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Combate al secuestro y robo vehicular, prioridad regional

Por: Alfredo Martínez de Aguilar | 04 de octubre, 2018 - 06:03 | Opinión |

* Oaxaca es tierra de secuestros de empresarios, de abogados de narcos y del ex Director del Consejo Médico Legal y Forense, Luis Mendoza Canseco, en algunos casos por jefes policíacos no oaxaqueños.

* Procuradores y Fiscales aprobaron crear el Centro Nacional de Apoyo Técnico al Combate Contra el Secuestro, a propuesta de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

A la par que el narcotráfico, el secuestro es uno de los delitos de alto impacto más cometidos por la delincuencia organizada. Su repercusión personal, familiar y social, es totalmente devastadora.

Su realización desborda la crueldad más brutal hacia las víctimas entre amenazas, golpes, sometimiento, aislamiento y violencia extrema, incluyendo violación sexual multitudinaria.

Sus consecuencias representan, por tanto, una amenaza a la estabilidad de la población en general. Hoy por hoy, nadie está exento de ser secuestrado por unos cuantos miles de pesos.

Su propósito es la obtención de recursos económicos a cambio de la libertad de la persona secuestrada; muchas veces esta libertad es “vendida” a cambio de otras situaciones.

El secuestro da pauta a la comisión de otros delitos, como sería el tráfico de menores o la trata de personas, para incorporar a los hombres como sicarios a los cárteles y prostituir a las mujeres.

Las grandes sumas de dinero obtenidas han provocado la proliferación de organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita, convirtiéndose en una verdadera industria delictiva nacional.

Al fin laboratorio político nacional y continental, Oaxaca es tierra de célebres raptos como el secuestro de empresarios, presuntamente por grupos armados vinculados a la desaparecida ETA.  

O bien, el secuestro de abogados de narcotraficantes y del propio ex Director del Consejo Médico Legal y Forense, mi querido maestro Luis Mendoza Canseco, por jefes policíacos no oaxaqueños.

Dada la trascendencia social del combate al secuestro, los Fiscales Generales de la Zona Sureste, refrendaron el compromiso de impulsar las acciones pendientes de cumplir respecto a la Estrategia Nacional Antisecuestro, informadas por la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Los Procuradores de justicia y Fiscales aprobaron la propuesta de la Dirección General del Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para crear el Centro Nacional de Apoyo Técnico al Combate Contra el Secuestro.

El Vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, informó los resultados que arrojaron las mesas de trabajo de la “Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2018 Zona Sureste”.

Destacó que este año en Oaxaca, se ha logrado reducir la incidencia de este tipo de delitos en más del 40 por ciento con respecto a 2017, puntualizó que este año se han presentado 20 casos, mientras que el año pasado fueron 58.

Se han desarticulado dos bandas dedicadas a este tipo de actividades ilícitas, en septiembre en sólo dos semanas se logró la resolución exitosa de dos casos. También se ha logrado la liberación de 23 personas.

En las instalaciones centrales de la Procuraduría General de la República, el fiscal oaxaqueño comentó otros temas emanados de este encuentro tales como: la propuesta de reformas en materia de delitos electorales por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Otro de los temas que se abordaron fue el “Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información sobre Vehículos Robados, Datos para su Recuperación y Devolución”, expuesto por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, el cual fue socializado y enriquecido con los comentarios de las instituciones de procuración de justicia de la zona.

Por su parte, el Fiscal General del Estado de Veracruz habló de la necesidad de modificar la actual redacción del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la parte relativa a la prohibición de la Fiscalía de poder ofrecer medios de prueba para ser desahogadas en la audiencia inicial.

La Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, propuso dar seguimiento a la integración de un diagnóstico a nivel nacional que permita identificar los estándares de atención en materia de violencia contra las mujeres, a fin de elaborar una guía metodológica para la implementación de los lineamientos de Calidad para la Atención Ministerial de la Violencia contra las Mujeres.

Los integrantes de la Zona tuvieron por presentado el avance en la implementación del Sistema de Gestión de Información y la Base de Datos AM/PM a nivel nacional, a efecto de continuar con la capacitación de servidoras y servidores públicos, e instalar el sistema en las entidades que aún no cuentan con él, así como consolidar las bases de datos estatales que ya estén siendo alimentadas.

También, el compromiso de impulsar las acciones necesarias en coordinación con las instancias competentes de la federación para el cumplimiento de los Acuerdos mandatados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como del avance en el ejercicio de recursos del FASP 2018, es otro de los puntos.

Se informó que se realizó la Reunión Nacional de Enlaces y Fiscales de Élite en Litigación Estratégica en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Y se dio cuenta que a través de una plataforma digital, los fiscales de élite de cada una de las fiscalías generales de la Zona intercambien información, además que establezcan y proyecten las mejores prácticas en materia de investigación y procuración de justicia que contribuyan a la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Los Fiscales Generales integrantes de la Zona Sureste, refrendaron el compromiso de impulsar las acciones pendientes de cumplir respecto a la Estrategia Nacional Antisecuestro, informadas por la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Se acordó que el INEGI continúe con el desarrollo e implementación de los Censos Nacionales en materia de Procuración de Justicia; y el diseño, prueba e implementación del Registro Electrónico Homologado para la consolidación del registro administrativo de las Carpetas de Investigación.

Asimismo, el Observatorio Nacional Ciudadano presentó una propuesta en cuanto al Mecanismo de Supervisión y mejora del cumplimiento de los acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

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Alfredo Martínez de Aguilar

alfredo_daguilar@hotmail.com

director@revista-mujeres.com

@efektoaguila

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