México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a enfrentar el reto de impulsar políticas públicas para reducir las desigualdades económicas, sociales y de género, con el fin de garantizar la libertad.
Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, la CNDH informó que la pobreza no es sólo un indicador de la situación económica de un país, sino un asunto de dignidad humana.
Por ello, hizo un llamado al Estado mexicano para que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y adopte medidas para acabar con la pobreza y la desigualdad, a fin de construir un país donde las garantías y la dignidad sean plenamente respetadas.
Dijo que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para el periodo 2008-2016, el ingreso en los hogares no ha permitido mejoras permanentes en el bienestar de las personas.
Esto se debe a que 62 millones cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, tienen dificultades para asumir los costos inherentes a su alimentación, vestido, salud, vivienda, educación y servicios básicos.
En su informe Pobreza y Género en México: Hacia un sistema de indicadores. Información 2010-2016, señala que por cada 100 hombres ocupados que contaban con beneficios de seguridad social por su trabajo, sólo 62 mujeres con trabajo se encontraban en la misma situación.
Esta diferencia se acentúa entre la población en condición de pobreza, ya que por cada 100 hombres ocupados y con seguridad social, solo 49 mujeres con empleo contaban con ella.
Por ello, para la comisión nacional es innegable que la marginación y la pobreza extrema afectan de forma distinta a la población, al considerar el área en que residen –urbana o rural- o sus características sociodemográficas.
Explicó que el ejercicio de los derechos de ciertos grupos de población como son indígenas, mujeres, jóvenes y personas con alguna discapacidad se encuentra sistemáticamente comprometido.
La CNDH insistió en que la participación del sector privado, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los representantes del sector empresarial y de las personas trabajadoras, es fundamental para alcanzar los objetivos previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El organismo precisó que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, mediante la resolución A/RES/62/10, el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, conmemoración que busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y decente.
En esta fecha, la CNDH reitera su preocupación al advertir que América Latina y el Caribe son la región más desigual del mundo, ya que el reciente informe Panorama Social de América Latina 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que hay 182 millones de personas en situación de pobreza y 63 millones en pobreza extrema.
