EL ALCALDE de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar ya puso a su equipo a trabajar en lo que será su primer informe de esta segunda vuelta como presidente municipal. La fecha tentativa es el 7 de septiembre, aunque todavía depende de la agenda de la gobernadora para que se confirme.
Por ley, el informe debe hacerse entre el 2 y el 9 de septiembre, así que no hay mucho margen. El propio alcalde dijo que sus colaboradores van muy adelantados con la preparación, pero él prefiere esperar a que la fecha esté más cerca.
Y aunque todavía no hay detalles sobre el horario ni el lugar, se baraja nuevamente la Plaza de la Mexicanidad para el evento, como ya se ha hecho antes.
Más allá de cuándo y dónde lo diga, lo importante será qué dice. Porque después de haber sido reelegido, el informe no solo es un trámite, es la oportunidad de explicar cómo se va avanzando con los compromisos, y, sobre todo, de mostrarle a la gente en qué se están usando los recursos, qué se ha logrado y qué sigue pendiente.
TOCÓ EL TURNO ayer a las nuevas juezas y jueces del Distrito Judicial Morelos de recibir sus constancias tras el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de Chihuahua 2024-2025.
La ceremonia se realizó ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se formalizó el reconocimiento a quienes la ciudadanía eligió para encargarse de impartir justicia en diferentes materias.
Fueron en total 102 cargos, repartidos en Civil, Familiar, Laboral, Menores y Penal, respetando la paridad de género para garantizar igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las constancias fueron firmadas por Yanko Durán Prieto, presidenta del Instituto Estatal Electoral, y entregadas por Olga Lucía Navarro Wagner, consejera del consejo distrital.
En el Juzgado Civil están Marisol Campos Ruiz, Óscar Iván García Ceballos, María Guadalupe Fierro Serna, Carlos Alejandro Olivas Buhaya, Cristy Gricel Jurado Ortiz, Ricardo Manjarrez Padilla, Aída Rosario Calderón Colomo, José Luis Adame Cota, Gabriela Edith Aguirre Esquivel, Carlos Felipe Holguín Barrera, Eunice Méndez Tarango, Robin Alfonso Meléndez Pérez, Angélica María Vega Anchondo y Mauricio Eduardo Ávila Villalobos.
En el Familiar, los nuevos jueces y juezas son Hebe Mónica Morales Reyes, Rafael Alexis Acosta Flores, Graciela Guerrero Quiñones, Jorge Arturo Rivas Escárcega, Rocío Alonso Rocha, Jorge Alberto Aragón Gutiérrez, Lariza López Estrada, Damián Lemus Navarrete, Claudia Alejandrina Barraza Ramos, José Manuel Escobedo Ceballos, Gabriela Alvídrez Wisbrun, Ever Antonio Villalobos García, Yadira Loya García, Omar Elías Assad Acevedo y Gloria Farfán Terrazas.
Para Laboral fueron elegidos Lucía Lizeth Valdez Rascón, Omar Villagómez Macías, Mayra Georgina Amezcua Chávez, Julio Humberto Acosta Samaniego, Perla Consuelo Amparán Carranco, Daniel Olivas Mariñelarena, Paulina Domínguez Aguilar, Raúl Alan Anchondo Rodríguez, Saide López Hernández, Sergio Humberto Enríquez Olivas, Carolina Herrera Rodríguez, Daniel Ponce de León Domínguez, Martha Alicia Contreras García, Eidy Fernando Peña Antillón, Laura Viviana Acosta Contreras y Daniel Alberto Manjarrez Gómez.
En los juzgados de Menores estarán Salvador Alonso Montes Muñoz y David Morales Escárcega.
Finalmente, en el Juzgado Penal asumieron 55 personas, entre ellas Sylvia Padilla Chávez, Miguel Alejandro Balderrama Aguilar, María Cristina del Rosario Berjes Cardoso, Javier Gustavo Acosta Ortiz, Rocío Durán Caro, Juan Carlos Erives Fuentes, Mirna Consuelo Martínez Castillo, César Miguel Rodríguez Martínez, Ximena Acosta Mendoza, César Humberto Sosa Pompa, Griselda Edith Aguilera Vega, Luis Alberto Simental Ortega, Lizbeth Alondra Chávez Jurado, Juan Carlos Zamora Vázquez, Luisa Silvana Betancourt Molina, Noel Orlando Jiménez Holguín, Diana Guadalupe Mora Morales, Mario Ángel González Holguín, Karla Liliana Carrasco Sánchez, Omar Felipe García Cano, Laura Velia Mendoza Luján, Alfredo Bermúdez Jiménez, Lucero Anaid Moreno Navarrete, Juan Pablo Campos López, Karla Yazmín Cerrillo Flotte, Diego Alberto Valdés Vega, Grisell Corrales López, Luis Carlos Reyes Romero, Saida Deborah Arellano Valencia, Luis Alejandro Carrillo Zuñiga, Alejandra María Ayala Langarica, Irving Alejandro Burciaga Villa, Bertha Lucero Garfio Guzmán, Eduardo Antonio Villalobos Vázquez, Claudia Lizbeth Miramontes Ruiz, Sergio Chaparro Varela, Abril Melissa Alatorre Guerrero, José Carlos González Reyes, Bertha Palmira González González, Ernesto Alonso Armendáriz Ituarte, Sandra Zulema Palma Sáenz, José Francisco Navarro Pastrana, Beatriz Adriana Hernández, José Luis Razo Esquivel, Valeria Armida Chávez Arzola, Alfonso Contreras Valenzuela, Gloria Yenissei Loera González, Roberto Mariano Valenzuela Pacheco, Alejandra Ramos Rodríguez, Julio Alberto Corrales de la Fuente, Christian Denisse Durón Flores, Adalberto Contreras Payán, Renata Rebeca Gutiérrez Aguirre, Alejandro Díaz Becerra y Alicia de la Rosa Almanza.
Al final, estos nombres representan a quienes estarán al frente de la justicia en la ciudad de Chihuahua, con la responsabilidad de atender casos que impactan la vida diaria de muchas personas. Ahora la tarea es que cumplan con ese compromiso, mostrando cercanía, imparcialidad y respeto hacia quienes acudirán a ellos en busca de respuestas.
TRAS RECIBIR sus respectivas constancias, la gobernadora Maru Campos deseó suerte a los nuevos jueces del Poder Judicial Local. Les pidió que se mantengan cercanos a la ciudadanía, porque ese contacto directo es justo lo que motivó la reforma judicial.
Estos jueces tendrán la responsabilidad de atender casos que afectan a personas en situaciones vulnerables, como mujeres solas o niños que necesitan pensión alimentaria.
La gobernadora manifestó sus buenos deseos y destacó que la labor de los jueces y juezas no se limita a la aplicación de la ley de manera mecánica, sino que implica atender situaciones reales y complejas.
Enfatizó el papel que juegan en casos que afectan directamente a las personas más vulnerables. Además, mencionó que durante el proceso de campaña, los magistrados electos le hicieron ver que la realidad cambia conforme avanza la elección, lo que refleja la dinámica social que estos funcionarios deberán atender día con día.
Este reconocimiento a las demandas sociales coloca el foco en un Poder Judicial que debe ser sensible y accesible, que entienda el contexto de quienes acuden a él y responda con prontitud y justicia.
Maru invitó a quienes asumirán estas responsabilidades a que su trabajo sea cercano a la gente, porque sólo así podrá cumplir con el propósito de la reforma, que la justicia deje de ser un trámite lejano y se convierta en un servicio real y efectivo para todos.
LAS DEMOLICIONES en el rancho El Saucito se hicieron con apego a la ley, según ha declarado la Comisión Nacional del Agua (Conagua). No hubo improvisación ni abuso de autoridad. Las presas y aprovechamientos de agua en ese predio, propiedad del exgobernador César Duarte, eran ilegales, y así lo confirmaron dos instancias judiciales.
El Gobierno de México ha fijado como una de sus prioridades garantizar el derecho humano al agua de todas las personas, por lo que se han adoptado diversas medidas para lograr una distribución más justa y equitativa del recurso hídrico en beneficio de la población.
Conagua ha dicho que las acciones de El Saucito se realizaron con estricto apego a la ley. Según la dependencia, no se trató de una acción arbitraria ni aislada, sino de una medida respaldada por resoluciones judiciales firmes que confirmaron el uso ilegal de aguas nacionales en ese predio.
El caso fue revisado primero por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y después por un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación. Ambas resolvieron que las obras en dicho rancho se construyeron sin los permisos necesarios en zonas federales, hablamos de vasos, cauces y canales, donde se requiere concesión para cualquier tipo de aprovechamiento. Los jueces también rechazaron suspender la demolición, lo que dio vía libre a la intervención de Conagua.
La narrativa del exgobernador, quien reapareció esta semana para defender la legalidad de las represas en su rancho, no aporta elementos nuevos. Argumentos como la antigüedad de las obras, un supuesto permiso otorgado a un familiar o el carácter “libre” de uno de los pozos ya habían sido presentados y desestimados en los juicios. El fondo del asunto no es la edad de las construcciones, sino la ilegalidad de su ubicación y funcionamiento. Conagua reiteró que actuó con base en el marco legal y con el respaldo de la justicia.
