Ciudad de México.- Daniela Álvarez Hernández, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, encabezó las denuncias penales interpuestas por el órgano político contra la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, por la presunta comisión de 15 delitos del orden federal al utilizar los camiones para sus caravanas de salud en la entidad sin haber transparentado los recursos de procedencia.

En su mensaje, la lideresa albiazul señaló la actividad de lo que denominó Cártel de Tabasco y su intromisión en la entidad, y acusó la consciencia con la que la senadora está realizando esta actividad de manera ilegal, al grado de que los camiones se encuentran escondidos y a los que circulaban les fueron retiradas las placas.

"Hay un evidente uso de recursos, es descarado y desproporcionado. No hay manera de que la senadora tenga acceso legal a esa cantidad de recursos que maneja en el estado de Chihuahua; además, tiene carteleras espectaculares por todo el estado desde que era diputada. Tiene que haber consecuencias de sus actos", dijo Álvarez Hernández.

Por su parte, el abogado panista, Roberto Gil Zuarth, dijo que se encontraron elementos fundamentales, como la celebración de contratos públicos por más de 2 mil 500 millones de pesos a una empresa y su propietario, que también da servicios de obra pública en diversas entidades de la república.

Otro de los elementos es que se encontraron unidades médicas e insumos dentro de Chihuahua, vinculados en propiedad y contratos a esa empresa y su dueño, y aunque la morenista dijo que se trataba de una donación empresarial, debe ser declarada fiscalmente como parte de su patrimonio al entrar en esa figura, lo que no realizó, constituyéndose en el delito de defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.

También se denunció a Chávez Treviño por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por los insumos y la nómina millonaria con los que operan las campañas de salud, a lo que se suma el ánimo de ocultar la información.

Gil Zuarth también informó que se denuncia a la senadora por delincuencia organizada al incluir como sujetos activos a una empresa, un empresario y una servidora pública que recibe los fondos en una presunta apropiación indebida de recursos públicos y privados, además de las personas que otorgan los contratos a la empresa favorecida.

El abogado resaltó los dichos emitidos por la propia senadora al aceptar las donaciones por parte de particulares y después decir que derivaban de convenios, aunque son facultades no permitidas a una funcionaria como ella.

"Este es, desde nuestra perspectiva, el robo perfecto. Le roban recursos al pueblo que deben estar destinados a curar la enfermedad, a proteger la vida. Le roban recursos al pueblo en nombre del pueblo para someterlo política, electoral y, sobre todo, mantener al pueblo pobre y enfermo, porque eso es justamente lo que hicieron. Desmantelaron el Seguro Popular, redujeron los recursos asignados a la salud de las y los mexicanos y luego privatizaron la salud con contratos públicos de los cuales derivan un moche", aseguró.