LA GOBERNADORA de Chihuahua, Maru Campos reiteró que su ausencia en el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, obedeció a un problema logístico.
Aunque no hubo encuentro directo, agradeció el interés federal hacia la Sierra Tarahumara y subrayó que la presidenta está al tanto del respaldo que tiene por parte del Gobierno del Estado.
El evento del sábado significó la entrega de más de 800 hectáreas a comunidades originarias, una acción relevante en el marco del Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara. La presidenta acudió acompañada de funcionarios federales y, como ocurrió en diciembre pasado en Mogótavo, Urique, reafirmó el compromiso de su administración con los pueblos indígenas.
La colaboración entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación se mantiene activa y constante, principalmente en materia de seguridad, salud, educación, derechos de las mujeres y desarrollo económico.
Sin importar agendas o diferencias de calendario, el diálogo entre ambos gobiernos persiste. La atención a la Sierra Tarahumara no es patrimonio de un solo nivel de gobierno, sino una tarea compartida que merece continuidad y voluntad.
LA CONSTRUCCIÓN del Gasoducto Sierra Madre, anunciada como una de las mayores inversiones privadas en infraestructura energética del país, ha despertado preocupación en organizaciones civiles que exigen claridad sobre sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.
La organización ESE-ERRE A.C. solicitó una audiencia pública para conocer el contenido del convenio firmado entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y la empresa Mexico Pacific, promotora del proyecto.
La obra forma parte del corredor energético Sahuaro Gas, que conectará la Cuenca Pérmica de Texas con terminales en el Golfo de California, desde donde se exportará gas natural hacia Asia. En su trayecto, se prevé que atraviese los municipios de Ahumada, Buenaventura, Galeana, Guadalupe, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.
A pesar del potencial económico, asociaciones ambientales advierten que el proyecto podría alterar ecosistemas sensibles, afectar la migración de ballenas y poner en riesgo medios de subsistencia como la pesca.
La organización civil busca conocer los estudios de impacto ambiental y social, las medidas de mitigación previstas, si hubo consulta con las comunidades afectadas y cuáles serán los mecanismos para exigir cuentas a la empresa. También ha solicitado detalles sobre los compromisos fiscales, jurídicos y económicos asumidos por el Estado.
Durante la firma del convenio, en noviembre del 2023, se destacó la posición geográfica de Chihuahua y su potencial en energías solar y eólica, además de la infraestructura ya existente de gasoductos, por lo que se espera que la alianza ayude a fortalecer la vocación energética de la entidad y atraer nuevas inversiones.
La obra, contempla una inversión de 15 mil millones de dólares, y la empresa ha asegurado que el trazo del gasoducto evita zonas ambientalmente sensibles y comunidades indígenas.
EL PROYECTO del nuevo relleno sanitario para la ciudad de Chihuahua continúa atorado en los tribunales. Esta semana, la jueza Flor Berenice Gómez volvió a postergar la audiencia constitucional que podría destrabar el litigio, argumentando la necesidad de contar con un tercer perito en discordia.
El problema es que dicha solicitud se hizo el mismo día de la audiencia, y el especialista no estaba disponible, por lo que ahora, el juicio, ya de por sí prolongado, se retrasará al menos hasta mediados de junio.
La construcción del relleno sanitario en Mápula, una comunidad ubicada al sur del municipio, fue propuesto por el Ayuntamiento de Chihuahua como una solución al actual sistema de manejo de residuos, que ya muestra signos de saturación. Sin embargo, desde que fue anunciado, el proyecto ha enfrentado resistencia legal por parte de vecinos y organizaciones, quienes alegan posibles afectaciones ambientales, falta de consulta adecuada y riesgos para la salud.
El conflicto ha derivado en un juicio que lleva más de dos años sin llegar a una resolución definitiva. La administración municipal, encabezada por el alcalde Marco Antonio Bonilla, ha defendido la necesidad de avanzar con el proyecto, señalando que se han cumplido todos los requisitos técnicos y legales. Para el presidente municipal, el nuevo aplazamiento es una muestra más del desgaste que enfrenta el proceso judicial. Incluso declaró que la jueza “ya tiene prisa por jubilarse y no dar su veredicto”.
Mientras tanto, el municipio sigue sin contar con una infraestructura adecuada para el manejo de sus residuos a largo plazo. El actual relleno sanitario está cerca de agotar su vida útil, y sin una alternativa operativa, se incrementa el riesgo de saturación y afectaciones al medio ambiente.
La falta de resolución no resuelve el problema, solo lo sigue aplazando. Y con cada nueva fecha diferida, crece la desconfianza ciudadana y la presión sobre las autoridades para encontrar una salida que, al menos, avance.
EVITAR otra tragedia como la del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez es una de las prioridades del nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes. Al menos así lo ha asegurado en medios nacionales tras asumir su cargo a inicios de mayo.
Incluso, el nuevo delegado se ha comprometido a transformar el enfoque de las estancias migratorias y garantizar el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, Céspedes aún no ha visitado ni siquiera el sitio donde 40 personas perdieron la vida por omisiones institucionales.
Su ausencia en Juárez lanza la siguiente interrogante, ¿Cómo transformar lo que no se conoce de primera mano? ¿Cómo garantizar la no repetición si no se acude al lugar donde ocurrió la tragedia? Céspedes ha hablado de eliminar la visión carcelaria en las estaciones migratorias, de reforzar la capacitación del personal y de usar parte del presupuesto para mejorar las condiciones de estos espacios.
Céspedes ha dicho que actualmente ya no existen puertas con candados como las que provocaron la tragedia en Juárez, que hay cámaras de vigilancia y que las condiciones mínimas ya se cumplen. Aun así, admitió que todavía hay aspectos por mejorar.
Lo que no ha hecho el comisionado es acudir personalmente a la frontera donde se documentaron las omisiones institucionales más graves de los últimos años. El incendio en Ciudad Juárez no fue un accidente, fue el resultado de una cadena de negligencias y decisiones burocráticas que terminaron por cerrar las puertas ante personas en peligro. Las responsabilidades aún están en disputa legal, las disculpas públicas siguen sin darse completamente, y las heridas siguen abiertas para las familias y la comunidad.
Dos años después, Juárez sigue esperando algo más. El nuevo titular del INM no puede hablar de transformación sin mirar de frente el sitio donde ese cambio es más urgente. La memoria institucional se construye con acciones y presencia, no solo con diagnósticos técnicos desde la Ciudad de México.
Mientras la frontera siga siendo tratada como un punto distante en el mapa y no como el epicentro de una deuda pendiente, cualquier discurso sobre derechos humanos será, en el mejor de los casos, incompleto.
