* Funcionarios y ex funcionarios de la propia Secretaría General y de la Defensoría de los Derechos humanos del Pueblo de Oaxaca apoyan los chantajes al Gobierno.
* Se deben investigar probables delitos de trata de personas y tráfico de armas, y Twitter cancelar las 100 cuentas de los “troles” que atacan a autoridades y periodistas.
Después de la Conquista, la historia ha probado de manera más que fehaciente que en México y Oaxaca, no hay peor enemigo de los indígenas que los indígenas ladinos.
Un caso de sobra conocido en los últimos tiempos es el de Lorena Merino Martínez y Reyna Martínez Flores, quienes no solo traicionan a sus hermanos de raza, sino que les explotan.
Lorena es apoyada como grupo de choque por los hermanos, Basilio, Virgilio y Benito Ramírez García, acusados de trata de personas, particularmente niñas triquis.
Entretanto, los hermanos Marcos, Jorge y Josefina Albino Ortiz, apoyan al grupo de Reyna Martínez Flores. Los dos últimos son desplazados beneficiarios de medidas cautelares.
En otras palabras, el prefabricado conflicto de los desplazados triquis, se reduce a los reducidos grupos de vivales encabezados por Lorena Merino Martínez y Reyna Martínez Flores.
El mayor problema para Alejandro Murat son las traiciones de sus propios colaboradores en el Gobierno del Estado y en el Partido Revolucionario Institucional, quienes apoyan políticamente y financian económicamente a los grupos de Lorena Merino Martínez y Reyna Martínez Flores.
Nada ilustra mejor estas traiciones que la sabia sentencia dictada por el ex gobernador Genaro V. Vásquez, no solo tiene culpa el indio, sino el que lo hace compadre.
Así que si el gobernador Alejandro Murat y el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, quieren resolver el problema de los desplazados triquis debe investigar de quién es la mano negra que mece la cuna de la violencia con Lorena Merino Martínez y Reyna Martínez Flores.
Esta mano negra pertenece a algunos servidores y ex públicos de la propia Secretaría General de Gobierno y de la Defensoría de los Derechos humanos del Pueblo de Oaxaca, así como de activistas vinculados a organizaciones sociales y a la Iglesia católica.
La mejor manera de hacerlo, es demandar a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República, y a la Secretaría de Gobernación, reactivar la investigación por trata de personas en el caso de los hermanos, Basilio, Virgilio y Benito Ramírez García, a quienes responsabilizamos públicamente de cualquier atentado en mi contra o de mi familia.
Circulan insistentes versiones que los hermanos en cuestión “enganchan” a niñas y mujeres jóvenes triquis, quienes aparentemente son enviadas a algunas ciudades de Estados Unidos, a través de redes de explotación sexual.
Y en el caso de los hermanos Marcos, Jorge y Josefina Albino Ortiz, solicitar al Ejército, a la Policía Federal y a la propia Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación, investigar las denuncias por probable tráfico “hormiga” de armas de Estados Unidos a la zona triqui en Oaxaca.
El pasado 1 de marzo de 2018, en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo el 167 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se analizó la situación que guarda la Medida Cautelar 197-10 que da atención a “135 Habitantes de San Juan Copala” Juxtlahuaca y en donde se mandató al Estado Mexicano que levantara un nuevo censo de los beneficiarios, a fin de actualizar la información de los mismos, cuántos hijos más han tenido en los últimos cuatro años, cuántas nuevas familias se han formado, cuántos han fallecido, etcétera, debido a que el último censo se realizó en el 2014.
El Censo 2018 en cuestión, se realizó durante los meses de marzo y abril. El grupo original que representaba Lorena Merino Martínez era de 10 cautelados; de los cuales se censaron 6 cautelados que pidieron agruparse con otro representante.
A la fecha el grupo de Lorena Merino Martínez incluida ésta, solo representa 4 cautelados, que forman 2 familias que se han negado a censarse; entonces, la pregunta obligada es, por qué en su arrebatada y estridente “lucha” exige y pregona que representa a 40 familias, ya que habla de 40 viviendas y solo representa a 2 familias.
Es fácil de deducirlo, quiere meter a los llamados “solidarios”, que no tienen nada que ver con esta medida cautelar y en donde figuran los 3 hermanos, Basilio, Virgilio y Benito Ramírez García, triada de hermanos presuntos hampones nacidos chilangos, pero con orígenes triquis; les llaman los “estrellados”, ya que a su padre Juan Ramírez le conocían como “Estrella”.
Sobre ellos pesa una averiguación previa, la número 1020/V.I./2013 por trata de personas, son violentos, agresivos y peligrosos. Ellos son los que promueven y dirigen la alocada carrera de Lorena Merino Martínez, le manejan las redes sociales con 100 cuentas de “twitter”, en las que permanentemente insultar sin ton ni son, tanto a instituciones como a periodistas, como a este columnista, por lo que públicamente les responsabilizo de cualquier agresión en mi contra o de mi familia.
Demandamos la intervención de la Policía Federal Cibernética, así como de los directivos de la red social Twitter, a efecto que cancele las 100 cuentas de los “troles” que realizan “campañas negras” contra las autoridades y los periodistas que denunciamos los chantajes de los grupos de triquis manipulados por Lorena Merino Martínez.
Lorena Merino Martínez es beneficiada con un local comercial, en la calle de Morelos en el centro histórico, donde vende artesanías.
Hay que recordar que se ha negado a recibir los apoyos para alimentación y también las despensas, acumulando 18 meses sin aceptar estos apoyos, con el pretexto que es poco el dinero y pocos los productos incluidos en las despensas.
Lo que sí acepta sin chistar, es el pago de renta y servicios del albergue y del local comercial en el centro histórico.
Lorena y su protesta permanente son todo un caso, no tiene fundamento como ya lo vimos; lleva años con esta forma de actuar y le ha funcionado. Esperemos que en esta ocasión, no sea así.
Y por cierto, otro caso de esta Medida Cautelar 197-10, lo representa el grupo de Reyna Martínez Flores, aunque el verdadero “cerebro” es Marcos Albino Ortiz, quien agrupa a dos de sus hermanos, ellos sí beneficiarios de esta medida cautelar, Jorge y Josefina Albino Ortiz.
Desacatando lo instruido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 18 cautelados de este grupo se han negado a censarse, mientras que otros 8 cautelados, que sí se censaron, decidieron separarse para unirse a otro grupo.
Reyna Martínez Flores y Marcos Albino usufructúan los corredores de Palacio, ocupando los arcos que van de la entrada principal hacia la calle de Flores Magón. Ella dicta quién se queda y quién se va; se sabe que ha llegado a alquilar los espacios, a propios y ajenos de esta medida cautelar.
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Alfredo Martínez de Aguilar
@efektoaguila
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