México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijó su posicionamiento con relación al proceso de discusión para la reforma a diversos artículos de la Constitución Política para redefinir la integración, organización y atribuciones de la Guardia Nacional.
La CNDH consideró que sería deseable el establecimiento de un grupo o panel de análisis especializado y plural que revisara la evidencia objetiva y concreta que sustentara la viabilidad y pertinencia de la reforma que se plantea, cuyas consideraciones aportaran elementos para construir un esquema de seguridad pública.
Si se acepta y reconoce la necesidad temporal de la participación de Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, se prevé una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales.
Lo anterior a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias.
En un comunicado, consideró que la utilización de Fuerzas Armadas no es la solución para los problemas de violencia e inseguridad que se enfrentan, sólo es una parte de la misma.
Destacó que el replanteamiento de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que se enfrenta y considera que generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos.
Apuntó que no se opone a la participación temporal y extraordinaria de Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas y llama la atención sobre la necesidad de que tal participación se regule objetiva y pertinentemente, partiendo de tales premisas.
“Si bien no considera que tal cuestión sea deseable, este organismo nacional ha sostenido de manera reiterada que ante la situación de inseguridad, violencia e impunidad que existe en diversas regiones del país es necesaria tal presencia a efecto de contrarrestar las actividades del llamado crimen organizado”.
Sobre todo, agregó, “ante la falta de recursos y capacidades para tal efecto por parte de las policías civiles y la frecuente penetración y toma de las mismas por parte de las referidas organizaciones delictivas”.
Advirtió además que “por mejor capacitado que esté un cuerpo que asuma funciones policíacas, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles.
“Si no establecemos mecanismos para garantizar que la aplicación de la ley no sea discrecional o negociable sino un principio irrenunciable”, advirtió.
Agregó que las políticas públicas y normas que no se formulen bajo un enfoque integral, sustentado en el respeto de los derechos humanos, producirán resultados parciales, pudiendo tener una incidencia en el abatimiento de la violencia directa, pero sin trascender a la solución de las causas estructurales de la misma.
