México.- La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, presidida por la morenista Irma Juan Carlos, recibió de la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Taulli-Corpuz, un Informe en la materia, a fin de conjuntar esfuerzos en pro de la defensa de ese sector de la población.
La legisladora resaltó la importancia de asignar recursos presupuestales suficientes para atender las necesidades de los pueblos originarios, de otra forma, será muy difícil subsanar la deuda histórica que se tiene con ellos por las carencias y pobreza que sufren.
Por ello, solicitó tener en consideración esta situación frente a la aprobación del Presupuesto 2019.
Destacó la relevancia de consultar a las comunidades indígenas para tener su consentimiento sobre proyectos de desarrollo a implementarse en sus territorios, y que su opinión sea requisito para concretarlos, porque históricamente se realizan megaproyectos y “no tenemos participación ni siquiera de opinar”.
Durante la reunión, el diputado perredista Manuel García Corpus sostuvo que atender a los indígenas es prioridad en México, a fin de alentar una nueva relación con el Estado, basada en la igualdad, respeto y la no discriminación.
En tanto, el legislador Juan Martín Espinoza Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, señaló que por la corrupción no llegan los recursos a las comunidades originarias y celebró que el próximo gobierno federal inicie un nuevo procedimiento para atender a ese sector.
Por Morena, Javier Manzano Salazar expresó su preocupación por que intereses oscuros alientan la desunión de las comunidades provocando enfrentamientos que derraman sangre, y urgió impulsar una reforma constitucional para reivindicar los derechos fundamentales de los pueblos autóctonos.
De la misma bancada, el legislador Gonzalo Herrera Pérez lamentó que los indígenas sean sorprendidos por pseudolíderes que abusan y sólo alientan enfrentamientos por la tenencia de la tierra, incluso pierden la vida por esos conflictos en la región purépecha en Michoacán.
Por el Partido del Trabajo (PT), la diputada María Roselia Jiménez Pérez sostuvo que es momento de legislar en favor de los pueblos autóctonos y hacerles justicia, ya que “todavía sufren discriminación, barbarie y muerte, siguen comiendo frijol, tortilla, chile y sal, todos los días”.
Juan José Canul Pérez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), urgió a mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios, ya que los recursos no llegan para atender sus necesidades básicas.
“Con rencores, venganzas y politiquerías no vamos a avanzar mucho, lo importante es devolverles la riqueza de la que han sido despojados, cuyas mejores tierras se han vendido a precios de risa”, aseveró.
En tanto, Victoria Taulli-Corpuz, relatora especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, se pronunció por mejorar las leyes discriminatorias y señaló la necesidad de diseñar reformas legislativas para que los indígenas sean sujetos de derecho y accedan a la justicia y recursos, y no víctimas de la impunidad ni se les criminalice.
Recomendó que participen en diseñar el tipo de desarrollo que requiere en sus comunidades, mediante la consulta de las estrategias susceptibles a aplicarse, además de garantizar los derechos humanos y culturales de las mujeres, que sufren violencia y son víctimas de feminicidios.
Después de escuchar a los diputados de distintas bancadas, reconoció su disposición política y compromiso para resolver la problemática de esta población y confió en que se hagan los cambios legislativos necesarios para lograrlo.
“Espero que el nuevo gobierno realmente cambie y transforme la vida de los pueblos indígenas; se lo debemos porque son las personas originarias de esta tierra y la han mantenido en mejor condición que las manejadas por el gobierno, ya que las más importantes selvas y diversidad cultural se encuentran en esas comunidades”, subrayó.
En su intervención, Adelfo Regino Montes, próximo titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, resaltó la importancia del informe de la relatora especial de las Naciones Unidas, cuyas recomendaciones serán atendidas por el nuevo gobierno federal, a partir del 1 de diciembre, además coadyuvará a conformar una agenda legislativa en apoyo a ese grupo poblacional.
