México.- El diputado federal Santiago González Soto impulsa reformas a los Artículos 9 y del 91 al 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de garantizar derechos laborales y seguridad social a los reclusos que trabajan en centros de readaptación social.
El legislador del Partido del Trabajo (PT) señaló que el Estado mexicano ha desamparado los derechos de los presos y dio a conocer que los centros penitenciarios estatales albergan 111 mil 214 hombres y mujeres, integrantes de la comunidad carcelaria laboral.
Indicó que la reforma establece que se asegurará de manera enunciativa y no limitativa la relación laboral, la cual atenderá las características particulares de los detenidos, en el marco de las condiciones de operación del centro penitenciario.
González Soto precisó que para tener acceso a la seguridad social y ésta beneficie a sus familiares, el recluso deberá encontrarse en calidad de procesado o si cuenta con sentencia condenatoria, su delito tiene que ser no grave.
Subrayó que cada empresa que genere empleos en el interior de la cárcel establecerá una relación laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo, atendiendo la situación jurídica del confinado, vínculo que se podrá llevar a cabo a petición del reo y con la aprobación de la empresa y el centro penitenciario.
El diputado agregó que la compañía hará evaluaciones de desempeño y resultados para el apoyo y promoción del trabajador al ser puesto en libertad, con lo que se lograrán así los fines de la reinserción social.
Señaló que el patrón proveerá obligatoriamente el acceso a la seguridad social del encarcelado y sus beneficiarios; además, se le notificará de manera mensual sobre las ganancias o salarios.
“Previas deducciones que por razón de seguridad social e impuestos le sean descontados, el reo podrá disponer de las ganancias o salarios que se acumulen a su favor en la cuenta, para destinar el porcentaje que indique la reparación del daño”, apuntó.
González Soto consideró que actualmente la reinserción social no ha dado resultados, pues quienes han obtenido la libertad vuelven a prisión por delinquir, lo que implica una problemática y una señal de que el sistema de reinserción requiere cambios.
