El Congreso o la guerra de usurpadores
Foto: Cortesía

LA SITUACIÓN en el Congreso no para. El diputado Fernando Álvarez Monje (PAN) tuvo que explicar, casi con manzanas, las razones por las que Rubén Aguilar (PT) no puede ser presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El voto ponderado fue la clave para que el panista arrebatara el puesto, aunque el movimiento no fue fácil.

Argumentó que en la votación él alcanzó 17 puntos, mientras que Aguilar solo 14. La diferencia era obvia, pero por alguna razón, las otras fracciones sostuvieron que el diputado del PT era el bueno, hasta convocó a reunión para discutir la permanencia del PES como fracción política en el Congreso, los despidieron y a lo que sigue.

El desglose le dio la razón al panista, a lo que se sumaron los artículos de la Ley Orgánica. Mencionó que las decisiones y propuestas que se hicieron bajo el efímero mandato de Aguilar quedan desechadas automáticamente, por lo que es PES seguirá teniendo representación, solo como fracción, no como partido. Revivió.

En tanto, los opositores, los diputados de Morena, PRI, Verde y PT, presentaron otros datos, donde no se incluyen los votos del PES ni de René Frías, pues desconocieron la presidencia que encabeza, calificaron el proceso como una usurpación de cargos y funciones. A ver hasta cuándo trabajarán normalmente.


LA REITERACIÓN a veces es importante para comprender un tema. El gobernador Javier Corral Jurado se ha encargado de reiterar, a detalle, que el recorte al Presupuesto de Egresos 2020 afectará la inversión en el estado y que la coordinación fiscal con la Federación ya no resulta conveniente.

Entre mil y mil 200 millones de pesos no llegarían, a los que se suma el presupuesto que tampoco llegaría a las secretarías y del que también se aprovecha para desarrollar programas para los sectores de la población más vulnerable como las comunidades indígenas del estado. Las obras carreteras son otro rubro que se vería afectado en demasía.

El gobernador dejó entrever que a la entidad ya no le conviene ser parte del Pacto Federal, resulta más caro, pues la reducción de recursos no conviene, por lo que se contempla una posible salida, lo ideal sería negociar, corregir y llevar la fiesta en paz, aunque el trabajo legislativo quedaría de por medio. Ya veremos.

Por su parte, Juan Carlos Loera de la Rosa, representante del gobierno federal en Chihuahua, señaló que siempre se puede hacer más con menos, en respuesta a las diversas reacciones de inconformidad que se han presentado en varios sectores. Ya veremos en qué termina esta situación. Un acuerdo sería lo ideal.


UN SEGUNDO revés ha sufrido la lucha por las estancias infantiles que emprendió al principio de año Alfredo Lozoya Santillán, alcalde de Parral. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó la reclamación que interpuso sobre la decisión que tomó el ministro Juan Luis González Alcántara.

González se negó a suspender las modificaciones que ordenó el gobierno federal sobre la entrega de recursos a las estancias. Luis María Aguilar fue quien dio lectura a la propuesta y el pleno votó por unanimidad rechazarla, a pesar de que la reclamación estaba fundamentada, sin embargo, resultó improcedente.

No obstante, esa resolución no define la batalla, pues habrá que esperar hasta noviembre para que la SCJN dé una postura más amplia sobre el tema de estancias infantiles y eso marque la pauta para resolver las otras controversias que han puesto en otros municipios, que algunas han resultado positivas.

Quedó claro que esa situación no queda ahí. Muchos han argumentado que el recorte y las disposiciones afectan directamente el desarrollo de la infancia y sus derechos, además de las actividades de madres y padres de familia trabajadores. Quienes han impuesto controversia esperan que se resuelva a favor, lo mismo esperan en Parral.


PARECE que las autoridades estadounidenses ya dieron el primer paso para que Patrick Crusius, responsable del tiroteo en Cielo Vista, donde murieron ocho mexicanos, enfrente un proceso penal abrumador, pues el Gran Jurado de El Paso lo acusó formalmente de asesinato capital.

Dicen que el tirador confesó que el ataque iba directo contra mexicanos y previamente había colgado en una página de internet, un manifiesto sobre los motivos: racismo, xenofobia, intolerancia; la invasión de la comunidad hispana a EU.

Aseguran que las autoridades buscarían la pena de muerte o cadena perpetua sin ningún recoveco por el cual pueda encontrar una opción para salir. Existe la posibilidad que presenten más cargos separados por la muerte, además de algunos ciudadanos estadounidenses.

También esperan que el delito sea calificado como terrorismo o crimen de odio, a lo que podría sumarse la intención de la cancillería mexicana que encabeza Marcelo Ebrard, para presentar cargos e incluso la extradición de Crusius. ¿Comienza la justicia para las víctimas?

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