FORTALECER los vínculos con el principal socio económico de México no es solo conveniente, es estratégico. En esa lógica, Chihuahua ha buscado acercamiento con la Texas Association of Business (TAB), una de las organizaciones empresariales más influyentes de Estados Unidos, que representa a compañías de todos los tamaños e industrias en ese estado.
En ese sentido, la gobernadora, Maru Campos destacó haber tenido una reunión con esta cámara empresarial con sede en Austin, Texas, en un esfuerzo por consolidar vínculos que impulsen el crecimiento económico de Chihuahua.
La reunión busca abrir nuevas puertas para la inversión, el comercio y la colaboración en temas como infraestructura, desarrollo laboral, políticas migratorias sensatas y educación técnica. La organización, afiliada a la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM), tiene como uno de sus principios centrales la promoción de un entorno flexible para los negocios, algo que puede resonar con los intereses productivos del norte de México.
Además en la gira por la ciudad de Austin, la gobernadora estableció acuerdos con autoridades de la Universidad de Texas, para la implementación de mecanismos de colaboración en formación continua e investigación.
Durante la jornada, Maru estuvo acompañada por los secretarios de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández; de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez y de Seguridad Pública, Gilberto Loya.
Uno de los acuerdos con la TAB fue lo relacionado a la internacionalización de empresas chihuahuenses en Texas, el fomento a las inversiones en sectores estratégicos y el desarrollo de compañías en industrias de alto potencial.
En el encuentro, se contó con la presencia del CEO de la TAB, Glenn Hamer, y líderes de los distintos sectores productivos.
Hamer se comprometió a coadyuvar en el impulso de la economía en la franja fronteriza.
Mientras que por otra parte, en la reunión con Jim Davis, presidente interino de la Universidad de Texas en Austin (UT Austin), se exploró la coordinación en sectores como la electromovilidad, semiconductores, Inteligencia Artificial e intercambios estudiantiles, así como esquemas de colaboración para reforzar la enseñanza del idioma inglés.
La relación con Texas, más allá de la geografía, representa una posibilidad real de crecimiento compartido. Integrar cadenas de valor, impulsar proyectos conjuntos y fomentar una fuerza laboral binacional mejor preparada son objetivos alcanzables si se trabaja con aliados que entienden la dinámica fronteriza y su potencial económico.
EL POTENCIAL económico, cultural y turístico que traería consigo el Centro de Convenciones a Ciudad Juárez es evidente. Pero insistir en construirlo en un sitio rechazado por una parte de la ciudadanía —como lo es el Parque Central— solo prolonga el estancamiento. Por eso importa que el proyecto vuelva a plantearse con disposición al diálogo y apertura a otras opciones.
El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que ya dialogó con la gobernadora para explorar nuevas alternativas, y que ella mostró voluntad para colaborar. La coordinación es indispensable. Pero aún más importante será que las decisiones estén respaldadas por estudios, como los que el alcalde ha planteado realizar antes de continuar y entablar conversaciones con la Federación.
La ciudad ha crecido en población, oferta hotelera y actividad económica, pero sigue sin contar con un espacio adecuado para atraer congresos, ferias o eventos de gran escala. El proyecto ha sido tema de debate, pero hasta ahora no ha logrado concretarse.
La propuesta más reciente contemplaba construirlo en el Parque Central, un espacio público emblemático que despertó resistencia entre ciudadanos y colectivos ambientales. Ante esa oposición, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar planteó someter la decisión a un plebiscito. Sin embargo, recientemente anunció que dará marcha atrás para evitar una confrontación innecesaria, y que lo mejor será buscar otro lugar, con base en estudios especializados.
Otro de los pendientes, será entablar comunicación con el fideicomiso encargado del proyecto para evaluar alternativas viables.
El centro de convenciones no debe seguir siendo un proyecto estancado, Juárez necesita infraestructura a la altura de su dinamismo.
AUNQUE legalmente no debería, la carrera por el 2027 ha comenzado, diferentes perfiles ya empiezan a mover sus piezas y otros disfrazan sus intentos de campaña no sólo adelantando los tiempos, sino tensando los límites de lo permitido.
En ese contexto, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, hizo un llamado, que quienes aspiren a gobernar, primero, deben empezar por respetar las reglas.
Las declaraciones del funcionario hacen referencia directa —aunque sin nombrarla del todo— a la senadora Andrea Chávez, quien ha intensificado su presencia pública con eventos y campañas de salud, con una fuerte carga de promoción personal. De la Peña advierte que no se trata solo de ella, sino de una práctica cada vez más común entre quienes buscan posicionarse antes de tiempo.
De acuerdo con el secretario, no se necesita violar la ley para demostrar capacidad. Si alguien quiere aspirar a un cargo, que lo haga desde el trabajo, la gestión efectiva y la coherencia entre discurso y acción.
El riesgo de permitir estas prácticas sin freno no solo está en una competencia desleal frente a quienes sí esperan los tiempos, sino en la normalización del uso de recursos públicos, del cargo y de la exposición institucional como plataforma electoral.
La anticipación política es inevitable, pero no por eso debe convertirse en una carrera sin reglas. Hay formas de construir un futuro político sin traicionar la ley.
EL MUNICIPIO de Chihuahua impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) varios artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La controversia constitucional presentada busca frenar lo que considera una intromisión en sus facultades, protegidas por el artículo 115 de la Constitución.
La queja fue interpuesta por el secretario del Ayuntamiento Roberto Fuentes, en representación del alcalde, Marco Bonilla.
El argumento es que si bien el acceso a la información pública es un derecho que debe garantizarse, no puede imponerse mediante reglas diseñadas desde el centro del país sin considerar las capacidades reales de los gobiernos locales. Existen municipios con recursos limitados, sin el personal ni la estructura técnica para cumplir con mandatos que fueron pensados con lógica burocrática nacional, no con criterios adaptados al terreno.
La queja no es contra la transparencia, sino contra una forma de legislar que desconoce el federalismo. Las obligaciones, consideró el Municipio, deben ser proporcionales y construidas con diálogo entre los distintos órdenes de gobierno. De lo contrario, se corre el riesgo de saturar a las administraciones municipales con cargas que entorpecen más de lo que ayudan.
El caso ya está en manos de la Suprema Corte. Más allá del fallo, el debate debería ser cómo fortalecer la rendición de cuentas sin debilitar la autonomía local.
