* Además de imponer en DH a uno de los efebos del principal financiero de las aventuras político-electorales de Gabino Cué, el Padre Uvi y don Flavio tejieron una telaraña con organizaciones indígenas y sociales.
* Anabel López Sánchez y Yésica Sánchez Maya, pseudo feministas y pseudo defensoras de los derechos humanos son exhibidas de manera documentada como probables corruptas que lucran con las mujeres pobres.

Afirmar que la partidocracia, la vieja y nueva “mafia del poder” del PRIAN y, ahora, del PRIMOR, sigue pudriendo a las instituciones nacionales, es una verdad que no necesita ser demostrada.

A los partidos les pudrieron, a su vez, las mafias cupulares, grupos, clanes y tribus. Y a los hombres y mujeres de estas mafias les prostituyó el poder y el dinero desde la cofradía de la mano caída.

Las diversas iglesias cristianas, todas, pero sobre todo el ala radical izquierdista de la iglesia católica, seguidora de la Teología de la Liberación con su opción preferencial por los pobres.

Curiosa y extraña coincidencia al igual que el principal postulado de la 4T, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Partido Morena: “Primero los pobres”. ¡Ajá!

No hay que pasar por alto que el líder vitalicio del Movimiento de Regeneración Nacional es cristiano pentecostal. De corte mesiánico fundamentalista al igual que sus incondicionales.

Nada de extraño tiene, entonces, que varios de sus operadores político-electorales durante 18 años, hoy funcionarios, provengan de las comunidades eclesiales de base de la teología indígena.

Hábil y perversamente desde la década de los 70 –¡otra infeliz coincidencia que inició la destrucción de Oaxaca!-, se ideologizó el mensaje salvífico del Evangelio y formó activistas.

Tras medio siglo, finalmente, tomaron por asalto pseudo democrático el poder presidencial. Antes realizaron varios ensayos exitosos, gracias a los pactos con los más corruptos del PRI-gobierno.

A cambio de impunidad se pactó el triunfo de la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.

Al pagar los favores político-económicos, se entregaron cuotas en la integración del gobierno de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso a los cuates “fifís” de la infancia y a los “revolucionarios”.

Personajes siniestros de infausta memoria como el Padre guerrillero Uvi, y el saltimbanqui Don Flavio, se agandallaron el control del órgano autónomo de la defensa de los derechos humanos.

Romualdo Francisco Wilfrido Mayrén Peláez y Don Flavio crearon desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado la Defensoría de Derechos Humanos.

Para devolver los favores en el financiamiento de la campaña de Gabino Cué y de ellos mismos impusieron en la Defensoría de los Derechos Humanos a Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

Pero, además de imponer a uno de los efebos del principal financiero de las aventuras político-electorales de Gabino Cué tejieron una sólida telaraña con diversas organizaciones sociales.

Aparece en este frente, salpicado con agua bendita, la alianza y complicidad con organizaciones indígenas, dirigidas por "indigenólogos" como Adelfo Regino Montes y Hugo Aguilar Ortiz.

Otro bloque de activistas son las dirigentes pseudo feministas y supuestamente defensoras de los derechos humanos. Unos y otras lucran con la miseria e ignorancia del más del millón de pobres.

Ello explica con toda claridad, por un lado, que la tribu de Flavio y Horacio Sosa en Morena, el prestanombre Arturo de Jesús Peimbert Calvo y Yésica Sánchez Maya busquen tirar al Fiscal.

Por otro lado, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, pretendiera imponer a la ex directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, como titular del Inmujeres.

El gol que pretendía meter el director general del INPI a la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en autogol al ser exhibida la probable corrupción de Anabel López Sánchez.

De acuerdo con la información financiera del Instituto de la Mujer Oaxaqueña durante el periodo de Anabel López Sánchez como directora -cuota del gobierno de Cué a dicha organización-, dicha institución pagó a Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad 17 millones de pesos por concepto de consultorías y contratos para cursos de capacitación, cuyo objetivo era combatir la violencia de género. La asignación irregular de contratos fue hecha en forma directa por decisión de López Sánchez.

Así, mientras la violencia de género en el estado de Oaxaca creció exponencialmente durante la administración de Gabino Cué, -según las propias cifras de Consorcio hubo 527 mujeres asesinadas-, la crítica durante este periodo fue inexistente, mucho menos hacia el IMO, lo cual se explica porque la persona al frente de dicho Instituto provenía de Consorcio, y porque Jorge Castillo -operador político del exmandatario oaxaqueño- aprobaba los millonarios recursos para dicha asociación a cambio de su ominoso silencio durante este periodo.

Hoy, dicha organización de la sociedad civil, comandada por Yésica Sánchez Maya y la misma Anabel López Sánchez, es la misma que asesora a mujeres víctimas de violencia en sus denuncias en contra del propio gobierno del Estado. Menuda paradoja que quienes durante años abonaron a programas y capacitaciones inexistentes en materia de género, ahora sean las primeras que sostengan las denuncias respecto al mismo flagelo que ellas contribuyeron a generar.

Sin importar nada de eso, hoy Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad guarda silencio sobre el financiamiento indebido que obtuvo durante el periodo de Cué y sobre su contribución silenciosa a la violencia de género, y se aprovecha de la buena fe de otras organizaciones a las que han pedido respaldo en sus acciones amañadas de denuncia, e incluso a través de ello pretenden utilizar las siglas y la influencia del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para obtener su respaldo a favor de la candidatura de López Sánchez a la titularidad del Instituto Nacional de las Mujeres, cuestión que trabajó desde la oficina del titular del INPI, Adelfo Regino Montes, ya que López Sánchez fue nombrada por su ex compañero de gabinete en el sexenio de Cué, como subdirectora general del nuevo organismo nacional de atención a las comunidades indígenas.

No hay correspondencia entre el supuesto compromiso institucional a favor de la erradicación de la violencia de género, y la forma en la que las dirigentes de esta organización pretenden seguir lucrando con uno de los temas que más preocupa y lastima a la sociedad mexicana: la creciente violencia en contra de las mujeres.

Detrás de la noticia

Alfredo Martínez de Aguilar

[email protected]

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@efektoaguila

Las opiniones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien la escribe y no reflejan necesariamente la línea editorial de este medio.

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