Seguramente que nadie duda del daño que provoca a las arcas federales la defraudación fiscal, misma que se lleva a cabo con prácticas como crear empresas fantasma o generar facturas falsas, pues con estas últimas, algunas empresas dejan de pagar cientos de miles de pesos que deberían tributar al gobierno y no lo hacen, de hecho, el cálculo es de 500 mil millones de pesos anuales, según información del procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
Por lo anterior para combatir este ilícito se está evaluando en el Congreso reformas legales para considerar la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada con delincuencia organizada, que aunque no se parecen mucho, aparentemente para el gobierno es así de grave y esas leyes les permitirían tener escuchas y cateos.
Y es que actualmente nuestra legislación en relación a los delitos fiscales no los considera graves, lo que provocó que, defraudar al fisco federal, se convirtiera en un deporte nacional, lo que creó la percepción de que no existe un factor de riesgo por defraudar, dijo el fiscal.
Nadie duda de lo perjudicial que resulta esta práctica y que efectivamente se debe hacer algo al respecto, lo malo es que otro tema que perjudica grandemente el fisco y que México se mantenga como uno de los países que menos recauda impuestos.
Esa práctica en la que se tiene un pequeño o mediano negocio pero que nunca se da de alta en Hacienda, y por lo mismo, no paga impuestos, pero tampoco pretende que entren a la formalidad, pues esas estrategias ni siquiera las tienen pensadas o si lo están haciendo, no dicen nada al respecto.
Y es que indudablemente es más fácil meter al orden al contribuyente cautivo, por lo que la cuarta transformación sigue haciendo terrorismo fiscal para quienes han pagado por décadas sus impuestos.
