El 18 de abril de 2018, la represión del gobierno de Nicaragua a un grupo pequeño de manifestantes que protestaban por algunas reformas a la Ley de Seguridad Social desató una crisis política que ha costado la vida de 600 personas y llevado a la cárcel a 700 presos políticos.
Esa crisis, que todavía sigue, derivó también en una severa crisis económica. En 2017, el PIB creció en 4.9%, que fue uno de los mayores de la región, pero en 2018 fue de menos 4.1% y en 2019 se espera que sea de menos 7% ó 11%, según la CEPAL.
La crisis ha provocado desempleo y reducción de los ingresos familiares, lo que ha causado el aumento inmediato de la pobreza que al cierre de 2018 se sitúa en 38.9% que son nueve puntos más que en 2014 cuando era del 29.6%, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
En 2019, de seguir la crisis, 1.2 millones de personas que ahora no están en los niveles de pobreza se encuentran en riesgo de caer en la misma si llegan a perder su empleo o ven que se reduce su ingreso, afirma Funides.
En 2018 solo en el sector comercio se han pedido 172,000 empleos, de acuerdo a Funides. A esos hay que añadir los que se han acumulado en 2019. El desempleo ha provocado, entre otras cosas, que 40,000 nicaragüenses dejen su país.
La fuga de capitales se estima ya en más de mil millones de dólares y la inversión extranjera se ha reducido prácticamente a cero. A esto se añade que por la crisis de Venezuela la ayuda que antes otorgaba a Nicaragua pasó de 563.8 millones de dólares en 2011 a 30.9 millones en 2017.
El turismo, una importante actividad económica, ha dejado de recibir a 600,000 visitantes, en los hechos ahora no llega nadie, y solo en ese sector las pérdidas ascienden a los 400 millones de dólares. Se estima que el 80% de los pequeños hoteles ya ha cerrado.
Las fuentes del financiamiento internacional se han cerrado y las más importantes calificadoras internacionales revisan todos los días a la baja su valoración de Nicaragua. Los especialistas plantean que la “economía está al borde del colapso”.
En medio de la crisis, el pasado 27 de febrero la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno del presidente Ortega, subió el impuesto sobre la renta, para las medianas y grandes empresas. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) dice que esta medida sofoca la economía y va a llevar a las empresas que todavía operan a la quiebra.
La única posibilidad de salir de la actual crisis es que el gobierno decide negociar con las fuerzas de la oposición reunidas en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que demandan unas elecciones que realmente sean tales y no como han sido las últimas donde fue reelegido el presiente Ortega.
El pasado 27 de febrero, después de siete meses de no haber encuentros, las partes reanudaron las conversaciones, para acordar la hoja de ruta de un diálogo que lleve a salir de la crisis. El futuro inmediato de Nicaragua está en el resultado de esas pláticas.
Rubén Aguilar Valenzuela
Twitter: @RubenAguilar