DEBERÁ el Instituto Estatal Electoral (IEE ) de Chihuahua aclarar la pérdida o no de registro del partido Pueblo a nivel local.

El fallo del Tribunal subraya una preocupante debilidad en la actuación de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas democráticas. En este caso, la omisión consistió en no emitir un acuerdo sobre la posible pérdida de registro del partido político y, en consecuencia, no iniciar el procedimiento de liquidación que marca la ley.

Más allá de la naturaleza específica de este caso, el incidente revela dos problemas fundamentales. Primero, la falta de diligencia por parte del IEE, que no solo pone en riesgo el cumplimiento del marco legal, sino que también afecta la percepción pública sobre la imparcialidad y eficiencia de los órganos electorales. Segundo, pone de manifiesto la importancia de que los procesos de supervisión y fiscalización electoral se lleven a cabo de manera oportuna.

La duda de si el partido perdió o no su registro surgió porque en la pasada elección al Congreso del Estado, dicha institución política no consiguió más del 3% de la votación, por lo tanto no cuenta con representación ni plurinominal, sin embargo, en la elección de ayuntamientos no le fue tan mal al registrar por ahí del 3.23%, por ejemplo en Juárez, si tienen regidor en el Cabildo, entonces sigue la controversia de si se mantiene el partido o no.

La pérdida de registro de un partido político no es un proceso menor. Es un mecanismo diseñado para garantizar que las organizaciones políticas cumplan con los requisitos de representación, transparencia y participación establecidos en la ley. Cuando un órgano electoral omite atender este tipo de situaciones, perpetúa la idea de que los partidos pueden operar sin rendir cuentas, aun cuando no cumplan con las expectativas mínimas de representación ciudadana.

Es indispensable que el IEE y otros organismos similares demuestren mayor responsabilidad en la ejecución de sus funciones.

LΑ PROLIFERΑCIÓN de prácticas oportunistas en torno a programas sociales, como el caso de la beca Rita Cetina Gutiérrez, cada vez se hace más recurrente en la ciudad por lo que no hay que echar en ‘saco roto’ las recomendaciones que hace la autoridad para no dejarse engañar.

Estas malas prácticas representan una seria amenaza no solo para la seguridad de las familias, sino también para la integridad de los procesos gubernamentales.

En Ciudad Juárez, la solicitud de registro ha desatado la oferta de realizar el trámite a cambio de dinero, promovida por personas anónimas en redes sociales y grupos comunitarios, mientras que por otro lado, también se ha advertido de la aparición de páginas de internet falsas para hacer el proceso.

El director regional de Programas del Bienestar en Juárez, Omar García Palomares ha subrayado que el trámite debe ser realizado de manera personal y gratuita, directamente a través de los canales oficiales. Al delegar este tipo de procesos a terceros, no solo se está pagando por un servicio innecesario, sino que se corre el riesgo de exponer datos personales sensibles, como información bancaria y medios de contacto, a posibles fraudes.

El oportunismo de quienes lucran con la necesidad o desconocimiento de las familias no solo es una práctica reprobable, sino que revela la urgencia de fortalecer la comunicación y orientación por parte de las autoridades. Aunque García Palomares asegura que el registro en la plataforma oficial es sencillo, las intermitencias iniciales en el sistema pueden haber generado confusión o desconfianza, factores que personas inescrupulosas han sabido aprovechar.

Es crucial que el gobierno refuerce la difusión de información clara y accesible sobre los trámites, además de ofrecer mecanismos de apoyo para quienes no tienen acceso a internet o carecen de las habilidades necesarias para realizar procesos digitales. Esto no solo evitará que las familias sean víctimas de engaños, sino que también asegurará que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan sin intermediarios ni costos adicionales.

Por su parte, la ciudadanía debe asumir un rol proactivo en la protección de sus datos personales y en la denuncia de estas prácticas fraudulentas.

LΑ PROPUESTΑ de Movimiento Ciudadano de convocar a una consulta pública para que Chihuahua evalúe su permanencia en el Pacto Federal es, sin duda, un planteamiento polémico que abre la puerta a una discusión profunda sobre el equilibrio de las relaciones entre los niveles de gobierno en México. Aunque la idea puede parecer audaz o incluso rupturista, también plantea interrogantes sobre su viabilidad jurídica, económica y social.

Santiago de la Peña Grajeda, secretario General de Gobierno, adoptó una postura cautelosa, señalando que será el Instituto Estatal Electoral quien determine la procedencia de esta consulta.

El debate sobre el Pacto Federal no es nuevo. Durante años, los estados han señalado desigualdades en la distribución de recursos y en la autonomía para la toma de decisiones, especialmente en entidades que, como Chihuahua, aportan significativamente al Producto Interno Bruto nacional.

Es vital preguntarse: ¿qué implicaría para Chihuahua y sus habitantes salir del Pacto Federal? Más allá del simbolismo político, las consecuencias prácticas de una medida de tal magnitud incluyen desde la redistribución de competencias hasta posibles afectaciones económicas y sociales. Además, surge la cuestión de si este tipo de consultas públicas puede ser el foro adecuado para resolver temas de tal complejidad, dado el riesgo de simplificar debates que requieren análisis técnicos y consensos amplios.

De la Peña Grajeda no se equivoca al subrayar la necesidad de buscar mejores condiciones para Chihuahua dentro del marco federal. Pero estas aspiraciones deben impulsarse desde el diálogo y la negociación.

Si bien es cierto que la soberanía reside en el pueblo, es responsabilidad de los legisladores y gobernantes garantizar que las decisiones que se tomen respondan al bienestar general y no a discursos de coyuntura. Antes de avanzar con la consulta, es imperativo reflexionar: ¿se trata de una propuesta que responde a una necesidad real o de un instrumento político para ganar protagonismo en la arena pública?

CHIHUAHUA se posiciona como uno de los estados con menor número de denuncias por extorsión en el país, registrando solo cinco casos en 2023, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este dato, resaltado por el Senado de la República contrasta con el de entidades como el Estado de México, que encabeza la lista con más de 4 mil denuncias, y refleja el impacto de las estrategias locales para contener este delito.

El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca que en 2023 se reportaron 10 mil 337 denuncias por el delito de extorsión en el país, cifra similar a la de 2022 (10 mil 343).

En ese año, las entidades federativas que registraron un mayor número de averiguaciones previas por el delito de extorsión en 2023 fueron: Estado de México (4 mil 010); Veracruz (881); Guanajuato (801); Nuevo León (797) y Jalisco (588).

En contraparte, los estados con menor número de averiguaciones previas por este delito fueron: Coahuila (30); Chiapas (18); Yucatán (14); Chihuahua (5); y Tlaxcala (3).

La baja incidencia en Chihuahua no es casualidad. El estado ha implementado diversas medidas para combatir delitos de alto impacto, incluyendo la extorsión. Las autoridades han fortalecido la vigilancia en zonas clave, promovido campañas de prevención para alertar a la ciudadanía sobre amenazas telefónicas y cobros de piso, y trabajado en el desarrollo de unidades especializadas que atienden este tipo de ilícitos.

Si bien estas cifras son alentadoras en apariencia, es fundamental no perder de vista el contexto nacional: la extorsión es uno de los delitos menos denunciados en el país. Según un estudio del Instituto Belisario Domínguez, solo dos de cada 100 casos llegan a convertirse en una carpeta de investigación, por lo que no se puede descartar otro tipo de problemas como la falta de denuncias por el miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades o la normalización del delito en algunas comunidades.

No se debe bajar la guardia. El trabajo realizado hasta ahora debe continuar fortaleciéndose mediante la mejora de los canales de denuncia, la capacitación constante de los cuerpos de seguridad y el análisis detallado de las posibles áreas de oportunidad. La reciente reforma que clasifica la extorsión como delito grave permitirá sancionar con mayor rigor a quienes cometan este delito, pero también exige un compromiso renovado por parte de las autoridades locales para mantener su efectividad.