México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) gestionó que dos migrantes de origen hondureño que fueron indebidamente detenidos por policías municipales, fueran reintegradas con sus respectivas familias.
La CNDH logró que se salvaguardara el derecho a la unidad familiar de las personas migrantes, ya que la separación de niñas, niños y adolescentes de sus madres y padres puede colocarlos en riesgo y provocarles daños físicos y psicológicos, se informó en un comunicado.
De acuerdo a los hechos, el migrante hondureño acudió a una tienda de abarrotes en compañía de su esposa y sus dos hijas menores de edad, donde fue detenido por elementos policiales, conducido a la Estancia Municipal de Infractores de Tijuana y presentado ante dos jueces municipales.
Ante ello, visitadores adjuntos de la CNDH acudieron a la Estación Migratoria para observar que las autoridades de la misma respetaran los derechos fundamentales de esa persona, recibiera trato digno y se le proporcionara información sobre su situación jurídica.
Además se solicitó verificar el contexto en que fue detenida y se expuso la vulnerabilidad que enfrentaría su familia en caso de que se le iniciara el trámite de deportación correspondiente.
Autoridades del INM reconsideraron la situación y determinaron su liberación, lo que facilitó su regreso al albergue y reintegración al núcleo familiar.
En el segundo caso también se brindó acompañamiento y asesoría jurídica a un ciudadano hondureño en contexto de movilidad, quien refirió que su pareja fue detenida por personal de la Policía Municipal, lo que provocó que las hijas de dicha mujer, de cuatro y seis años de edad, quedaran en situación de indefensión.
La CNDH solicitó al INM reconsiderar la detención de esa persona, con base en el principio del interés superior de la niñez y su derecho a la reunificación familiar, por lo que se le permitió salir de la estación migratoria y reintegrarse al albergue ubicado en la Unidad Deportiva con sus dos hijas y su pareja.
La CNDH resaltó que continuará con sus actividades de protección y asistencia a las personas de la caravana de migrantes para observar que las autoridades cumplan sus funciones con apego a la ley y respeto a los derechos fundamentales.
Ello “haciendo énfasis en que la única instancia facultada para verificar la situación jurídica de las personas extranjeras en nuestro país es el Instituto Nacional de Migración”.
