EL discurso a favor del reforzamiento del muro en la frontera entre México y Estados Unidos se ha mantenido desde hace tres años. Esta vez, el presidente Donald Trump, aprovechó el caso de la familia LeBarón para decir que la construcción del muro cobra más sentido y los ciudadanos han entendido su idea para contener la violencia y el ingreso de personas malas a su país.
El mandatario ofreció ayuda al gobierno de México para combatir a los grupos criminales, algo así como romper con la soberanía del país. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador no aceptó la ayuda y se limitó a decir que harían la investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Advirtió que esta tragedia ha despertado el autoritarismo de algunos sectores.
Sobre este asunto, el senador Gustavo Madero Muñoz, dijo que el gobierno de Trump aprovecha la inestabilidad y los hechos de violencia para presionar al gobierno mexicano, aunque no especificó con qué fines. A esta actitud amenazante se suma la supuesta debilidad y falta de firmeza en las políticas emprendidas por AMLO, bajo el lema abrazos, no balazos.
El presidente defendió su postura y dijo que no habría cambios, pues constantemente ha dicho que la guerra ya no es una alternativa. En la mañanera también aprovechó para explicar que los actos de violencia en Ciudad Juárez fueron consecuencia de que el gobierno del estado puso control en el Cereso 3, acción que respaldó en todo momento.
La política migratoria de Trump, caracterizada por el rechazo a los mexicanos, centroamericanos y demás ciudadanos que están fuera de los estatutos. La situación migratoria ha cambiado, con mexicanos desplazados que buscan asilo político en EU. Huir de un país donde no encontraron seguridad para refugiarse en otro donde los consideran criminales.
MIENTRAS tanto, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que los anuncios de las Jornadas Villistas no fueron actos anticipados de campaña por parte del alcalde de Parral, Alfredo Lozoya Santillán. La acusación inició desde hace meses y se tuvo que resolver en el máximo tribunal.
La denuncia, además recayó sobre Rossana Vázquez, directora de Comunicación Social, por la promoción de uno de los eventos turísticos más importantes del estado a través de radio y televisión. El análisis del órgano concluyó en que no hubo ninguna irregularidad o que se promocionara la imagen de El Caballo.
Anteriormente, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), también había determinado que no hubo irregularidades, sin embargo, Sergio Uranga Mendoza, el acusador, llevó el tema al TEPJF y la resolución fue la misma. Francisco Sánchez Villegas fue quien dio la buena noticia.
Ahora, falta conocer las medidas que tomará el Instituto Estatal Electoral (IEE) en torno a la resolución. Al parecer, llevaban las de perder, sin embargo hicieron el intento y el resultado fue el mismo. Ya veremos si hay consecuencias grandes o una simple notificación.
DICEN que la administración federal va contra otro exfuncionario de Enrique Peña Nieto, esta vez también por presuntos actos de corrupción. Gerardo Ruiz Esparza, quien fue titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y que entregó contratos irregulares a la empresa OHL, al menos eso dijo Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La investigación arrancó luego de una reunión entre Nieto Castillo y Javier Jiménez Espriú, actual titular de la SCT. Como otros tantos exfuncionarios del gobierno federal, vale la pena recordar las visitas que hicieron a Chihuahua, así como las reuniones que sostuvieron con exfuncionarios estatales, quizá igual o más polémicos.
El exfuncionario estuvo en Bocoyna en 2014 para inaugurar un puente. Desde ahí anunció que se invertirían 8 mil millones de pesos con el objetivo de impulsar el crecimiento de económico. Quizá la obra más relevante y que se desarrolló cerca de Ciudad Juárez, fue el Puente Internacional Guadalupe-Tornillo.
En 2015, Ruiz Esparza se reunió con el exgobernador César Duarte Jáquez en las oficinas de la SCT. Dicen que hablaron sobre los proyectos prioritarios de obra pública, transporte, carreteras y situaciones que atienden la dependencia. Los beneficios de ese diálogo quedaron muy atrás, pero sí se sabe que hablaron del cancelado aeropuerto de Texcoco.
Más recientemente, en agosto de 2018, Norma Ramírez Baca, entonces secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua, exigió a Ruiz Esparza que liberara recursos para realizar obras en el estado ¿Los entregaron? Ya veremos si demuestran la culpabilidad del exfuncionario en los supuestos actos de corrupción.
QUIEN atendió la agenda legislativa en el Senado de la República, fue Cruz Pérez Cuéllar. El chihuahuense estuvo en la votación para designar un nuevo titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), donde Rogelio Hernández Cázares resultó el ganón, pues cumplió con el perfil que se requería.
El senador felicitó y se tomó la foto con el nuevo funcionario, a quien le deseó suerte y éxito en la nueva encomienda, pero sobretodo, que haya frutos para las mexicanas y mexicanos. Los otros perfiles que compitieron por el puesto fueron Paola Chávez y Ángel Carrizales. Hernández Cázares fue director de Pemex Fertilizantes.
También, dentro las actividades legislativas, los senadores eligieron a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el próximo periodo que comprende del 16 de noviembre hasta el 15 de noviembre de 2024. La activista agradeció la designación por parte de Pérez Cuéllar y compañía.
Ambos funcionarios tienen grandes retos que enfrentar. Hernández Cázares la cuestión de la materia prima para combustibles, y Piedra Ibarra garantizar y proteger los Derechos Humanos, en un momento en el que parece que quedan comprometidos. Quienes los designaron tendrán que exigirles resultados en nombre de los ciudadanos.
