Ciudad Juárez.– Familiares y amigos de Julián Alfredo Rodríguez Medina, quien cumplió 19 años en noviembre, lo velan en una capilla de Perches ubicada en la avenida Adolfo López Mateos. Durante la ceremonia, su prima alzó la voz para exigir justicia y limpiar su imagen tras ser señalado por las autoridades.

“Solo queremos que todo sea legal, que se limpie su nombre y que se haga justicia. Julián era una persona trabajadora, tenía tres empleos en El Paso y venía a visitar a su madre. El día del accidente solo iban a comprar frijoles para desayunar en casa”, comentó la joven, destacando que su primo era querido y siempre buscaba ayudar a los demás.

De acuerdo con los familiares, el hermano mayor de Julián, quien viajaba en el mismo vehículo, portaba un pasamontañas debido a una cirugía reconstructiva tras un accidente en motocicleta en 2024, lo que fue malinterpretado por las autoridades. Además, denunciaron que tanto el hermano como otro acompañante sufrieron amenazas y agresiones físicas por parte de los policías, quienes los retuvieron durante cinco horas sin dar información a la familia.

“Los golpearon, los amenazaron con desaparecerlos, y ahora quieren hacer ver a mi primo como algo que no era. Él no tenía tiempo para andar en cosas malas, tenía tres trabajos y era una persona de familia”, aseguró.

La familia cuestionó las versiones difundidas por las autoridades y exigió que se investiguen las circunstancias del enfrentamiento. También pidieron que se castigue a los responsables.

Detenido el agente implicado

En paralelo, Arturo Iván V. S., el agente ministerial acusado de disparar contra el vehículo en el que viajaba Julián, enfrenta un proceso legal por homicidio simple. Según las pruebas presentadas, el joven recibió siete disparos, y la causa de muerte fue una laceración encefálica.

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que las balas impactaron desde atrás hacia adelante, afectando tanto al cuerpo de Julián como al vehículo, un Ford Mustang GT 2002. La fiscalía afirmó que el agente actuó con exceso en sus funciones.

El imputado solicitó un plazo de 144 horas para reunir pruebas en su defensa, y su situación jurídica será definida el próximo lunes 13 de enero. De ser hallado culpable, podría enfrentar una sentencia de entre 6 y 10 años de prisión.

Los familiares de Julián esperan que este proceso no quede impune y que, además de sancionar al responsable, se detenga la criminalización de su ser querido. “No pedimos algo imposible, solo que se haga justicia”, concluyeron.