Ciudad Juárez.– Con el objetivo de que los empresarios de la ciudad estén al tanto de las modificaciones a la Ley de Infonavit, aprobada el pasado 21 de febrero, el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Iván Pérez, presentó los detalles de esta reforma ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). La información será difundida a través de los organismos que integran el CCE.
Iván Pérez destacó que la modificación al artículo 29 afecta gravemente al empresariado, ya que los obliga a cubrir las amortizaciones de los créditos de los trabajadores durante incapacidades o ausentismos. “Esto es un tema que nos perjudica mucho, porque nos fuerza a pagar cuando no debería ser nuestra responsabilidad”, señaló el líder del comercio local.
El presidente de Canaco explicó que, para que un patrón actúe como retenedor, debe existir un sueldo activo. “Imagínese en una incapacidad: si no hay salario, ¿por qué el patrón tiene que pagar las amortizaciones del crédito del trabajador?”, cuestionó, subrayando la carga que esta medida representa para las empresas.
Pérez calificó la reforma como inconstitucional y detalló que, por ello, la presentaron ante el CCE. En el caso de Canaco, ya se envió la información a sus afiliados, quienes tienen hasta el 3 de abril para interponer un amparo indirecto contra esta modificación, en caso de que así lo decidan.
Aunque solo quedan tres días para presentar el amparo, el dirigente señaló que varios establecimientos ya han iniciado el proceso. En Canaco, cuentan con firmas de abogados asociadas que están a disposición de los empresarios interesados para brindarles asesoría y apoyo legal en este trámite.
“Lo importante es que los empresarios conozcan esta reforma del 21 de febrero. Puede haber más implicaciones que se descubran con el tiempo, pero la realidad es que tienen hasta el 3 de abril para ampararse, es decir, cuatro días a partir de hoy”, advirtió Pérez.
Héctor Núñez, coordinador en turno del CCE, comentó que esta reforma impone mayores responsabilidades a los patrones en materia de declaración. “Lo vemos como una desventaja para el sector industrial y empresarial, ya que incrementa las obligaciones de las empresas”, expresó.
Núñez añadió que, aunque existe una segunda oportunidad para ampararse cuando lleguen los primeros cobros, esta opción tiene desventajas. “Después de 15 días, se debe dejar una garantía, lo que representa un riesgo adicional para el sector empresarial, que ya enfrenta suficientes responsabilidades”, concluyó.
