LA creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue otro de los grandes cambios que trajo la 4T. Fue, además, una forma de borrar la institución que la precedió: el Seguro Popular. Los cambios han causado incertidumbre en la población. Las autoridades han entablado diálogo entre sí para lograr un acuerdo y que el Insabi opere sin contratiempos. Los resultados han variado.
La semana pasada, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la creación del ente que tendrá una cobertura amplia, también para aquellos que no están afiliados al IMSS o al ISSSTE. Agregó que Jesús Antonio Ferrer es un buen elemento al frente del Instituto y adelantó que analizarían si se adherían o no.
La respuesta llegó ayer con el anuncio de que Chihuahua firmaría el acuerdo como No Adherido, es decir, que la Federación transferirá los recursos y el Gobierno del Estado hará una aportación para cumplir con el servicio, además, estará sujeto a las evaluaciones y observaciones del Insabi.
Dicen que la decisión se tomó después de que los gobernadores panistas se reunieron en la CDMX para definir un plan que contrarreste el caos y deficiencias propias del instituto, eso sí, con garantía de que los servicios de salud serán gratuitos. El gobernador de Chihuahua aseguró que esta decisión fue para evitar riesgos.
Fernando Mesta, secretario general de Gobierno, detalló que la infraestructura de salud no se traspasará al gobierno federal, lo que representa una doble responsabilidad para el estatal. Corral Jurado agregó que se ha generado una polémica innecesaria, pues Chihuahua e Insabi tendrán que trabajar en coordinación a fuerza.
Aseguran que no hubo presiones por parte de AMLO hacia los estados, todo lo contrario: por eso se dieron las alternativas. Ya veremos cómo reaccionan diversos personajes involucrados en Salud. Lo que se debe garantizar en la atención gratuita y de calidad para los ciudadanos, en cualquier instancia.
OTRO proyecto promovido por el gobierno federal, la Guardia Nacional, todavía no se sabe cuándo se integrará a las tareas de otras corporaciones para la prevención y atención de delitos en las calles de Ciudad Juárez, una situación que ha generado preocupación entre las autoridades. La migración es su prioridad.
Pese a que AMLO tuvo la información directa sobre la cifra de homicidios ligados con el crimen organizado (más de mil), que ponen a Juárez como el municipio más violento de Chihuahua, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, no definió la integración de la corporación a los patrullajes.
El alcalde Armando Cabada Alvídrez, dijo que llegarían 450 elementos paulatinamente, algunos se han dedicado a resguardar la frontera. La Policía Federal en transición a GN, continúa sus actividades en la Estación Juárez y en breve tendrán más instrucciones sobre su funcionar. Este proceso no los ha exentado de ser víctimas de agresiones.
En la carretera a Ojinaga, Mónico Loyda y Alejandro Lazarín fueron asesinados a balazos. Loyda fue comisario de la PF en Ciudad Juárez desde finales del 2018 y hasta julio de 2019. Otro ataque contra ministeriales se confirmó ayer por la tarde. Las investigaciones continúan. Habrá que estar pendientes de los casos.
EL Centro de Ciudad Juárez podría, pronto, tener un edificio alto, que ocupe el espacio de estructuras viejas y derruidas que no tienen una función específica. El proyecto de vivienda vertical es una alternativa para recuperar esos lugares y que juarenses tengan un hogar en el corazón de la ciudad.
Carlos Borruel, titular de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), anunció que el 28 de enero se firmará un acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Federación para impulsar la creación de este tipo de estructuras que beneficiarán a personas en situación vulnerable. El proyecto piloto, además, combatirá, de alguna forma, la dispersión.
El funcionario dijo continuarán con el proceso de recuperación de viviendas en sectores como Riberas del Bravo, los Parajes y demás colonias del suroriente que acumulan cientos de casas abandonas. Este trabajo también involucra al Infonavit, instancia que podrá o no dar facilidades para obtener esas viviendas.
Los desarrolladores de viviendas deberán estar pendientes de la convocatoria si quieren sumarse a este plan que, a priori, es una buena alternativa para repoblar el Centro, generar más movimiento y flujo económico. Ya veremos qué tanta aceptación hay por parte de los ciudadanos. Una manera reactivar todo.
ASEGURAN que Chihuahua ha cumplido de buena manera diferentes aspectos de la Reforma Laboral, por ejemplo, en la resolución de conflictos laborales mediante la conciliación, pues el diálogo es la herramienta y el facilitador para lograr acuerdos entre patrones y trabajadores. Datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de Chihuahua así lo revelan.
Luisa Herrera Laso, titular de la secretaria antes mencionada, comentó que se ha dado un seguimiento a los cambios a la Ley Federal del Trabajo, los cuales establecen nuevos procesos y creación de autoridades y lineamientos sobre democracia y libertad sindical. La justicia laboral es prioridad para los actores involucrados.
Herrera Laso resaltó que con la reforma constitucional, la entidad fue la primera y única que cumplió en tiempo la creación de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, publicada en febrero de 2018 en el Periódico Oficial. Habría que comprobar la satisfacción de quienes recurrieron a los centros.
La funcionaria explicó que hasta 2022 se completaría el proceso de justicia laboral, cuando el resto de estados hayan afinado el funcionamiento de estos centros. Juan Ramón Herrera, subsecretario de la Trabajo, enfatizó que el camino hacia la justicia laboral ha sido fluido, pero aún faltan áreas por completar.
