CHIHUAHUA subió del noveno al octavo lugar en el Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un avance que responde a mejores condiciones para atraer inversión, retener talento y generar oportunidades económicas sostenidas.

Este crecimiento, replicado por la Plataforma de Inteligencia y Competitividad del Sector Privado (PICsp), responde a una evaluación técnica que considera variables como infraestructura, innovación, estado de derecho y mercado laboral. A diferencia de los liderazgos habituales, con Ciudad de México, Baja California Sur y Nuevo León a la cabeza, el ascenso de Chihuahua, aunque modesto, apunta a una dinámica favorable que debe ser leída con atención.

La competitividad está directamente relacionada con la capacidad de una entidad para ofrecer condiciones que impulsen el crecimiento y eleven el nivel de vida de su población. Que Chihuahua avance en este índice implica que se están haciendo ajustes en áreas clave que pueden traducirse en beneficios si se mantiene la tendencia.

Ahora el reto es sostener el ritmo y corregir las brechas aún visibles en sectores críticos. Subir un peldaño en el ranking no significa que los problemas estén resueltos, sino que existe una base sobre la cual se puede construir algo más sólido.

Los indicadores ofrecen una señal, pero el trabajo que sigue es garantizar que ese progreso se traduzca en mejores empleos, mayor seguridad jurídica y una economía más dinámica e inclusiva.


EL PROCESO Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua sigue su curso, y esta semana deberían quedar prácticamente terminados los cómputos.

Con más del 99.97% de los paquetes electorales recibidos, el cómputo de las actas para juzgados de distrito está prácticamente concluido con un avance ya superior al 95.23%, mientras que el de magistraturas de circuito alcanzó hasta ayer un progreso mayor al 99.93%.

Por primera vez, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) será definida por votación ciudadana. El diseño de este nuevo modelo contempla cuatro presidencias rotativas en los próximos ocho años, turnadas por sexo y asignadas en función de la votación obtenida. Cada presidencia durará dos años. Si se mantienen las tendencias actuales.

Hasta ahora, la candidata más votada es Marcela Herrera Sandoval, de la materia Familiar, con más de 10 mil 950 votos, proyectándose como la próxima titular del TSJ. El segundo periodo correspondería al hombre más votado, que hasta ayer era Yamil Ahtié Gómez, de materia Civil, con poco más de 98 mil 829 votos. La tercera presidencia podría recaer en Claudia Cristina Campos Núñez, de materia Penal y el último periodo lo asumiría Gerardo Javier Acosta Barrera, también en materia Penal, a falta de la oficialización de los resultados por parte del IEE.

El secretario general de Gobierno, Santiago De La Peña comentó que Herrera Sandoval era una candidata apta para ejercer el puesto de magistrada presidenta en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua con base en su trayectoria. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía y a los aspirantes esperar a que concluya de manera formal la captura.

Aunque se han reportado incidentes menores, como boletas sin doblez, reapertura de paquetes con documentación de otros distritos, y fallas técnicas en servidores, ninguno de estos hechos ha comprometido la integridad del proceso, según han detallado las autoridades electorales. La sesión permanente del Consejo Estatal del IEE continuará hasta que se dé por concluido el cómputo oficial.


LAS TENSIONES entre la Canaco Juárez y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) continúan, luego de que este último iniciara un proceso de expulsión contra el organismo en la frontera.

Lo anterior, luego de que el presidente de la Canaco Juárez, Iván Pérez Ruiz, reclamara públicamente la exclusión de esta cámara fronteriza del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este consejo está conformado por representantes de distintos sectores, incluidos dos lugares para el sector empresarial. Sin embargo, ninguno fue asignado a Ciudad Juárez. Al final, la Concanaco decidió asignar las dos consejerías estatales a representantes de la capital del estado, Humberto Ortega y Alejandro Lazzarotto.

Pérez Ruiz ha calificado la decisión como un acto que ignora la relevancia económica y social de esta frontera. Recordando que la cámara en la frontera representa cerca de 449 mil trabajadores, lo que equivale a una población de casi un millón de personas incluyendo sus familias. De esa cifra, alrededor de 200 mil pertenecen al sector servicios, uno de los pilares económicos de la ciudad. Incluso hace apenas unos días, desde la Canaco Juárez se extendió una invitación al presidente de Concanaco a recorrer esta ciudad, en el sentido de que conozca de primera mano la importancia que tiene.

Sin embargo, tras la solicitud de la Canaco Juárez para revisar las asignaciones, la dirigencia nacional tal pareciera responder con una represalia, iniciando el proceso de expulsión no solo contra la cámara juarense, sino también contra otras cámaras que respaldaron la inconformidad, entre ellas las de Camargo, Delicias, Parral, Torreón, Tijuana, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

Se ha reiterado que el reclamo no es contra la institución, sino contra la manera “autoritaria” en que se está conduciendo la presidencia nacional. La petición era simple, ser escuchados y considerados.

La cámara fronteriza anunció que encabezará una defensa legal conjunta con las organizaciones afectadas. Juárez tiene razones para reclamar un lugar en espacios donde se toman decisiones que impactan directamente en su sector productivo. Excluirla si es un retroceso para el diálogo empresarial y para la pluralidad de voces dentro de los organismos nacionales.


EN LA CDMX, la Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a una Reunión Plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos para abordar el tema de los Puentes y Cruces Internacionales.

El evento reunió a autoridades, representantes del sector empresarial y legisladores para abordar el estado actual de la infraestructura fronteriza.

El espacio de diálogo permitió revisar las condiciones de los cruces internacionales y su papel en la economía de ambos países, especialmente en regiones como Ciudad Juárez y El Paso, donde el tránsito diario de mercancías y personas es parte esencial de la vida cotidiana.

Ahí en la reunión estuvieron el senador, Juan Carlos Loera; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; Marcelo Vázquez, de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana; Gerardo Fierro de la Autoridad Fronteriza de Nuevo México, entre otros.

Uno de los temas más delicados discutidos fue la decisión del gobierno de Estados Unidos de cerrar de manera definitiva las operaciones de carga en el Puente Córdova-Américas, uno de los cruces más estratégicos para el comercio entre Chihuahua y Texas. Este puente ha sido, por décadas, una vía clave para las exportaciones, por lo que su cierre representa un golpe directo a la competitividad de la región y a miles de empleos que dependen del flujo comercial.

El senador Loera De la Rosa dijo que como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte expresó la preocupación por esta medida unilateral que a su punto de vista, pone en riesgo el equilibrio logístico de la frontera. Esta decisión no solo afecta a Juárez, sino a toda la cadena de valor que conecta a empresas mexicanas con el mercado estadounidense.

Los cruces fronterizos no son simples instalaciones de revisión. Son nodos logísticos que sostienen el desarrollo regional, generan empleos y fortalecen la cooperación bilateral. Por eso, mantenerlos en condiciones óptimas, invertir en su modernización y garantizar su operación continua debe ser una prioridad conjunta.

Las reuniones continúan este miércoles, habrá que estar pendientes de los acuerdos a los que se pueden llegar.

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