LA CERO tolerancia a concesionarios incumplidos debe ser una prioridad en la gestión del transporte público. La violación de las condiciones establecidas en las concesiones no solo afecta la calidad del servicio, sino que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los usuarios. La falta de mantenimiento en las unidades, los retrasos en las frecuencias de paso, entre otras desobediencias son solo algunas de las fallas recurrentes que evidencian la necesidad de medidas más estrictas.
Debido a los operativos de inspección de Transporte Público en Ciudad Juárez, concesionarios tomaron la decisión de parar el servicio de algunas rutas, ante la negativa de otorgarles una prórroga para modernizar sus camiones.
La Dirección de Transporte Público ha comenzado a hacer revisiones de las unidades y el retiro de aquellas unidades que no cumplen con la Ley General de Transporte de Chihuahua.
Apenas ayer, representantes de la línea Universitaria, 1A Express, 5B y 2 Lázaro, acudieron a la oficina para manifestarse en contra de estas medidas y solicitar una prórroga.
Fue en abril de 2023 cuando el transporte público en Juárez aumentó a 12 pesos, medida autorizada por el Consejo Consultivo de Transporte. En ese entonces el acuerdo entre las autoridades y las concesionarios fue que harían una renovación de su flotilla a unidades nuevas o año modelo de no más de 10 años, situación que debían cumplir en 4 meses, pero que, a casi dos años de la medida, algunos no han cumplido y pareciera que ni la intención tienen, dañando todavía más los esfuerzos por intentar ya no digamos modernizar, sino brindar al menos un servicio digno para los usuarios.
Las concesiones de transporte no son un derecho inamovible, sino una responsabilidad adquirida. Empresas y particulares que no cumplan con lo estipulado deben enfrentar sanciones inmediatas, incluyendo la revocación de permisos cuando sea necesario. La permisividad solo perpetúa la deficiencia en el servicio y fomenta la impunidad.
La supervisión rigurosa y la aplicación efectiva de sanciones son esenciales para garantizar que el transporte público opere con los estándares requeridos. La transparencia en la asignación y fiscalización de concesiones debe fortalecerse para evitar favoritismos o corrupción que permitan la operación de empresas ineficientes.
LA RENOVACIÓN del Partido Acción Nacional en Ciudad Juárez marca el inicio de una etapa en la que se busca fortalecer su presencia y consolidar su influencia en la política local.
De manera oficial, Gabriel García Cantú llegó a la dirigencia del Comité Directivo Municipal, en un momento donde el partido enfrenta el reto de revitalizar su estructura y responder a las demandas de sus militantes y ciudadanos.
García Cantú, cuenta con una trayectoria política que incluye su desempeño como diputado local, y asumió la presidencia del PAN Juárez tras la licencia de Xóchitl Contreras para dedicarse a full time a su encargo como diputada local.
El nuevo dirigente del PAN en Juárez llega acompañado por Flor Cuevas como secretaria general. Los recién nombrados dirigentes han manifestado su intención de ampliar la visión y los principios del partido en la ciudad.
Como eje central se ha planteado impulsar políticas públicas que fortalezcan la democracia, promuevan el desarrollo económico y social, y fomenten la cercanía con la ciudadanía. García Cantú ha enfatizado su compromiso de llevar al PAN a las calles, acercándose a la gente y reforzando el vínculo entre el partido y los juarenses.
EL MALTRATO animal es una de las formas de violencia más condenables, una manifestación de crueldad que refleja la decadencia moral de quienes lo perpetran. El caso de "Violeta", una perrita víctima de un atroz ataque en la colonia Sahuaros de Chihuahua, ha conmocionado a la sociedad y desatado una ola de indignación a nivel nacional.
Esta agresión, en la que la mascota fue bañada con chapopote hirviendo y amarrada de manera brutal, no solo es un acto de abuso hacia un ser indefenso, sino una señal alarmante de que la protección animal aún enfrenta grandes retos en nuestra sociedad.
El gobierno estatal ha tomado cartas en el asunto, instruyendo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para monitorear la salud de Violeta, quien, afortunadamente, se encuentra en proceso de recuperación gracias al tratamiento veterinario que ha recibido.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto una carpeta de investigación, y la Policía Cibernética trabaja para identificar a los responsables de este atroz crimen. La Ley Estatal para el Bienestar Animal, establece penas de prisión para los responsables de maltrato animal.
Sin embargo, la indignación social y la respuesta institucional, aunque importantes, no deben ser episódicas. El maltrato animal es un reflejo de un problema más profundo que abarca la falta de educación en valores de respeto y empatía hacia otras formas de vida.
Este caso, además de poner en evidencia la barbarie de quienes infligen daño a los animales, nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo. No se puede permitir que la violencia, en cualquiera de sus formas, sea tolerada. Los responsables de actos tan crueles deben recibir castigos ejemplares, y, a su vez, se debe garantizar que la educación y la cultura del respeto sean los pilares fundamentales de la formación de nuevas generaciones.
LA RESOLUCIÓN de conflictos en el ámbito educativo es un desafío persistente que afecta el ambiente escolar y, por ende, el bienestar de los estudiantes. Las tensiones laborales y las diferencias entre el personal educativo pueden derivar en situaciones difíciles que entorpecen el desarrollo de la enseñanza y afectan la armonía dentro de los centros escolares.
En este contexto, se presentó una iniciativa para crear un mecanismo formal de mediación y conciliación dentro de las escuelas de la entidad para resolver los conflictos antes de que escalen a problemas mayores.
Eduardo Zendejas Amparán, líder de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destacó la importancia de defender lo que se debe defender dentro del marco de la resolución pacífica de los conflictos.
La iniciativa tiene como objetivo fundamental fortalecer la cultura de paz en las instituciones educativas y evitar el desgaste que un conflicto laboral puede generar. Sin duda, los conflictos son inevitables en cualquier entorno laboral, pero la forma en que se manejan define el clima de trabajo y la calidad de la educación que se imparte.
Hugo Gutiérrez Dávila, secretario de Educación y Deporte, subrayó que la mayoría de los conflictos pueden resolverse mediante la mediación interna, sin necesidad de llegar a instancias legales o confrontaciones que desestabilicen el ambiente escolar. Esta perspectiva busca que las diferencias se enfrenten de manera constructiva, con el objetivo de encontrar un propósito común en el que todos, desde docentes hasta autoridades, trabajen juntos por el bien de los estudiantes.
Alfredo Chávez Madrid, coordinador del PAN, también expresó su apoyo a la iniciativa, reconociéndola como primordial para garantizar un entorno pacífico en el ámbito educativo.
Es importante que la iniciativa pueda implementarse con los recursos necesarios y con la capacitación adecuada de los mediadores, para que los conflictos se resuelvan de manera justa y eficiente.
