EL CASO del crematorio de la colonia Granjas Polo Gamboa es uno de esos que, entre más se sabe, más difícil resulta de explicar. Los cadáveres encontrados en dicho lugar pudieron haber estado ahí durante años. Literalmente. Algunos, según las autoridades, hasta por cuatro, un verdadero escándalo.
Las cifras oficiales hablan de cerca de 400 cuerpos. Embalsamados, no cremados. Muchos con signos de haber sido preparados por funerarias que sí tenían sus papeles. Y aunque no se trata de personas en situación de desaparición, al menos de los que se saben, lo que escandaliza no es la falta de registros, sino la forma en que se violó su dignidad.
La Fiscalía General del Estado ha detallado que los restos fueron enviados por al menos seis funerarias, empresas establecidas, con clientes que confiaron en que sus familiares serían cremados y entregados en urnas. En lugar de eso, los cuerpos terminaron apilados en bodegas sin refrigeración, rodeados de otros restos humanos e incluso animales.
Los detenidos hasta ahora son el dueño del crematorio y un trabajador. Ambos enfrentan cargos por delitos contra el respeto a los cadáveres y violaciones a la Ley General de Salud. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo fue posible operar así durante tanto tiempo sin que nadie, ni las funerarias ni las autoridades, se diera cuenta?
El fiscal César Jáuregui ha informado que se están clasificando los cuerpos para poder entregarlos a sus familias, que serán contactadas conforme avance el cruce de información con las funerarias. Dijo también que los restos están siendo conservados adecuadamente y que se hará todo lo posible para mantener la dignidad de las personas fallecidas.
Y aunque no se han presentado denuncias formales, hay familiares que ya se están acercando con dudas, ¿qué fue lo que realmente les entregaron? ¿Eran las cenizas de su ser querido? ¿O fue parte de una cadena de simulaciones?
Tanto el alcalde como la gobernadora han condenado los hechos. Hablan de un “fraude terrorífico” y una “historia de horror”. Pero no se trata solo de indignación pública. Lo que toca ahora es reconocer que algo falló gravemente en el sistema de vigilancia sanitaria y en la cadena de responsabilidad de los servicios funerarios.
Se investiga si algún funcionario público incurrió en omisión. La omisión, en este caso, es lo más evidente. Porque para que casi 400 cuerpos se acumulen sin consecuencias, alguien debió cerrar los ojos muchas veces.
CHIHUAHUA está dando un paso importante en la manera en que se ejerce el perdón institucional. La gobernadora, Maru Campos presentó ayer la iniciativa “Beatriz”, con el objetivo de respaldar los derechos humanos y la justicia social.
Dicha iniciativa propone regular el indulto con un enfoque centrado especialmente en mujeres privadas de la libertad. ¿La razón? Hoy en día no existe una legislación clara que defina cómo, cuándo y bajo qué criterios una persona puede solicitar el indulto. Y ese vacío legal ha dejado fuera a muchas mujeres que, además de enfrentar un proceso penal, arrastran historias de violencia, abandono y falta de protección desde mucho antes de llegar a prisión.
La iniciativa no parte de una visión únicamente jurídica. Nace también del trabajo de años de organizaciones como el Movimiento Estatal de Mujeres (MEM), que han documentado los casos en los que la justicia no fue capaz de ver a una víctima antes de convertirla en acusada. Mujeres juzgadas sin que se tomaran en cuenta los contextos de violencia de género que vivieron. Madres que actuaron en defensa propia. Jóvenes criminalizadas por pobreza, omisiones del Estado o falta de una defensa adecuada.
“Beatriz” —como se ha nombrado simbólicamente esta propuesta— busca que el indulto deje de ser un gesto excepcional, opaco y arbitrario, para convertirse en un mecanismo regulado, transparente y justo. Que tenga criterios claros y procedimientos definidos. Que sea accesible, especialmente para quienes más lo necesitan.
La propuesta también tiene un componente ético. En palabras de la propia gobernadora: “Que nunca más una mujer pague con su libertad lo que la sociedad le negó en protección”. Y esa frase, aunque con carga política, refleja una verdad incómoda, muchas de las mujeres encarceladas no solo enfrentan el sistema penal, sino que también han sido falladas por otros sistemas previos que no las protegieron cuando más lo necesitaban.
EL RELOJ avanza hacia el 31 de agosto, fecha límite para que los nuevos magistrados ingresen formalmente al Poder Judicial del Estado de Chihuahua (PJE).
A la par del calendario legal, en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya se mueve todo un operativo de entrega-recepción que, según la magistrada presidenta Myriam Hernández Acosta, inició desde las campañas y se extenderá durante julio y agosto.
La transición no sólo implica cambios de oficina, sino que corresponde a un ajuste profundo que requiere logística, capacitación y, sobre todo, claridad en los procedimientos.
Aunque aún no se define si el ingreso de los nuevos magistrados se formalizará en una sesión extraordinaria el viernes 29 de agosto o se esperará al lunes 1 de septiembre, lo cierto es que el PJE se prepara para uno de los procesos más importantes en su funcionamiento institucional. La complejidad del relevo ha obligado a escalonar la entrega de oficinas, debido a que no hay capacidad operativa para hacerlo todo al mismo tiempo. Incluso ya se desarrollan procesos prejubilatorios de quienes dejarán su lugar, como en los casos de los magistrados Pablo Héctor González Villalobos y Roberto Siqueiros Granados, cuyo proceso inicia en julio.
En paralelo, la Contraloría ha comenzado a capacitar al personal que participa en la transición y se ha hecho un llamado a los nuevos integrantes del Poder Judicial para que se preparen con los cursos impartidos por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), ante el impedimento legal de destinar recursos del Instituto de Formación Judicial (Inforaj) para personas que todavía no forman parte del Tribunal.
El recambio de magistrados no es un trámite cualquiera. Es un proceso que, bien o mal llevado, incide directamente en la confianza pública hacia la justicia estatal. Por eso, más allá de los tiempos legales y logísticos, este periodo de transición representa también una oportunidad para evaluar cómo se están gestionando los relevos, cómo se garantiza la preparación de los nuevos perfiles y, sobre todo, cómo se asegura la continuidad del trabajo jurisdiccional sin sacrificar calidad ni independencia.
Septiembre marcará el arranque formal de una nueva etapa para quienes ocupen las sillas del Pleno. Pero el trabajo real, el que define si ese cambio es para bien, se está jugando desde ahora.
DESPUÉS de más de un mes de cierre, Estados Unidos reabrirá de forma gradual los puertos de entrada para la importación de ganado vacuno, bisontes y equinos vivos procedentes de México. El primer cruce en reactivarse será el de Douglas, Arizona, el 7 de julio de 2025.
La decisión, anunciada por la secretaria de Agricultura del vecino país, Brooke L. Rollins, responde a una evaluación de riesgos realizada tras un esfuerzo binacional para contener la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS, por sus siglas en inglés).
Este parásito, que puede afectar gravemente al ganado, obligó al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a suspender en mayo la entrada de animales vivos por su frontera sur, luego de detectar un preocupante avance hacia el norte de la plaga. La medida generó presión entre los productores ganaderos mexicanos, especialmente del norte del país, donde las exportaciones al mercado estadounidense son una parte clave de su actividad económica.
En las semanas posteriores al cierre, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) del USDA trabajó en conjunto con sus contrapartes mexicanas para reforzar los controles. Una de las acciones más visibles fue la intensificación del programa de dispersión de moscas estériles, utilizado para frenar el avance del gusano barrenador. Actualmente, se están liberando más de 100 millones de estas moscas cada semana en territorio mexicano. Además, cinco equipos técnicos de Estados Unidos realizaron visitas de evaluación en campo, sin detectar nuevos brotes ni desplazamiento del parásito hacia la frontera.
Como resultado, el USDA estableció un calendario de reapertura que se extenderá hasta septiembre; se empezará por Douglas, Arizona el 7 de julio; le seguirá Columbus, Nuevo México el 14 de julio; después Santa Teresa, Nuevo México el 21 de julio; Del Río, Texas el 18 de agosto y Laredo, Texas el 15 de septiembre.
Aunque la reapertura inicia con Sonora, debido a su bajo riesgo geográfico y la colaboración histórica con el APHIS, el comercio ganadero desde otros estados como Chihuahua también será posible, siempre y cuando se cumpla con un protocolo específico de tratamiento contra el NWS.
El calendario está sujeto a revisión constante. El USDA evaluará después de cada reapertura el comportamiento de la plaga, el cumplimiento de protocolos por parte de México y la eficacia de los controles para frenar movimientos ilegales de animales. En el caso de los equinos, su importación estará permitida desde cualquier parte del país, con el requisito de cumplir una cuarentena de siete días en el puerto de entrada y ajustarse al protocolo NWS. Santa Teresa, en Nuevo México, será el primer punto con instalaciones equinas disponibles.
En paralelo, México comenzará esta semana la renovación de su planta de producción de moscas estériles en Metapa, Chiapas. Esta obra, cuya finalización está proyectada para julio de 2026, permitirá aumentar la producción a entre 60 y 100 millones de moscas NWS estériles por semana, con la meta de alcanzar las 500 millones necesarias para reforzar la llamada “barrera biológica” en el Tapón del Darién, frontera natural entre Centro y Sudamérica.
La colaboración técnica entre el APHIS y la autoridad sanitaria mexicana, el SENASICA, se ha intensificado. Ambos países comparten datos, realizan capacitaciones conjuntas y han lanzado campañas de información para productores. El objetivo común es evitar que el gusano barrenador rebase el control fronterizo y afecte la industria ganadera del norte del continente.
El anuncio fue bien recibido por Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, quien celebró el avance y reconoció el papel del sector ganadero de la entidad en impulsar medidas concretas para combatir la plaga. Según Medina, la presión organizada de productores llevó a que el gobierno federal endureciera sus acciones de control, lo que finalmente facilitó la reapertura de la frontera.
El legislador advirtió, sin embargo, que la reapertura no implica bajar la guardia. Desde el Congreso local ha promovido una iniciativa para sancionar a quienes faciliten la propagación de plagas y enfermedades que afecten al hato ganadero, y afirmó que continuará acompañando al sector en la exigencia de medidas permanentes de protección sanitaria.
Por su parte, el diputado Saúl Mireles, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del Estado, también celebró la reapertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado bovino, y enfatizó que se mantendrán los controles en los puntos cuarentenarios y la dispersión aérea de moscas estériles para prevenir rebrotes.
Por ahora, el avance conjunto de las autoridades y productores de ambos lados de la frontera ha logrado que la actividad comercial comience a restablecerse.
