EL ANUNCIO sobre el avance del 60% en la remodelación del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI) No. 2 aquí en Juárez vaya que representa un paso importante hacia la solución de un problema estructural en el sistema penitenciario: la sobrepoblación.
Sin embargo, mientras el gobierno estatal invierte en infraestructura para redistribuir a las internas del CERESO Femenil 2 y aliviar su sobrecarga, es necesario reflexionar sobre los desafíos más profundos que enfrentan los centros de reinserción social en el estado y en el país.
Con una inversión inicial de 10 millones de pesos, que podría ascender a 16 millones, el proyecto incluye la instalación de nueva tecnología para seguridad y vigilancia, una medida importante para garantizar la operatividad del centro.
La reubicación de mujeres internas del CERESO Femenil 2 al CERSAI No. 2 permitirá reducir la sobrepoblación del 13.8%, lo que sin duda mejorará sus condiciones. Además, las instalaciones liberadas en el femenil se utilizarán para disminuir la saturación del CERESO Varonil 3, una estrategia que podría generar cierto alivio en el sistema.
El subsecretario del Sistema Penitenciario y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, Ricardo Fernández Acosta explicó que el CERSAI No. 2, cuenta con una capacidad para 560 personas, y actualmente alberga a 76 internos. Esto ha permitido destinar áreas sin uso para dividir espacios entre jóvenes y mujeres, asegurando que no exista contacto entre ambos grupos.
Es imprescindible recordar que los centros de reinserción social no deberían ser únicamente depósitos de personas, sino espacios donde se priorice la rehabilitación, la educación, la salud mental y la capacitación para la vida laboral. Solo así se puede aspirar a reducir los niveles de reincidencia y a construir una sociedad más justa y segura.
El gobierno estatal debe asegurar que esta remodelación sea solo el inicio de una estrategia más amplia y ambiciosa. Es necesario redoblar esfuerzos en la implementación de programas integrales de reinserción social, fortalecer la capacitación del personal y garantizar que las condiciones de vida dentro de estos centros respeten los derechos humanos.
El traslado de internas, programado para diciembre o enero, debe ir acompañado de un monitoreo continuo para evaluar si las nuevas instalaciones realmente cumplen con los objetivos planteados.
LA DESAPARICIÓN de organismos autónomos como el INAI, ha traído consigo una serie de preocupaciones a nivel local. El comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (ICHITAIP), Sergio Facio explicó que están a la espera de las leyes secundarias, las cuales establecerían un plazo adicional de 90 días para la operación del instituto chihuahuense.
Si bien, la operación del Ichitaip podría extenderse hasta el primer semestre de 2025, esta prórroga no elimina la incertidumbre sobre el futuro de dicho organismo, he de ahí las preocupaciones.
El comisionado Facio señaló que se va a disponer de los recursos legales necesarios, como amparos y controversias constitucionales, para impedir la desaparición del instituto.
La incertidumbre porque se prevé que la desaparición no solo limitaría el acceso a la información, sino que enviaría un mensaje de regresión en la lucha contra la corrupción y la opacidad.
Los argumentos a favor de extinguir organismos autónomos suelen girar en torno a ahorros presupuestarios. Sin embargo, sin transparencia, los ciudadanos pierden herramientas para fiscalizar a sus gobernantes, y se abre la puerta a un mayor abuso de poder y corrupción.
Las declaraciones de Facio se dieron precisamente en el marco de la Jornada de Transparencia 2024 que se realizó en la ciudad de Chihuahua, en donde precisamente se analizó esta reforma recién aprobada por el Congreso de la Unión y los impactos que podría traer para Chihuahua.
Ahí en el foro también tuvo participación el diputado Jorge Soto, quien también externó su preocupación por lo que consideró un “debilitamiento de la democracia en México”.
Soto Prieto, insistió en que la transparencia no es un lujo, sino un pilar indispensable para la democracia.
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS dejó verse la juarense y ex legisladora federal Susana Prieto, ¿el motivo?, revivir el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
Prieto, acompañada por María Luisa Luévano y Cristina Cabrera Flores fueron recibidas por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal para discutir el tema y ver la posibilidad de extraer dicha iniciativa de la congeladora.
La reunión se dio tras mantener un campamento en apoyo al dictamen de reducción de la jornada laboral. Incluso, María Luisa Luévano se encontraba en huelga de hambre en el exterior de la Cámara de Diputados demandando que el Poder Legislativo aprobará la jornada laboral de 40 horas semanales.
La lucha por la reducción de la jornada laboral pone sobre la mesa, la necesidad de modernizar las condiciones laborales en México, un país que históricamente ha tenido una de las jornadas laborales más largas del mundo.
Lo que es una realidad es que a pesar de que la medida beneficiaría a miles de mexicanos, la discusión y votación de la iniciativa se siga postergando.
La resistencia al cambio por parte de algunos sectores empresariales suele justificarse con el argumento de que reducir la jornada laboral afectará la productividad y la competitividad. Sin embargo, diversos estudios internacionales han demostrado lo contrario: jornadas más cortas no solo mejoran la salud física y mental de los trabajadores, sino que también aumentan su rendimiento, reducen el ausentismo y favorecen un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional. Además, la reforma podría estimular la creación de empleos, ya que las empresas podrían necesitar contratar más personal para cubrir las horas que los actuales empleados dejarían de trabajar.
El llamado de Monreal Ávila a establecer un diálogo entre trabajadores, empresarios, legisladores y el gobierno es un paso, sin embargo, este diálogo debe estar guiado por un principio claro, los derechos de los trabajadores no son negociables. Si bien es necesario escuchar las inquietudes del sector empresarial, la prioridad debería ser mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.
UN EQUILIBRIO entre crecimiento económico y desarrollo social es lo que se destacó del Paquete Económico 2025 que fue entregado ante el Congreso del Estado para su análisis y aprobación.
El documento fue entregado por el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, con un gasto proyectado de 107 mil 570 millones de pesos, con lo que la administración estatal busca mantener un presupuesto balanceado y sin déficit. Sin embargo, la pregunta clave es si esta propuesta responde a las necesidades estructurales de Chihuahua o si se quedará corta frente a los desafíos de una entidad compleja y diversa.
Entre los puntos más destacados, el presupuesto 2025 contempla un crecimiento del 3.5% real respecto al año anterior, sin incrementar ni crear impuestos que afecten directamente a las familias. Esto es un alivio para los ciudadanos, pero plantea dudas sobre cómo se garantizará la sostenibilidad financiera de nuevos proyectos, especialmente considerando la falta de recursos federales para rubros como infraestructura.
El Fondo Estatal de Infraestructura, equivalente al 1% de las nóminas estatales, es una de las propuestas más llamativas. Granillo Vázquez asegura que este fondo permitirá detonar la economía local y realizar obra pública clave para el estado, un objetivo loable en un contexto donde la infraestructura ha sido una demanda constante.
Otro punto clave es el destino de más de mil 400 millones de pesos para Desarrollo Rural, de los cuales, mil millones se enfocarán en atender los efectos de la sequía.
Por otro lado, el hecho de que el 48% del presupuesto esté destinado a salud, educación y protección social, equivalente a 51 mil 893 millones de pesos, es un acierto que prioriza los derechos básicos de la población. Sin embargo, es necesario que este gasto se traduzca en resultados palpables, especialmente en un estado donde las brechas de acceso a servicios básicos siguen siendo considerables.
Es necesario reflexionar sobre los retos de implementar un presupuesto balanceado en un contexto de alta dependencia de aportaciones estatales y con recursos federales limitados. Si bien el gobierno estatal ha logrado mantener el orden en sus finanzas, como lo ha enfatizado la gobernadora Maru Campos, la sostenibilidad a largo plazo dependerá de su capacidad para diversificar sus fuentes de ingresos, mejorar la recaudación y optimizar el uso de los recursos disponibles.
El Paquete Económico 2025 es una propuesta que equilibra desarrollo social, inversión en infraestructura y prudencia fiscal. Pero, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno estatal para enfrentar los desafíos de su implementación y garantizar que los recursos lleguen donde más se necesitan.
