México.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se alista para discutir este lunes el dictamen sobre reformas constitucionales para modificar la figura de la consulta popular e introducir la de revocación de mandato.
De acuerdo con al proyecto de dictamen que cuenta con el respaldo de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social, la consulta popular se realizará una vez al año, el primer domingo de julio y será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En tanto que el proceso de revocación de mandato se llevará a cabo el mismo día de la jornada electoral federal (en 2021) en la que sólo se elijan diputados federales y podrá ser solicitada ante alguna de las cámaras del Congreso de la Unión durante el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura.
La revocación del mandato del presidente de la República será determinada por mayoría absoluta de votos a favor de la revocación, siempre que concurra al menos 40 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal y para el cálculo del porcentaje de participación y del resultado contarán los votos nulos.
Cuando sea determinada la revocación por el INE, el presidente de la República contará con un plazo de 30 días naturales para impugnar dicha declaratoria, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En caso de que la determinación de revocación realizada por el Instituto Nacional Electoral no sea impugnada, o una vez resuelta la impugnación de la misma en sentido negativo por la Sala Superior del TEPJF, ésta declarará la revocación de mandato del primer mandatario, quien cesará en sus funciones en un plazo improrrogable de 60 días hábiles.
Durante este plazo se procederá a nombrar un presidente sustituto.
En el caso de la consulta popular, podrá ser solicitada por el presidente de la República, el equivalente a 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión o los ciudadanos, inscritos en la lista nominal de electores, en un número equivalente, al menos, a 33 por ciento de los votos válidos emitidos en la elección en la que el jefe del Ejecutivo federal hubiera obtenido su triunfo.
El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación de estos requisitos y su legalidad así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
El documento firmado por el diputado del PT, Silvano Garay, explica que la resoluciones del INE podrán ser impugnadas.
No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral.
Tampoco las tasas impositivas y los montos del financiamiento público; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas salvo las excepciones determinadas en la ley.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta y la procedibilidad de las excepciones.
El dictamen establece que al resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, la SCJN deberá interpretar las disposiciones constitucionales en la materia conforme a lo que resulte más favorable al derecho político a la consulta popular, en su carácter de derecho humano, y a la efectividad de su ejercicio, sobre todo cuando la consulta se convoque a petición de los ciudadanos.
No obstante, la bancada de Morena llevará propuestas al dictamen que habrán de ser sometidas mañana durante su discusión.
