La Haya.- El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, compareció el viernes desde prisión por videoconferencia ante los jueces de la Corte Penal Internacional, días después de su arresto en Manila por cargos de asesinato relacionados con la mortal “guerra contra las drogas” que supervisó durante su mandato.

Duterte, de 79 años, no se presentó en la corte de La Haya, pero apareció en una pantalla de video desde el centro de detención donde se encuentra, a aproximadamente 1.5 kilómetros (una milla) de distancia.

Para las familias de las víctimas de la ofensiva contra las drogas, la aparición de Duterte en la corte fue una muy esperada señal de esperanza. Los fervientes seguidores de Duterte consideran que su arresto es ilegal.

Su abogado, Salvador Medialdea, utilizó la audiencia para criticar su arresto en Manila, calificándolo como un “secuestro puro y simple”. Dijo que a Duterte “se le negó todo acceso a los recursos legales en el país del que es ciudadano, y todo esto en el marco de una venganza política”.

La jueza presidenta Iulia Antoanella Motoc fijó el 23 de septiembre como fecha para la audiencia previa al juicio con el fin de establecer si las pruebas de la fiscalía son lo suficientemente sólidas como para justificar que el caso vaya a juicio. Si se realiza, el juicio podría tardar años, y si Duterte es condenado, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

Los cálculos del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían desde los más de 6.000 que reporta la policía nacional, hasta 30 mil, según cifras de grupos defensores de derechos humanos.

La jueza de la CPI dijo que se permitió que Duterte participara en su primera audiencia por videoconferencia porque acababa de llegar de un largo vuelo.

Duterte, vestido con chaqueta y corbata, escuchó la audiencia a través de auriculares, a menudo con los ojos cerrados. Habló en inglés para confirmar su nombre, así como su fecha y lugar de nacimiento. No se le exigió que presentara una declaración de culpabilidad o inocencia. La audiencia, que comenzó con aproximadamente media hora de retraso, duró alrededor de 30 minutos.

Medialdea dijo que Duterte había estado bajo observación en un hospital debido a problemas de salud.

La jueza, dirigiéndose a Duterte, dijo: “El médico de la corte opinó que usted estaba plenamente consciente mentalmente y en condiciones adecuadas”.

La hija de Duterte saluda a los seguidores fuera de la corte

Duterte fue arrestado el martes entre escenas caóticas en la capital filipina tras regresar de una visita a Hong Kong. Fue trasladado a Holanda rápidamente en un jet chárter.

Sara Duterte, su hija y vicepresidenta de Filipinas, lo visitó el viernes en el centro de detención de la corte y se reunió con seguidores fuera de la corte. Duterte es rival política del actual presidente.

Dijo que su padre está “de buen ánimo” y “bien cuidado”, y su única queja sobre sus condiciones es que extraña la comida filipina.

También condenó lo que calificó como un arresto político. “Habrá un día de rendición de cuentas para todos”, dijo, mientras las multitudes emocionadas a su alrededor coreaban ”¡Duterte!” y ”¡sí, sí!”.

Mientras tanto, activistas marcharon en la región de la capital filipina, exigiendo justicia por los miles de sospechosos asesinados durante la brutal represión de Duterte. Las familias de los fallecidos observaron el proceso de la CPI en pantallas instaladas en todo el país. Algunos sostenían retratos de sus seres queridos asesinados mientras escuchaban los cargos leídos contra Duterte en una sala de tribunal al otro lado del mundo.

¿De qué se acusa a Duterte?

Los fiscales acusan al exmandatario de participar como “coautor indirecto” en múltiples asesinatos, lo que equivale a un crimen de lesa humanidad, por presuntamente supervisar asesinatos desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2019, primero cuando era alcalde de la ciudad sureña de Davao y luego como presidente de Filipinas.

Según la solicitud de la fiscalía para su arresto, Duterte, como alcalde de Davao, emitió órdenes a la policía y otros “sicarios” que formaron los llamados Escuadrones de la Muerte de Davao (DDS, por sus siglas en inglés).

La fiscalía afirma que les dijo “que su misión era matar criminales, incluidos los traficantes de drogas, y dio autorización para cometer asesinatos específicos de los DDS”, y añadió que reclutó, pagó y recompensó a los asesinos y “les proporcionó las armas y recursos necesarios, y prometió protegerlos contra procesos legales”.

En el documento que busca que la CPI emita una orden de arresto para Duterte se afirma que los fiscales construyeron su caso utilizando pruebas que incluyen declaraciones de testigos, discursos del propio Duterte, documentos gubernamentales y grabaciones de video.

La reacción de los grupos de derechos humanos

Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas han calificado el arresto de Duterte como un triunfo histórico contra la impunidad del Estado, mientras que los partidarios del expresidente han criticado lo que consideran la entrega de un rival político a un tribunal cuya jurisdicción ponen en duda.

“Estamos felices y nos sentimos aliviados”, dijo Melinda Abion Lafuente, de 55 años, madre de Angelo Lafuente, de 22 años, quien, según ella, fue torturado y asesinado en 2016.

“La presentación de Duterte ante la CPI es un testimonio del coraje y la determinación de las víctimas, sus familias y los activistas y periodistas filipinos para buscar justicia sin importar cuánto tiempo tome”, dijo Bryony Lau, directora adjunta para Asia de Human Rights Watch. “Otros líderes que enfrentan órdenes de arresto de la CPI, como (el presidente ruso) Vladímir Putin y (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu, deberían tomar nota de que incluso aquellos que parecen intocables hoy pueden terminar en La Haya”.

La defensa de Duterte

El equipo legal de Duterte dijo que el gobierno del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. no debería haber permitido que la corte global asumiera la custodia del exlíder porque Filipinas ya no es parte de la CPI.

Medialdea dijo que “dos atribuladas entidades formaron una alianza poco probable. Un presidente en funciones que desea neutralizar y sofocar el legado de mi cliente y su hija”, y “una institución en problemas, sujeta a la deslegitimación”.

Los jueces que aprobaron la orden de arresto de Duterte dijeron que la corte tiene jurisdicción porque los crímenes que se describen en la orden se cometieron antes de que Duterte retirara a Filipinas de la corte en 2019.