EL video donde Francisco N confiesa haber asesinado a su pareja, Ingrid Escamilla, muestra la crueldad, la falta de empatía, la impunidad acumulada que permitió a este hombre cometer un acto barbárico dentro de su departamento en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Está detenido y reconoció haber apuñalado a la mujer de 25 años. Fue vinculado a proceso.

La muerte de Ingrid, quien era amante de las mascotas y disfrutaba de los viajes, refleja cómo está construido México: de una discusión se pasa a un acto infame. Para entender esto es necesario hacer un análisis a profundidad y reconocer que se vive en un sistema misógino y machista que se niega a desaparecer pese a las acciones que promueven activistas. El Ni una más parece no ser suficiente.

Nelly Montealegre, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), dijo que iniciarán investigaciones contra al menos seis funcionarios públicos por la filtración de imágenes y videos de la escena del crimen. Las fotografías circularon en redes, situación que fue considerada por muchos como inapropiada.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que la Fiscalía pedirá la pena máxima para el presunto feminicida. Recientemente, Alejandro Getz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó qué se pretende hacer al reformar la tipificación del feminicidio: visibilizarlo y facilitar su investigación para garantizar justicia para las víctimas y sus familiares, no borrarlo del código penal.

Activistas y organizaciones advirtieron que la modificación desvirtuaría al concepto, además de significar un retroceso. Gertz Manero dijo que algunas organizaciones malinterpretaron las propuestas de la FGR. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al fiscal y culpó a algunos medios de modificar las versiones.

El caso de Ingrid ha causado indignación en México. Activistas ya preparan movilizaciones para exigir justicia para la joven, tanto en la CDMX como en Ciudad Juárez. Las autoridades deben garantizar un proceso con perspectiva de género, no solo para ella, hay miles de casos más, y en esta frontera lo saben bien.


LOS días grises en Ciudad Juárez se mantienen, por las cuestiones climáticas y por la situación social. En los últimos 11 días, cuatro menores de edad han sido asesinados, de acuerdo con el registro periodístico de NET Noticias y datos de la Fiscalía Zona Norte y de la Mujer. En este espacio ya se dio cuenta de uno de esos casos. Preocupante.

Para Catalina Castillo, responsable de la Red por la Infancia de Juárez, las muertes de menores son consecuencia de la violencia estructural que se ha vivido en Ciudad Juárez desde hace más de una década. Esta y otras organizaciones han planteado el tema a autoridades de los tres niveles de gobierno. Las soluciones no han sido del todo palpables.

Niñas y niños se han convertido en blanco de los crímenes, solo en testigos o afectados indirectos. Los casos han condicionado a las organizaciones a redoblar esfuerzos para la atención y prevención. Los entes públicos se han sumado para la conformación de grupos especializados.

En tanto, Silvia Sánchez Márquez, regidora integrante de la Comisión de Centro Comunitarios, exhortó a la comunidad a denunciar cualquier acto de violencia contra mujeres y niños. La intervención de las autoridades debe ser oportuna para evitar tragedias.


AYER, Emilio García Ruiz, titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, para presentarse de manera oficial como funcionario estatal. Miguel Ángel Colunga, coordinador de la bancada de Morena, dijo que la visita fue para conocer algunos detalles de su plan de trabajo.

El legislador aseguró que habrá coordinación entre los dos poderes para reforzar la estrategia de combate a la delincuencia en Chihuahua. La reunión fue a puerta cerrada, se desconoce la razón. Lo poco que se informó fue con respecto al establecimiento de relaciones de trabajo. Ya veremos qué tanta fluidez hay entre las instituciones.

Y hablando de la Secretaría de Seguridad Estatal, uno de los cambios que propone García Ruiz es que en Ciudad Juárez haya más presencia de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), quienes se integrarán al nuevo esquema de la secretaria, también los trabajadores del C4, esto para mejorar la prevención y atención delictiva.

Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte, comentó que estos cambios beneficiarán a las autoridades. Habrá una diferenciación entre procuración y prevención, a lo que se sumará la coordinación entre las corporaciones municipales y federales. Eso sí, para la Guardia Nacional todavía no hay fecha clara.


AQUÍ se describió cómo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) somete a los contribuyentes, muchos de ellos empleados con salarios mínimos que sufren descuentos y condicionan la sobrevivencia de las familias. Casos como estos se replicaron también en Parral, en trabajadores de una empresa maquiladora.

Alfredo Lozoya Santillán, alcalde de Parral, entabló contacto con el director de la empresa maquiladora APTIV Latinoamérica, Alejandro Quiroz, para pedir al SAT que frene su esquema de impuestos y no siga afectando los ingresos de los empleados. Hasta 400 pesos desaparecieron de sus nóminas.

El Caballo afirmó que se trata de una lucha por los derechos de los trabajadores. Dijo que las afectaciones podrían deberse a una falla técnica en la reglamentación del SAT. Ya veremos si atienden su solicitud o la batean.