LA INSTALACIÓN del primer Consejo de Paz y Justicia Cívica en Ciudad Juárez viene con una encomienda importante, dejar de ver la seguridad como tarea exclusiva de las corporaciones policiacas y empezar a tratarla como un proceso colectivo que involucra a gobierno, sociedad civil, comunidad religiosa, escuelas y hasta empresas.
Esa es, en teoría, la apuesta de este nuevo consejo, que forma parte de una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que busca atender las causas de la violencia, no sólo sus consecuencias. La idea es sencilla, si los distintos actores que ya están trabajando en el territorio, desde iglesias hasta centros comunitarios, se coordinan, pueden lograr mucho más que si actúan por separado.
Por eso fue relevante que en la instalación del consejo juarense que se dio en esta semana, estuvieran presentes asociaciones civiles, representantes de iglesias evangélicas (y próximamente también la Iglesia católica), funcionarios municipales y miembros del sector educativo y privado. Que Juárez haya sido elegida como punto de partida para este esfuerzo nacional tiene mucho sentido, pues esta frontera es una de las ciudades más golpeadas por la violencia, pero también una donde hay iniciativas sociales que han demostrado funcionar cuando se articulan con voluntad.
Ahora bien, la instalación de un consejo suena bien, pero no basta con tomarse la foto o decir que se reunirán cada tres meses. El propio alcalde Cruz Pérez Cuéllar lo ha dicho, no se trata de reunirse por cumplir, sino de coordinarse para actuar. La tarea implica dejar de lado agendas individuales, superar desconfianzas y construir un diagnóstico compartido que lleve a un plan de acción concreto y medible.
En la frontera estuvo Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la Segob para dar arranque a la estrategia que estará replicándose en todo el país, en más de 200 municipios.
Por lo pronto, más que hablar de voluntad, lo que se espera de este Consejo es constancia, seguimiento y resultados. Porque las y los juarenses no necesitan más discursos, necesitan vivir tranquilos.
POR OTRO LADO, Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno de Chihuahua, se reunió esta semana con la titular de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez y otros funcionarios federales, así como con los representantes de otros estados en la CDMX para hablar sobre la Agenda Nacional de Derechos Humanos.
La reunión tuvo como sede, las instalaciones de la SEGOB y tocó un tema de fondo, cómo se garantiza, protege y respeta la dignidad de las personas desde los gobiernos estatales.
Según dijo el propio De la Peña, hubo acuerdos para seguir fortaleciendo esta agenda en las regiones. No dio muchos detalles, pero sí destacó que hay coordinación con la federación y con otras entidades del país. Eso importa, sobre todo si se considera que Chihuahua ha enfrentado retos fuertes en temas como desplazamiento forzado, desapariciones, violencia contra mujeres, abusos de autoridad y falta de acceso a la justicia.
Más allá del acto protocolario, lo que realmente se espera de este tipo de encuentros es que sirvan para tomar decisiones. Que la agenda de derechos humanos no se limite a eventos o comunicados, sino que se note en lo cotidiano, en cómo se atiende a una víctima, en qué tan accesible es una defensoría pública, en qué tanto se escucha a las organizaciones que llevan años trabajando estos temas desde lo local.
Ojalá este esfuerzo nacional no se quede solo en buenas intenciones y sirva para que quienes tienen responsabilidades en los estados tomen lo acordado y lo bajen al terreno, ahí donde se requiere sensibilidad, voluntad y resultados. Porque al final del día, los derechos humanos se miden en la vida diaria de las personas.
MÁS DE 700 familias son las que han acudido en los últimos días a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez con la misma pregunta, ¿las cenizas que recibieron realmente pertenecen a sus seres queridos? O peor aún, ¿los cuerpos de sus familiares siguen entre los 383 restos encontrados en el crematorio “Plenitud”?
El caso se ha convertido en una crisis de confianza. El hallazgo de cientos de cuerpos que debieron haber sido cremados, pero que fueron almacenados sin el más mínimo respeto, ha generado una ola de indignación, angustia y, sobre todo, de incertidumbre.
Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una queja de oficio por el hallazgo de estos 383 cuerpos, todo con el objetivo de investigar posibles violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.
Pero más allá del expediente con número y folio, lo que importa ahora es saber quién permitió que un espacio destinado a manejar cuerpos humanos terminara convertido en un sitio de abandono masivo. ¿Quién dejó de hacer lo que debía? ¿Por qué no se detectó nada antes? ¿Hubo denuncias ignoradas?
La CEDH también hizo un llamado para que no se revictimice a las familias. Lo mínimo que se puede esperar. Porque detrás de cada cuerpo hay una historia, una persona, seres queridos que no merecen ser tratados como cifras.
La investigación debe ir hasta el fondo, y no solo para sancionar. También para que no vuelva a repetirse algo así.
Según explicó el fiscal general César Jáuregui, de los 383 cuerpos encontrados, apenas 148 han sido analizados y sólo 27 han sido identificados con probabilidad. Algunos portaban pulseras hospitalarias, lo que ha facilitado parcialmente su reconocimiento.
Lo que toca ahora no es atención digna para las familias y sanciones para quienes hayan fallado, tanto por acción como por omisión.
EL EX SECRETARIO de Hacienda de Chihuahua, Arturo F.V., no logró blindarse ante la justicia. Una jueza federal le negó esta semana el amparo con el que buscaba evadir la orden de aprehensión girada en su contra por peculado agravado, relacionada con el presunto desvío de recursos desde el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago.
La resolución, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, validó que existen elementos suficientes para presumir la participación del exfuncionario en el delito y confirmó el riesgo de fuga, tomando en cuenta su capacidad económica y su historial de residencia en el extranjero. La orden original había sido librada desde abril de 2023.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua destacó que esta decisión respalda la solidez de su investigación, y aseguró que no procederá judicialmente sin pruebas técnicas y legales. Por su parte, el fiscal Abelardo Valenzuela afirmó que el fallo refuerza la confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
