El jueves 20 de diciembre la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, anunció que el gobierno de México había aceptado que le fueran enviados los extranjeros, ya en Estados Unidos, que esperaban la resolución de la corte de migración sobre si concede o no el asilo.

Y añadió que eso también pasaría con los nuevos casos que harían el trámite de solicitud de asilo, pero esperarían en México, los meses o años que sean necesarios, hasta saber la decisión de las autoridades migratorias.

Antes de las nuevas medidas los migrantes que solicitaban asilo, tras una primera entrevista en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, eran liberados en territorio de Estados Unidos y ahí esperaban la resolución en casas de familiares o amigos.

Ese mismo día el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que la administración de López Obrador se comprometía a "apoyar los derechos humanos de los migrantes y a darles visas humanitarias, para permanecer en el territorio mexicano y la capacidad de solicitar empleo y otras protecciones mientras esperan su proceso en Estados Unidos".

No deja de sorprender que la primera declaración de lo que México se comprometía a realizar no lo hicieron las autoridades mexicanas sino las estadounidenses. Horas después la Secretaría de Relaciones Exteriores rarificó lo dicho por las autoridades de Estados Unidos.

Nielsen y Pompeo calificaron el suceso como una medida histórica para su gobierno. Habían intentado que eso ocurriera en el mandato del presidente Peña Nieto, pero el gobierno mexicano se negó. Ahora obtienen lo que quieren.

Lo que ahora queda claro es que el gobierno del presidente López Obrador cedió a la presión del presidente Trump y México se convirtió, esa es la realidad, en la oficina trasera del gobierno de Estados Unidos, para atender los casos de solicitud de asilo.

Trump logra lo que quería y ahora puede mostrar a sus simpatizantes que doblegó a México. Aunque el gobierno mexicano lo niegue, por la vía de los hechos, se convierte en "tercer país seguro", como querían los Estados Unidos.

Para Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los migrantes, la medida viola las leyes internacionales y de Estados Unidos. Y dicen que obligar a los migrantes a quedarse en México es una decisión "cruel" e "inhumana" del gobierno de Trump.

Nielsen reconoce que en Estados Unidos hay 789,000 casos de solicitud de asilo que están pendientes. Solo el 9.0 % de quien lo pide lo obtiene. En el año fiscal 2017 fueron 55,585 y en 2018 92,959. ¿De esas, cuántas serán regresadas a México? En 2019 se esperan 100,000 nuevas solicitudes. ¿Cuántos se quedarán en México?

Hay muchas preguntas por responder entre ellas: ¿Por qué López Obrador cedió a la presión de Trump? ¿Era condición para la firma del nuevo tratado comercial? ¿Era imposible para el gobierno de México resistir? ¿Por qué el gobierno anterior sí lo pudo hacer? ¿López Obrador qué recibió a cambio?

Rubén Aguilar Valenzuela

Twitter: @RubenAguilar

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