PARTE de los esfuerzos que se están realizando en el estado en el tema de la lucha contra la corrupción y la mejora de los procesos empresariales, desde Juárez se llevó a cabo la firma de un acuerdo entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para implementar un programa de Integridad Empresarial.

El acuerdo, es en verdad un avance importante y estratégico que aborda problemáticas ya muy arraigadas en el tejido empresarial y gubernamental, la extensa tramitología y de paso, la corrupción, buscando desde luego, la consolidación de prácticas más transparentes y eficientes en la interacción público-privada.

El documento fue firmado por Roberto Javier Fierro Duarte, titular de la Secretaría de la Función Pública en Chihuahua y por Jesús Salvador Carillo Castillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Y será mediante la evaluación de riesgos, la promoción de una cultura de denuncia y la gestión eficiente de terceros, que el programa intentará fortalecer la competitividad de las empresas mientras se robustece la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

La corrupción no solo mina la economía; destruye la credibilidad y desmotiva la inversión. Para Chihuahua, con un vasto potencial económico, es fundamental contar con mecanismos que faciliten la creación y el desarrollo de negocios sin que los empresarios enfrenten laberintos burocráticos o prácticas deshonestas.

POR CIERTO, los empresarios ya han alzado la voz con el anuncio del aumento del 1% al Impuesto Sobre Nómina a partir del 2025.

Y es que en la propuesta de Ley de Ingresos para el año 2025, que Gobierno del Estado planteó al Congreso del Estado se contempla precisamente el aumento al Impuesto Sobre Nómina (ISN), quedando en un 4%, con lo que se pretende la creación de un fondo para infraestructura.

El anuncio ha encendido las alarmas en el sector empresarial, especialmente en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y Coparmex, entre otras.

En Juárez, la presidenta de Canaco,Elizabeth Villalobos, expuso las preocupaciones de quienes sostienen gran parte de la economía local. Si bien la inversión en infraestructura es crucial para el desarrollo de cualquier región, el debate gira en torno a quién debe cargar con este peso.

Los empresarios, aseguran que ya enfrentan una alta carga tributaria, por lo que el aumento del ISN se percibe más como un castigo que como una contribución equitativa.

Villalobos cuestionó si ¿es justo imponer más impuestos a quienes mantienen activa la economía y generan empleo?, por lo que recomendó mejor trabajar en el tema de estímulos fiscales, en lugar de mayores gravámenes para incentivar la inversión, mejorar la competitividad y, a largo plazo, aumentar la recaudación fiscal sin penalizar a los sectores productivos.

Algo en lo que han coincidido tanto Canaco, como la Coparmex Chihuahua y el propio Bloque Empresarial Fronterizo, es que el impacto real del ajuste, representaría un incremento del 33% en términos reales, siendo un golpe significativo para las empresas, especialmente en una región como Ciudad Juárez, donde los márgenes ya son ajustados debido a la competencia y los altos costos operativos.

De acuerdo con Salvador Carrejo, presidente de Coparmex en la capital, si bien se entiende la presión que hay en el estado ante el contexto nacional, al no recibir de parte de la federación, la cantidad de recursos que se requieren para atender no sólo el tema de infraestructura, sino también el de salud, educación y seguridad, no se puede hacer responsable al sector productivo para la generación de esos recursos. Incluso destacó que la IP ya se encuentra bajo una sobrerregulación con presiones fiscales y a todo eso súmele las reformas en materia laboral y demás condiciones económicas tanto en el ámbito nacional como internacional, por lo que el anuncio, sí les cayó como balde de agua fría.

El coordinador del BEF, Jesús Manuel Salayandía aseguró que dicho organismos buscará conocer la opinión de este sector respecto al anuncio, sin embargo, reiteró que sería muy complejo para las empresas chicas y que batallan por la falta de circulante, por lo que auguró tiempos difíciles y de mucha incertidumbre.

Los legisladores tienen la responsabilidad de analizar esta iniciativa no solo desde una perspectiva recaudatoria, sino también considerando las repercusiones económicas y sociales de su implementación.

ANTES DE ADELANTARSE a cualquier incremento, el análisis precisamente del presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025, todavía continúa en el Congreso del Estado.

El secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, informó que hay algunos proyectos que deberán evaluarse en el Congreso Local, así que por lo pronto, se cuenta con un paquete económico que prevé un gasto superior a los 107 mil millones de pesos.

De la Peña resaltó que en el paquete económico se privilegiará el sector salud, educación, seguridad y un gran proyecto de infraestructura, el cual será presentado una vez que se apruebe el presupuesto de egresos.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda, el Paquete Económico 2025, propone destinar mil 873 millones de pesos a inversión pública, mientras que se destinará a la deuda pública 6 mil 139 millones 620 mil 124 pesos.

Y mientras se desarrolla este proceso de análisis, el Congreso del Estado estará llamando a secretarios de estado y organismos autónomos para realizar las aclaraciones pertinentes respecto al proyecto del paquete económico de 2025, según detalló Jorge Soto Prieto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.

La invitación a los secretarios de estado y organismos autónomos para comparecer y explicar sus asignaciones presupuestales no solo fortalece el diálogo entre el gobierno y el sector empresarial, sino que también refuerza la confianza ciudadana en la administración de los recursos públicos.

Es esencial que el debate en Chihuahua no se limite a compararse con los errores federales. El compromiso del Congreso debe ir más allá de mantener un presupuesto sin déficit: debe asegurar que cada peso invertido en el estado sea transparente, eficiente y dirigido a resolver las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

La participación de las cámaras empresariales en este proceso es clave. Los líderes del sector privado tienen una perspectiva única sobre las necesidades económicas del estado y pueden aportar ideas valiosas para impulsar el desarrollo sin sobrecargar a los contribuyentes ni afectar la competitividad de las empresas locales.