ARRANCÓ el BRT I en esta frontera brindando servicio con 40 unidades modelo Mercedes Benz 2025 que tendrán una capacidad para 34 personas sentadas y 46 de pie, con frecuencias de paso de 5:40 minutos, además se inauguró el patio de guardado Aserraderos en donde se brindará mantenimiento a los camiones, se tendrá monitoreo del servicio y oficinas administrativas.

Dicha puesta en marcha e inauguración se efectuó en coordinación entre Municipio y Gobierno del Estado, esto luego de una reunión entre el secretario General de Gobierno Santiago de la Peña y el alcalde Cruz Pérez Cuellar, en donde se acordó trabajar por todos los juarenses.

La inauguración de este domingo estuvo a cargo de la gobernadora Maru Campos Galván quien aseguró que trabajan por brindarle a Juárez el mejor servicio de transporte de todo el país, para lo cual tan solo en unidades invirtieron 800 millones de pesos.

A su vez, dependencias municipales como Seguridad Vial estarán efectuando el resguardo del carril confinado con 20 agentes quienes vigilarán que los conductores no invadan el carril exclusivo para el BRT I y así evitar percances como los que se han registrado en la segunda línea del semimasivo.

Los juarenses tienen de nueva cuenta la primera línea troncal en funcionamiento con unidades cómodas, limpias y seguras que podrán disfrutar de ahora en adelante para con ello mejorar también sus traslados, no solo en tiempo si no en condiciones en general.

UNA VEZ MÁS, la violencia sacude con crudeza esta frontera. Un menor de apenas 16 años lucha por su vida tras ser agredido a balazos al interior de un bar.

Dicho establecimiento fue también escenario de un “levantón” el 23 de octubre de este mismo año, en donde sujetos armados ingresaron para llevarse por la fuerza a la dueña del lugar. Momentos más tarde fue localizada sin vida a metros de su negocio.

Estos hechos no son aislados; son síntomas evidentes de la falta de controles efectivos. Resulta indignante que, después de un suceso tan grave como el asesinato ocurrido en octubre, este bar siguiera operando en condiciones irregulares, con horarios que violan la ley de alcoholes y, aparentemente, sin la vigilancia necesaria por parte de las autoridades correspondientes. ¿Cómo es posible que un lugar con antecedentes tan serios no haya sido intervenido de manera definitiva antes de que ocurriera un nuevo acto de violencia?

Por otro lado, es inadmisible que un menor de edad, cuya presencia en un bar debería ser motivo de alerta por sí misma, haya terminado siendo víctima de un ataque a balazos. Esto no solo refleja una falla de seguridad, sino también la falta de cumplimiento y supervisión de las leyes en torno a la operación de estos establecimientos. La ley de alcoholes existe para evitar que estos lugares se conviertan en puntos de riesgo, pero su aplicación resulta nula cuando negocios como este operan sin restricciones.

Es urgente que las autoridades actúen con contundencia. No basta con clausurar el bar de manera temporal ni abrir investigaciones que, como tantas otras, se diluyen con el tiempo. Es necesario revisar los permisos de operación, aplicar sanciones ejemplares y, sobre todo, garantizar que estos espacios no sigan siendo escenarios de violencia y muerte.

Además, es indispensable abordar las causas sociales que llevan a los jóvenes a estar expuestos a entornos inseguros. La presencia de un menor de edad en un bar no puede ser ignorada ni reducida a un incidente aislado. Es un llamado de atención a los padres y a la autoridad para reforzar las estrategias de prevención, crear entornos seguros y construir alternativas que alejen a nuestros adolescentes de estas realidades peligrosas.

UNO DE LOS TEMAS prioritarios para la administración municipal en Juárez será la mejora en infraestructura en la ciudad, al menos así lo aseguró el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, quien reiteró que dará continuidad a varios proyectos en el periodo 2024-2027.

Obras como la construcción de una gaza en Riberas del Bravo, el parque norponiente y la ampliación de avenidas clave como Las Torres o el paso a desnivel que se proyecta en la avenida De la Raza, no solo buscan modernizar la ciudad, sino también mejorar la calidad de vida los juarenses, pues se requieren soluciones efectivas y oportunas para mitigar los problemas de tráfico que afectan a miles de conductores diariamente.

Por otro lado, también resulta alentador saber que la administración municipal tiene planeadas obras de gran envergadura que beneficiarán a sectores históricamente olvidados, como Riberas del Bravo y el suroriente de la ciudad, así como con el mejoramiento de la movilidad urbana, una de las asignaturas pendientes en Juárez. El parque suroriente, con una inversión de 70 millones de pesos, y el parque norponiente, con 200 millones, son proyectos que, si se ejecutan adecuadamente, pueden convertirse en ejemplos de cómo la infraestructura puede contribuir al tejido social y al esparcimiento comunitario.

Cruz comentó que algunos proyectos están destinados para los próximos años, como la gaza en Riberas del Bravo, programada para 2026.

Por otra parte, el compromiso con las escuelas públicas también merece reconocimiento. Las obras de mejoramiento y rehabilitación de infraestructura educativa son un paso fundamental para brindar condiciones dignas a los estudiantes y maestros.

EN EL MÁS reciente estudio presentado por Transparencia Mexicana, se ha puesto en evidencia una realidad que vive el estado. De un universo nacional de sanciones administrativas relacionadas con el combate a la corrupción, Chihuahua contribuye con apenas el 8%.

Lo anterior fue dado a conocer por el propio Héctor Acosta Félix, auditor superior del Estado de Chihuahua, quien destacó que aunque esto coloca a la entidad entre las cinco principales fiscalizadoras del país, junto al Estado de México, Zacatecas, Nayarit y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el número de sanciones sigue siendo alarmantemente bajo en relación con las miles de auditorías realizadas desde 2017.

El dato invita a reflexionar sobre la eficacia de las herramientas diseñadas para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas. La Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que entró en vigor hace seis años, se planteó como un instrumento para erradicar las prácticas corruptas dentro del sector público.

Esto plantea varias interrogantes: ¿Qué tan efectivas son las auditorías en la detección de irregularidades graves? ¿Qué factores obstaculizan la transformación de estas observaciones en sanciones reales?

Es importante destacar que el combate a la corrupción no termina con la detección de anomalías. Si bien las auditorías son un paso fundamental, su verdadero valor reside en las consecuencias legales y administrativas que se derivan de ellas. Cada sanción no solo castiga actos de corrupción; también envía un mensaje de que estos comportamientos no serán tolerados.

El hecho de que Chihuahua se posicione entre los estados más activos en esta materia demuestra que existe un esfuerzo significativo por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE). No obstante, el contexto nacional —y local— exige más.

Es esencial fortalecer los mecanismos de seguimiento y sanción, así como promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Esto incluye capacitar al personal fiscalizador, asegurar que los entes responsables cuenten con los recursos necesarios y establecer canales de denuncia accesibles para la ciudadanía.