México.- La vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, pidió que se reconsidere la propuesta para que los cuerpos de seguridad privada auxilien al gobierno en tareas de vigilancia pública, como lo contempla el dictamen de la Guardia Nacional, puesto que esas organizaciones se podrían convertir en un riesgo para el Estado mexicano.
Juárez Piña advirtió sobre el grave problema que implica una mayor presencia de empresas militares privadas en el territorio nacional.
"La posibilidad de la normalización de la actuación de las instituciones militares en la seguridad pública, a través de la creación constitucional de una Guardia Nacional militarizada, implica la agudización de la situación de la violencia en México, debido a la continuidad de las políticas en la materia", afirmó.
La diputada perredista consideró que siendo necesaria la contratación de servicios adicionales de seguridad privada para algunos actores, es urgente regular su operación en el país, "de tal manera que no se ponga en riesgo al Estado y su viabilidad, debido al carácter militar de esas empresas".
Dijo que "la ONU considerada como mercenarias a ese tipo de empresas, además de que atentan contra la soberanía de los Estados en donde operan, dado que constituyen verdaderos ejércitos al servicio del sector privado".
Recordó la violencia, las masacres y la represión que se han presentado en México en el pasado por ese tipo de organizaciones, como las guardias blancas o grupos paramilitares al servicio de compañías privadas, particularmente las petroleras extranjeras, terratenientes o caciques.
"La historia y los antecedentes de este tipo de compañías resultan bastante cuestionables, ya que se integran con elementos que tienen conocimientos en operaciones, técnicas de seguridad, experiencia en aviación y programas de seguridad, además de manejo de helicópteros y otras naves", precisó.
"Es por ello que nos preocupa de manera importante la simulación de un proceso de discusión sobre la iniciativa para la Guardia Nacional, cuando se anuncia el enrolamiento de jóvenes y sus operaciones sin ningún sustento legal, en contra de todas las opiniones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos y las instituciones académicas", indicó.
