LA NOMINACIÓN del exembajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, como el próximo embajador estadounidense en México, ha generado incertidumbre, sobre todo por cómo se abordará no sólo la relación binacional, sino también el tema migratorio.
El anuncio lo hizo el martes por la noche el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump a través de su red social Truth Social, donde citó los más de 20 años de experiencia de Jonson con la Agencia Central de Inteligencia (la CIA).
Ante todo este panorama, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos dejó clara su intención de establecer una relación constructiva con el próximo Embajador de Estados Unidos en México, poniendo de manifiesto la importancia del acercamiento diplomático para el bienestar del estado y su desarrollo.
El liderazgo estatal debe jugar un papel activo en construir puentes de comunicación y colaboración con las autoridades del país vecino. Maru expresó su intención de "tocar puertas" y estrechar lazos con el nuevo representante diplomático y su equipo.
Chihuahua, como estado fronterizo, tiene un papel central en la relación entre México y Estados Unidos. Los temas de seguridad, migración, comercio e inversión son cruciales para el bienestar de la región y requieren de una visión compartida entre ambos gobiernos.
Al menos en los últimos años, la relación de Chihuahua con el todavía embajador Ken Salazar ha sido favorable; ahí la importancia de no perder esos lazos con el país vecino.
Sin embargo, el desafío no será sencillo. Las políticas impulsadas por Donald Trump durante su campaña electoral han generado incertidumbre sobre el rumbo de las relaciones bilaterales. En este escenario, es vital que Chihuahua no solo busque una buena relación con el embajador Johnson, sino también construya una red de cooperación con otros niveles de gobierno y actores clave en Estados Unidos.
POR CIERTO, hablando del tema de la migración, la promesa de deportaciones masivas realizada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump durante su campaña electoral mantiene las alarmas encendidas en la frontera mexicana.
Alfredo Chávez Madrid, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, ha subrayado la necesidad de acción inmediata y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentar este inminente desafío.
La fracción parlamentaria del PAN ha instado al Gobierno Federal a convocar mesas de trabajo en las zonas fronterizas, especialmente en estados como Chihuahua, que podrían ser gravemente impactados por el flujo de migrantes retornados.
De acuerdo con el diputado, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe estar dando la batalla a nivel diplomático para que México y especialmente Chihuahua no sufran las consecuencias de esta deportación masiva, a la vez que debe garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes que llegarán a ser enviados por la entidad.
Por su parte, su compañero de bancada, Carlos Olson San Vicente, expuso que es imperante que las deportaciones no se realicen directamente en la frontera, porque allí es donde los grupos criminales acechan para reclutar a quienes han sido devueltos sin protección ni alternativas claras.
El reto no puede ser enfrentado únicamente desde la federación. La colaboración con los gobiernos estatales y municipales será clave para implementar estrategias de atención, alojamiento, empleo y salud para los migrantes retornados.
Por lo pronto un primer paso para lograr esa sinergía o acordar esas mesas de trabajo que propone el diputado Chávez, puede darse en la próxima visita que la presidenta Claudia Sheinbaum hará por el estado y particularmente a Juárez en los siguientes días y en donde también estará acompañada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Hay que recordar que la propia presidenta ha mencionado que sostendrá una reunión con la gobernadora Campos y parte de su gabinete, seguramente migración y seguridad serán temas obligados.
APROBADAS quedaron las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025 de los 67 municipios del estado. De esta manera, se autoriza a los Ayuntamientos para que, en su caso, amplíen su presupuesto de egresos en la misma proporción que resulte de los ingresos estimados y así cumplir también con todas las disposiciones que les sean aplicables.
El diputado, Arturo Medina Aguirre, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, ha señalado que los municipios deberán atender a la brevedad, lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en relación con lo dispuesto por el Capítulo II “Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios”, con las salvedades previstas en el Transitorio Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo al artículo 21 de dicha Ley.
Uno de los puntos destacados de esta legislación es el manejo de los recursos estatales destinados a fines específicos. Los municipios que no logren devengar y pagar dichos recursos en tiempo y forma deberán reintegrarlos a la Secretaría de Hacienda del Estado, junto con los rendimientos financieros generados, en un plazo claramente establecido, a más tardar el 15 de enero de 2026.
En el caso del Municipio de Chihuahua, se han tomado decisiones relevantes para la actualización del Impuesto Predial, que se ajustará en un 5.16% conforme a la inflación estimada. Además, se han dispuesto facilidades administrativas y beneficios fiscales para quienes enfrenten dificultades económicas o se encuentren en situación de vulnerabilidad, especialmente en lo referente al Derecho de Alumbrado Público.
Por su parte, el Municipio de Juárez incorpora las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas por el Congreso como parte integral de su Ley de Ingresos. Además, se contempla un estímulo fiscal que permite la utilización de certificados de donación no aplicados en 2024 durante el Ejercicio Fiscal 2025, fomentando la continuidad en el apoyo a causas sociales y comunitarias.
La aprobación de estas leyes también pone de manifiesto la necesidad de una mayor colaboración entre los diferentes niveles de gobierno. Mientras que las disposiciones legales sientan las bases para una administración financiera ordenada, su éxito dependerá de la capacidad de los municipios para implementar estas normas de manera eficaz y transparente.
EL TSJ de Chihuahua ha marcado un precedente histórico con la emisión de la primera sentencia en un juicio oral por maltrato y crueldad animal. La condena a Alonso G.C., responsable de infligir actos de extrema violencia contra un gato, representa no solo un avance legal, sino también un cambio cultural hacia la protección y defensa de los derechos de los animales.
Este caso, que conmocionó a la opinión pública por la brutalidad de los hechos y que llevó a la detención de esta persona en 2023, se convirtió en un ejemplo del poder de la sociedad civil organizada y la importancia de la coordinación institucional.
El proceso judicial, encabezado por la jueza Socorro Olivia Porras Armendáriz, y respaldado por el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta, subraya el compromiso de las instituciones chihuahuenses con la justicia y la protección de los seres más vulnerables.
Más allá de la condena en sí misma, esta sentencia es un llamado a reflexionar sobre el papel de la justicia en la construcción de una sociedad más empática y responsable. La violencia contra los animales no solo es una manifestación de crueldad, sino también un indicador de problemas sociales más profundos.
La resolución implica un cambio cultural dentro de las instituciones de justicia, sin duda, sienta las bases para que futuros casos de maltrato animal sean tratados con el rigor que merecen.
Aún queda mucho por hacer. Este precedente debe ser el inicio de un proceso continuo para fortalecer las leyes contra el maltrato animal, fomentar la educación en el respeto hacia todas las formas de vida y asegurar que las instituciones sigan actuando con celeridad y eficacia en estos casos.
