EL ARRANQUE de la campaña "Sí al desarme, sí a la paz" en Ciudad Juárez resalta un esfuerzo conjunto de diversos niveles de gobierno para abordar una de las problemáticas más profundas de la frontera, la violencia.

Este programa, busca retirar las armas de los hogares de manera voluntaria y anónima a cambio de una retribución económica. La iniciativa que inició ayer, se extenderá hasta el 10 de marzo en un módulo instalado en la Plaza de Armas, y tiene como propósito no solo disminuir la circulación de armas en la ciudad, sino también sensibilizar a la población sobre las implicaciones que conlleva la violencia armada en la vida cotidiana.

El evento fue encabezado por el Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien expresó su agradecimiento al Gobierno Federal por su apoyo continuo en la lucha contra la violencia. Incluso se esperaba la presencia de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, luego de que durante la mañana del jueves publicara una invitación abierta en sus redes sociales para que la gente se acercara al módulo instalado en esta frontera.

Si bien el evento no contó con la presencia de la titular de la SEGOB, si asistieron otras autoridades federales, como la subsecretaria Rocío Bárcena Molina, quien destacó que la campaña forma parte de una estrategia integral para atacar las causas subyacentes de la violencia y promover una cultura de paz en las comunidades más vulnerables.

El desarme voluntario ha mostrado ser una herramienta valiosa en otros contextos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se estima que más del 90% de los lesionados por armas de fuego en los hogares son familiares de los propios poseedores de las armas.

La campaña inició en la Basílica de Guadalupe el 10 de enero y desde esa fecha hasta el 23 de febrero se realizaron cinco jornadas para recibir armas de fuego, acciones que se extendieron a Guerrero, Guanajuato y ahora en Ciudad Juárez.

Esta acción se complementa con otras iniciativas del gobierno federal, como las Jornadas por la Paz, que se llevan a cabo en distintas colonias, y los programas sociales dirigidos a las poblaciones más afectadas por la violencia.

Si bien el programa es de gran ayuda para tratar reducir la violencia, no hay que olvidar que la construcción de una ciudad más segura requiere también de una inversión constante en educación, infraestructura, programas de bienestar social y una presencia efectiva de las fuerzas de seguridad.


LA MIGRACIÓN en Ciudad Juárez ha mostrado una notable disminución, con una reducción del flujo de personas que intentan ingresar a Estados Unidos de hasta un 95%, según lo informado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya.

Este descenso es atribuible a las acciones implementadas por el gobierno federal para controlar el flujo migratorio en el sur del país, lo que ha tenido un impacto directo en la frontera juarense. Sin embargo, Loya considera que, aunque estas medidas han sido eficaces, es necesario plantear una reforma que garantice que los avances sean permanentes y sostenibles a largo plazo.

El control de la migración, un tema que ha generado debates en diversos niveles de gobierno, es visto por algunos como un logro en comparación con las administraciones previas.

A pesar de los avances, la situación de los migrantes que ya han cruzado la frontera y son deportados desde Estados Unidos sigue siendo una cuestión delicada. En este contexto, el gobierno estatal y municipal, junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), han trabajado en la creación de centros de atención como el ubicado en El Punto, donde los mexicanos deportados reciben diversos servicios. En este centro, estas personas son dadas de alta en el sistema de atención y se les proveen recursos básicos, como dos mil pesos en apoyo a sus gastos personales, además de orientación sobre empleo y servicios médicos.

Lo que también es una realidad es que desde que se levantó este centro de atención en El Punto hace ya algunas semanas, no ha registrado el flujo de personas que se esperaba. Tan solo ayer, alrededor de 20 personas fueron recibidas en el campamento que forma parte de la estrategia “México te Abraza”.

En un acto simbólico de bienvenida, las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron presentes en este campamento para darles la bienvenida a los deportados, mostrándose comprometidas con el bienestar de los connacionales.

Y aun cuando se están realizando esfuerzos por garantizar una atención digna a los deportados, algunos de los connacionales que pasan por este proceso han expresado su descontento, especialmente en lo que respecta al trato recibido por las autoridades migratorias. Muchos de ellos, después de vivir por décadas en Estados Unidos, enfrentan la dolorosa realidad de perder todo lo que habían construido, desde hogares hasta familias. Este sentimiento de desarraigo es común entre los deportados, quienes a menudo sienten que el retorno a México es una forma de despojo más que de reintegración.

La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, como lo subrayó la delegada regional de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, es esencial para garantizar que los deportados tengan acceso a servicios médicos y empleo, elementos que son importantes para su reintegración.


LLEGARON los cambios a la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (Canadevi) capítulo Chihuahua, que ha renovado su mesa directiva, marcando una nueva etapa , continuando también con el impulso al desarrollo del sector habitacional, que representa cerca del 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del estado.

Bajo la presidencia de Enrique Hinojos Aguayo, quien asumirá el cargo por los próximos dos años, el organismo se ha comprometido a mantener su rol como un motor clave para la economía local, mientras trabaja en la construcción de proyectos habitacionales y colabora estrechamente con las autoridades para enfrentar los retos actuales.

Uno de los principales desafíos que enfrentan los desarrolladores de vivienda en la región es la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por Estados Unidos, sin embargo, Hinojos ha descartado temores excesivos sobre este tema. Asegura que, a pesar de las tensiones comerciales, el sector sigue avanzado con los proyectos aprobados en los últimos dos años, y que estarán atentos a las reformas al Infonavit para determinar cómo estas podrían afectar la viabilidad de futuros desarrollos.

Asimismo, la cámara, a través de su representación en el Consejo Consultivo Regional y Nacional, ha indicado que mantiene una comunicación constante con las autoridades federales y estatales para contribuir a las decisiones que impactan al sector.

La nueva mesa directiva quedó conformada por Hinojos Aguayo, como presidente; Carlos Martínez Ortega, como secretario; Juan Carlos Bautista Sanz como tesorero; Rafael Iván Huerta Sánchez en comisiones especiales; José Luis Rodríguez Hernández en desarrollo urbano; Luis Alfonso Anchondo Cuilty representante ante la JMAS; y Jorge Andrés de la Rosa Ríos representante ante Infonavit.


EN JUAREZ, ha quedado instalada de manera oficial la Asamblea Distrital Bravos, dando así, inicio a la organización del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado, que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.

Esta Asamblea será responsable de la supervisión y organización de las elecciones en los municipios de Juárez, Ahumada, Guadalupe y Práxedis.

En la primera sesión, la presidenta Olga Hernández y otros miembros del Instituto Estatal Electoral (IEE) discutieron los puntos clave para la organización del proceso electoral. Entre las decisiones tomadas, se detalló la asignación de un local provisional para las actividades administrativas, ubicado cerca de la colonia Revolución Mexicana, que será utilizado para las labores de la autoridad electoral durante el proceso.

También se informó que la convocatoria para seleccionar a los capacitadores y supervisores electorales será emitida el 24 de marzo, con el objetivo de reclutar al menos 400 personas para desempeñar estas funciones. Además, la Asamblea trabajará en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza las elecciones para los jueces federales.

A medida que avance la preparación del evento, será importante que las autoridades del IEE mantengan la comunicación y la colaboración con la ciudadanía y las instituciones involucradas, para que el proceso electoral sea exitoso y se garantice la transparencia y legalidad.

La asamblea quedó constituida con Hernández como presidenta; Jorge Antonio Breceda Pérez, Reyna Daniel Zúñiga Vásquez, Melva Yamina Chávez Rodríguez, Liliana Licón Aragonés, Selene Landa Bustos, así como Yadira Guadalupe Ávila Anguiano, como consejeros.

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