México.- La presidenta de la Cámara de Diputados en turno, Dolores Padierna Luna, emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Artículo 22 y la fracción 30 del Artículo 73 de la Constitución en materia de extinción de dominio.
Luego de darse cuenta de la recepción de 20 oficios de congresos locales que avalaron la reforma constitucional y en medio de aplausos, Padierna Luna declaró reformados dichos artículos y turnó al Senado para sus efectos constitucionales.
Los oficios recibidos son de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto.
Al fijar postura, el diputado Arturo Hernández Tapia, de Morena, advirtió que con ello dan señales de que nadie puede enriquecerse ilícitamente y sostuvo que se trata de la primera reforma constitucional que inicia y concluye esta legislatura.
Señaló que esta reforma se justifica porque en México la corrupción ha afectado gravemente el desarrollo del país y de la sociedad mexicana.
El compromiso es recuperar la confianza de los ciudadanos y que tengan la certeza que el delito se paga y que los bienes utilizados por la delincuencia pasarán a propiedad de todos los mexicanos.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cruz Juvenal Roa Sánchez aseguró que con esta declaratoria se garantiza una aplicación más eficaz de la ley para debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
Señaló que dicha figura es independiente de todo proceso penal; se manda un mensaje firme contra la impunidad y reafirmó que en su bancada continuará trabajando por un mejor país para combatir la impunidad y la corrupción.
Por el Partido Acción Nacional (PAN), Iván Rodríguez Rivera, señaló que hoy se realiza la declaratoria constitucional necesaria y confió que se pueda utilizar como pieza clave para remontar la crisis de violencia que vive el país.
La corrupción y el crimen organizaron se mueven por ambición económica y el Estado tiene todas las herramientas para cortar de tajo la acumulación de bienes en manos de los grupos delincuenciales, expuso.
La extensión de dominio, precisó el panista, persigue bienes y no personas; para eso está la acción penal y confió que se convierta en una herramienta estratégica del país para abatir la impunidad, así como debilitar eficazmente el crimen organizado y la corrupción.
Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Roberto Antonio Rubio Montejo señaló que hoy el gobierno federal tiene herramientas más efectivas para aplicar la extinción de dominio, las cuales ayudarán a disminuir los recursos de los que dispone la delincuencia organizada.
Antonio Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que su bancada está convencida de la necesidad de que los bienes producto del delito se pongan a disposición de la hacienda pública, a fin de que sirvan a las personas que hayan sido afectadas por la delincuencia de manera directa o indirecta.
En su turno, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, señaló que desde hace décadas México se encuentra inmerso en un proceso de reformas para garantizar la justicia y los procedimientos penales idóneos, y destacó que las reformas pretenden fortalecer al Poder Judicial y combatir el crimen organizado.
Por el Partido del Trabajo (PT), Ángel Benjamín Robles Montoya señaló que hoy se declara la validez de la primera reforma constitucional del sexenio y señaló que la declaratoria surge de un proceso de trabajo conjunto y celebró los 20 votos reunidos y, en especial, del Congreso de Oaxaca.
