunque los resultados son alentadores, todavía persisten casos de infractores, muchos de ellos con vehículos de placas extranjeras, lo que refleja un desafío cultural y práctico en la aplicación de las normas.

El esquema, que contempla el pago inmediato de multas para quienes acumulen más de una infracción, ha demostrado ser efectivo en términos de recaudación y disuasión, sin mayores complicaciones para los conductores. Sin embargo, detrás de este éxito relativo, se encuentra la necesidad de consolidar un cambio permanente en el comportamiento vial.

Más allá de la reducción de infracciones, este operativo plantea preguntas importantes: ¿cómo garantizar que el respeto a las normas no dependa únicamente de la vigilancia constante? ¿Qué medidas complementarias pueden implementarse para educar y sensibilizar a los usuarios, especialmente a quienes circulan con placas extranjeras?

La responsabilidad no recae únicamente en los conductores. Las autoridades deben mantener el esfuerzo y ampliar su alcance. Esto incluye garantizar una señalización clara, realizar campañas informativas y fortalecer la presencia de agentes de vialidad en momentos de mayor afluencia. Además, la transparencia en el uso de los recursos recaudados podría reforzar la confianza de la ciudadanía y promover una mayor cooperación.

Este operativo, si bien ha mostrado avances, es solo el inicio de un esfuerzo más amplio para mejorar la movilidad y convivencia en los puentes internacionales. La reducción del 40% en infracciones es un indicador positivo, pero el verdadero éxito se medirá cuando estas conductas inapropiadas sean una excepción y no una constante.

La invitación a los usuarios es clara, respetar las normas no solo evita multas, sino que también contribuye a una experiencia más fluida y equitativa para todos.

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