LA SEQUÍA en Chihuahua no es un pretexto, es una realidad. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el estado no se ha negado en ningún momento a entregar agua a Estados Unidos en cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, pero la falta del recurso limita cualquier posibilidad.
Los últimos años y hay que decirlo, han sido especialmente complicados en la cuenca del río Bravo, y hoy lo urgente no es el señalamiento entre entidades, sino encontrar soluciones viables que no arrasen con la producción agrícola en el país.
La gobernadora Maru Campos ha reiterado que Chihuahua atraviesa una sequía extrema, lo que impide cumplir con lo que se exige desde el país vecino. No se trata de desobediencia, sino de una imposibilidad técnica y climática.
En una situación muy parecida se encuentran otros estados el país, tales como Tamaulipas y Coahuila, razón por la que la presidenta aseguró que su equipo de trabajo ha sostenido una reunión con Maru y sus homólogos, Américo Villarreal y Manolo Jiménez, respectivamente para buscar un acuerdo conjunto que permita determinar cuánta agua realmente se puede entregar sin perjudicar a los agricultores mexicanos.
Sheinbaum Pardo explicó que existe una mesa de trabajo, con las autoridades de Estados Unidos, integrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente, encargada de revisar el cumplimiento del tratado hídrico firmado entre ambos países hace más de 80 años.
De acuerdo con dicho tratado, México debe entregar a Estados Unidos un promedio anual de 432 millones de metros cúbicos de agua provenientes del río Bravo, mientras que Estados Unidos se compromete a proporcionar a México mil 890 millones de metros cúbicos del río Colorado, distribución que se realiza en ciclos de cinco años.
La gobernadora Maru Campos había anunciado su asistencia a una reunión convocada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en la CDMX precisamente para abordar el tema del acuerdo por el agua.
Frente a la presión internacional, México necesita actuar con unidad. Mientras persistan las condiciones de sequía extrema, hablar de cumplimiento del tratado sin contemplar la emergencia climática sería ignorar la raíz del problema. El agua no se niega, simplemente no hay.
A PARTIR del próximo 1 de mayo, Francisco Garduño dejará el Instituto Nacional de Migración, pero no cargará con una sola sanción penal por las 40 personas migrantes que murieron en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez en 2023.
Su salida ocurre bajo el argumento de una transición acordada y “capacitaciones” para su sucesor, Sergio Salomón, exgobernador de Puebla. Sin embargo, la deuda con las víctimas y sus familias permanece abierta.
La suspensión de la causa penal 237/2023, ratificada por un tribunal en Juárez, desactiva una vía legal que buscaba sentar precedentes sobre la responsabilidad del Gobierno Federal en el manejo de la política migratoria.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil han advertido que el cierre de este proceso elimina una posibilidad de justicia, a la par de que se ha pedido que Garduño ofrezca una disculpa pública como parte de la reparación del daño a las familias de las víctimas y los 27 sobrevivientes.
La salida de Garduño se da sin que asuma ninguna responsabilidad por una tragedia que evidenció las condiciones inhumanas dentro del sistema migratorio mexicano.
EN EL Partido Acción Nacional anunciaron que ratificarán y ampliarán la denuncia contra la senadora morenista Andrea Chávez, ahora con evidencia notarial sobre las ambulancias utilizadas en sus caravanas de salud.
El documento incluiría números de serie y placas de las unidades, con el objetivo de fortalecer la querella que, aseguran, no se limita al ámbito electoral, sino que implica un posible caso de corrupción.
Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, confirmó que será la próxima semana cuando acuda a la Ciudad de México para formalizar la ampliación, una vez concluidos los días santos.
Según Álvarez, el verdadero problema no son las ambulancias, sino el origen de los recursos con los que se financió el programa de atención médica itinerante.
Desde Morena, las acusaciones han sido interpretadas como parte de una estrategia electoral anticipada rumbo a 2027. Sin embargo, el PAN insiste en que la denuncia tiene sustento penal y exige una investigación profunda sobre el posible desvío o uso irregular de recursos.
CHIHUAHUA se mantiene como el estado con más contagios de sarampión en México con 347 casos confirmados en lo que va del año.
El municipio de Cuauhtémoc lidera con 175 pacientes, seguido por la capital del estado con 60, Ahumada con 23, Riva Palacio con 21 y Namiquipa con 20. Además, hay 15 municipios más con 10 casos o menos, según los datos más recientes de la Secretaría de Salud estatal.
Apenas la semana pasada se registró el primer fallecimiento por esta enfermedad. Se trató de un hombre de 31 años, quien fue atendido en un hospital privado de Ciudad Juárez. El paciente también padecía diabetes y no llevaba control médico de su condición, lo que agravó el cuadro clínico.
El repunte ha provocado una respuesta en el Congreso local. La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, solicitó la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud estatal, Gilberto Baeza Mendoza, para que dé explicaciones sobre el manejo de la situación epidemiológica y las acciones implementadas para contenerla.
La diputada advirtió que este escenario responde a deficiencias en la cobertura de vacunación y a fallas en las campañas de concientización. Planteó que la comparecencia sirva para corregir el rumbo, reforzar la estrategia de prevención y garantizar atención médica adecuada. También instó a iniciar campañas informativas ante amenazas emergentes como el virus de influenza aviar H5N1, detectado en el estado vecino de Durango.
La Secretaría de Salud ha llamado a padres y madres de familia a asegurarse de que sus hijas e hijos cuenten con las dos dosis necesarias de la vacuna contra el sarampión: la primera a los 12 meses y el refuerzo a los 18. También se ha invitado a adultos menores de 39 años que no hayan recibido el biológico a acudir a vacunarse.
