PRD propone que Senado designe al fiscal general
Foto: Agencia Notimex

México, 13 Nov (Notimex).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado planteó que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien proponga la terna para ocupar la Fiscalía General de la República y que sea la instancia legislativa la encargada de designar al titular y definir las causales de su remoción, “para así dar certeza jurídica a las instituciones”.

En entrevista, el vicecoordinador de ese instituto político en el Senado, Juan Zepeda Hernández, consideró que la propuesta de Morena sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República tiene inconsistencias en su contenido, faltas en especificación de conceptos y facultades, incluso fallas en la redacción.

Expuso que la reforma que desaparece la actual Procuraduría General de la República (PGR) para crear la nueva Fiscalía General tiene una evidente falta de técnica legislativa y no existe la voluntad de enriquecer una propuesta con la visión de las demás fracciones.

“No veo que haya la voluntad política de realmente resolver de fondo este nombramiento. Esto no es enriquecer el dictamen con la visión de otros grupos parlamentarios”, pues –dijo— incluye obviedades, como que el titular debe ser de origen mexicano por nacimiento.

Zepeda Hernández recordó que el PRD presentó una iniciativa que busca dotar de autonomía política a la Fiscalía General y que salga totalmente del ámbito de influencia del titular del Ejecutivo federal.

“Nosotros proponíamos un modelo con una estructura interna que garantice su autonomía con una serie de requisitos”, entre ellos, fiscalías especializadas, un defensor de Derechos Humanos como requisito indispensable, incluir la figura de un visitador general y un representante del Consejo Ciudadano, refirió.

Por ello, puntualizó, que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien proponga a la Cámara Alta la terna y su vez, sea el Senado de la República quien designe al fiscal general y las causales de remoción, “para así dar certeza jurídica a las instituciones”.

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