Chihuahua.– La exsecretaria de la Función Pública Mónica Vargas Ruíz fue sancionada por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chihuahua, a pesar del amparo interpuesto por la exfuncionaria durante la administración de Javier Corral Jurado.
En marzo de 2022, el Área de Investigaciones del OIC de la SFP del Estado de Chihuahua inició una investigación, según el expediente 01/2022. En mayo del mismo año, Vargas Ruíz fue emplazada a procedimiento debido al Informe de Presunta Responsabilidad, por incumplimiento en la entrega de información y falta de aclaración de las observaciones realizadas al acta entrega-recepción de la SFP.
Vargas Ruíz presentó un amparo indirecto en mayo de 2022 ante el Juzgado Décimo de Distrito, cuestionando la constitucionalidad del artículo 4º de la Ley Orgánica. El 10 de junio, se llevó a cabo la audiencia, donde presentó sus argumentos y manifestaciones. Ese mismo día, se le otorgó la suspensión para evitar la emisión de una resolución en su contra.
El 14 de octubre de 2022, el juzgado Décimo de Distrito otorgó el amparo, buscando la inaplicación del artículo 4º de la Ley Orgánica. Sin embargo, en noviembre de 2022, el OIC presentó un Recurso de Revisión ante el Tribunal Colegiado Décimo Séptimo de Distrito. Finalmente, el 11 de marzo de 2024, se revocó la sentencia de amparo del juzgado Décimo de Distrito, dejando sin efecto el amparo por ampliación de suspensión.
El 24 de junio de 2024, el OIC emitió una resolución sancionatoria, inhabilitando por tres meses a Mónica Vargas Ruíz, de acuerdo con el artículo 49 fracciones I y V. Esta sanción fue emitida por el Área de Responsabilidades del OIC de la SFP del estado de Chihuahua.