El presidente López Obrador de manera intencional, no fue un error administrativo, se quiso imponer a los gobernadores otorgando, a los llamados superdelegados, oficialmente coordinadores de Programas para el Desarrollo, responsabilidades en materia de seguridad que violentan el pacto federal.
Ellos, en la decisión del presidente, serían los responsables de convocar a los gobernadores a las reuniones del Consejo Estatal de Seguridad y de coordinar la participación de las dependencias federales y estatales en esa materia.
Éstos, a finales de noviembre, mandaron un oficio citando a los gobernadores a la reunión de instalación del consejo a celebrarse el dos de diciembre. La medida violentaba la Constitución de la República.
La mayoría de los gobernadores, los de Morena se alinearon, se resistieron a la medida. Unos no se presentaron a la cita y tampoco ningún funcionario de su gobierno y en otros casos enviaron a un representante.
El pasado martes, en la primera reunión del presidente con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), celebrada en Palacio Nacional, los mandatarios estatales plantearon a López Obrador su inconformidad con esta medida.
El presidente, ante la presión de los gobernadores, dio marcha atrás a su decisión y quedó claro que la responsabilidad de la seguridad en los estados es de los mandatarios locales.
Los superdelegados que, en la visión del presidente, tendrían enormes responsabilidades en materia de la seguridad estatal ya no tendrán ninguna. De acuerdo con la Constitución y el pacto federal esa función la mantienen los gobernadores.
Ahora, el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana será, en acuerdo con los gobernadores, quien nombre al responsable de la coordinación federal de seguridad que participa en el consejo estatal, quien actuará como secretario técnico del mismo.
Se acordó también que el perfil de estos funcionarios sea el de técnicos especializados en la materia y no de políticos como tienen los actuales superdelegados. Ahora éstos podrán asistir a los consejos, pero solo para informarse y ya no tendrán ninguna responsabilidad.
El presidente, al dar marcha atrás a una decisión, resuelve una de las principales preocupaciones que tenían los gobernadores en su relación con la federación. El acuerdo acota las atribuciones del superdelegado que sigue siendo una figura cuestionada que, en principio, violenta la Constitución.
Los gobernadores, no los de Morena, han expresado con claridad que el gobierno federal debe respetar a los estados y a los gobernadores electos por el voto popular. Y también han dicho que se debe poner fin al centralismo y evitar que todas las decisiones las tome el gobierno federal. Ya se verá.
Rubén Aguilar Valenzuela
Twitter: @RubenAguilar