En un país donde las tragedias en las carreteras parecen ser un episodio que se repete, los diputados federales Rubén Moreira Valdez, Lorena Piñón Rivera y Humberto Ambriz Delgadillo han decidido intervenir de forma decidida para poner fin a uno de los mayores flagelos del autotransporte: los camiones de doble remolque. El problema, según ellos, es claro como el agua: más de mil 600 accidentes y alrededor de mil muertos al año, producto de estos monstruos de la carretera. En respuesta a este gran número de accidentes, los legisladores han presentado una iniciativa para modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, prohibiendo la circulación de los camiones de doble remolque.

Claro, la propuesta suena atractiva. Menos camiones de doble remolque, menos accidentes. Más seguridad. Más tranquilidad para las familias mexicanas. La receta parece casi mágica. Sin embargo, no podemos evitar preguntarnos si esta es una solución de fondo o un parche más a un problema estructural mucho más complejo. Porque, seamos sinceros, si la cantidad de accidentes por camiones de doble remolque se reduce, lo que de seguro no desaparecerán son las condiciones deplorables de nuestras carreteras, que, por cierto, en esta administración, prácticamente olvidaron el darle el necesario mantenimiento, sin dejar de lado la falta de capacitación de muchos choferes, y por supuesto, lo viejo de los tractocamiones

La iniciativa, presentada con pompa y circunstancia, establece un plazo de 12 meses para que las unidades de autotransporte de carga de doble remolque se retiren de las carreteras. Todo esto, según los autores del proyecto, para salvar vidas y evitar tragedias como la que ocurrió hace unos días, cuando un tráiler cargado de maíz perdió uno de sus remolques y causó la muerte de 24 personas. Nadie puede negar que estas tragedias son inaceptables. Sin embargo, la pregunta es si realmente es la prohibición de los camiones de doble remolque lo que va a resolver el problema o si estamos ante un ejercicio de populismo legislativo, destinado a mostrar "acción" ante un problema sin abordar el fondo.

La propuesta parece obviar un dato crucial: los camiones de doble remolque representan solo el 8% del parque de vehículos de carga en México. Es decir, el 92% restante sigue circulando con las mismas condiciones de seguridad y mantenimiento deficientes que no se resolverán prohibiendo un tipo de camión en específico. ¿Qué pasa con los camiones simples, los de carga ligera, los autobuses, incluidos los piratas que año con año se ven involucrados en accidentes con saldos fatales, o incluso los automovilistas comunes que también tienen lo suyo? ¿Acaso la propuesta solo busca darle un "golpe mediático" al sector del transporte sin hacer una reforma profunda y eficaz en las normas de seguridad vial?

Por supuesto, el argumento de los legisladores priistas es plausible: hay que proteger a las personas. Sin embargo, este mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha tenido décadas para hacer ajustes legislativos sustanciales que fortalezcan la seguridad vial en general y la infraestructura del país, pero prefirió darle la espalda a este problema en favor de otras prioridades. Así que no es difícil sospechar que esta iniciativa tiene más que ver con hacer ruido en un tema sensible que con una verdadera intención de resolver el caos vial en el país.

Además, si el 80% de los productos en el país se trasladan por carretera y más de la mitad del comercio internacional se mueve en camiones, las consecuencias económicas de una medida tan radical pueden ser incalculables. La pregunta, entonces, es si en lugar de simplemente desmantelar una parte del sistema, no sería más sensato invertir en una reforma profunda que involucre a todas las partes del proceso: los transportistas, el gobierno, las autoridades de tránsito y, por supuesto, los propios conductores.

Al final, la propuesta de Rubén Moreira, Lorena Piñón y Humberto Ambriz puede ser vista como un paso en la dirección correcta para reducir la tragedia humana en nuestras carreteras. Pero también deja claro que el enfoque del PRI es, una vez más, el de un "borrón y cuenta nueva", sin un compromiso real de transformar las estructuras que permiten que accidentes fatales sigan ocurriendo a diario en todo el país.

Así que mientras se reconoce el esfuerzo, cabe preguntarnos: ¿Estamos ante una verdadera solución o solo ante otro parche más en un sistema que, por su tamaño y complejidad, requiere algo mucho más audaz? Y de ser así, esa no es la idea…