¡Ya se veía venir!, por mucho que la actual administración estatal quería dejar de lado las persecuciones y concentrarse en poner orden en casa, el desastre financiero es superior a los 75 mil millones de pesos, es decir, dejaron el estado prácticamente quebrado y a la gobernadora no le quedará de otra más que dar paso a “Justicia Para Chihuahua”, segunda temporada.
Maru Campos ventiló en un medio nacional que su compañero de partido, pero principal perseguidor cuando ejerció el Gobierno, Javier Corral, prácticamente se “mordía la lengua” al hablar de la corrupción del exgobernador César Duarte, porque mientras señalaba al expriista y sus cercanos, sus propios funcionarios continuaban saqueando las arcas estatales e incrementaban la deuda.
La mandataria ventiló las maniobras de Javier Corral, quien similar a Duarte, se aprovechaba de la mayoría en el Congreso para que se le autorizaran movimientos financieros y así acceder a más dinero, los cuales fueron aprobados durante cinco años en un presupuesto de egresos deficitario y con ello le heredó a Campos Galván una deuda de 14 mil millones de pesos con proveedores.
También citó más de 200 millones de pesos en la compra de medicamentos que no se entregaron a las instituciones médicas a pesar de la escasez, lo que generó que una gran cantidad de medicinas caducaran, incluyendo tratamientos para diabetes, cáncer, entre otros.
Aun cuando Maru acusó al exgobernador de ser apático y de no hacer nada para evitar que se robaran el dinero o para malgastar los recursos de los chihuahuenses, indicó que no habrá una cacería de brujas contra su antecesor, pues ya serán las instancias correspondientes las que determinen si Corral o algunos de los suyos “se avienten” unos años en la sombra.
Quien está en la lupa de las autoridades locales, y sin duda, en breve de las federales, es Poliplaza Médica, el hospital que presta los servicios médicos al personal del Municipio, por haber otorgado una incapacidad al exjefe de inteligencia de la Policía Municipal, Aldo Sáenz Tocoli, aun cuando era investigado y buscado por las autoridades; con eso la institución de salud le otorgó protección mediante la incapacidad.
La situación para nada tiene quieto al presidente Cruz Pérez Cuéllar, quien de inmediato alzó la voz y señaló que se habrá de proceder legalmente contra la institución médica por falsificación de documentos, pero de igual forma, mientras haya el vínculo con el Municipio, todas las incapacidades médicas que se indiquen, deberán ser avaladas por la Dirección de Salud, antes de ser autorizadas.
Lo anterior pone en duda la continuidad del contrato con Poliplaza para dar servicio médico a los empleados municipales, y antes que nada, se deberán aclarar muchas irregularidades en torno a las incapacidades a elementos de Seguridad Pública y si las autoridades federales encuentran algo más, el gobierno local deberá ir pensando en una nueva concesión.
A propósito de Sáenz Tocoli, personal de la corporación señaló que el entonces titular, Raúl Ávila Ibarra, habría autorizado su ascenso tras conocer la investigación en su contra, pero como buscaban evidencias mayores que terminarán de hundirlo, una de ellas era justamente ponerlo en una zona donde lo tuvieran en la mira.
Tocoli aprovechó su influencia y no solamente adquirió mayores conocimientos, mediante capacitaciones subsidiadas con recursos estadunidenses de la Iniciativa Mérida, sino que supuestamente tejió una red de extorsionadores y secuestradores en la que involucró a varios agentes a su cargo.
Fuentes al interior de la Policía señalaron que hay una especie de aplicación de “criterio de oportunidad” versión 2.0, es decir, antes de que la corporación se vuelva a manchar, algunos de los ligados a Tocoli que están en activo, deben renunciar, sin ningún beneficio más que el irse de la ciudad antes de que se ejecuten ordenes de aprehensión en su contra y prácticamente los saquen de turno y los esposen con el uniforme puesto. ¡Qué penoso sería eso!
Todo indica que el conflicto entre los concesionarios de la famosa línea Tierra Nueva y el Bravobus se resolverá en familia, porque resulta que Eduardo Fernández Sigala, titular de Transporte en el Estado, estará negociando con los quejosos para que nada le haga competencia al transporte semimasivo de la ruta troncal uno, porque supuestamente el servicio se va a mejorar en 60 días y no habrá más fallas.
Sin embargo, resulta que el presidente del Fideicomiso de la primera ruta troncal es José María Fernández Sigala; su hermano, y en caso de que se autorizara la reaparición de la Línea Tierra Nueva, el negocio se verá afectado.
Autoridades se reunieron ayer con la empresa Intra, la cual se comprometió a agregar otros 20 camiones para prestar el servicio y que las unidades antiguas no vuelvan a circular de manera ilegal.
No está demás señalar, que los usuarios del Bravobus están reclamando una tardanza de hasta dos horas para que aparezca una unidad, ya que actualmente la empresa opera solo con 10 unidades y obviamente cuando llega de inmediato se satura, la gente va hasta parada, cercana una de otra y con todos los riesgos que eso implica.
Este lunes, unidades de Tierra Nueva empezaron a subir pasaje y de inmediato la gente los abordó. Muchos iban tarde a sus trabajos y demás actividades cotidianas, por lo que al ver los camiones morados no dudaron en usarlos.
De inmediato inspectores de Transporte Público detuvieron un camión y en respuesta los concesionarios impidieron la circulación del Bravobus, con las molestias y conatos de bronca entre usuarios de ambas líneas.
El tema del transporte es una papa caliente, porque la primera ruta troncal lleva más de un año con un servicio deficiente, los camiones lucen viejos y deteriorados, pero sobre todo la calidad en el servicio tiene hartos a los ciudadanos.
Sea lo que sea que se resuelva, los dueños de los Tierra Nueva no van a quitar el dedo del renglón hasta que de nuevo los dejen circular, pero... y entonces, ¿para qué un carril confinado si al final de cuentas de nuevo las calles estarían saturadas de camiones?
