Miami.- Grupos de derechos civiles fustigaron el plan del Gobierno Federal que busca endurecer requisitos para la residencia permanente a los inmigrantes legales que reciban ayuda federal de salud, vivienda y alimenticia. Fue calificado como un “ataque” y un “castigo” a esta comunidad y sus familias.
“El objetivo es castigar a los inmigrantes de una u otra forma y de culparlos por los problemas que tiene el país, es parte de su agenda de reducir la migración legal y es una medida puramente antiinmigrante”, dijo Jonathan Friedman de la organización We Count!
“Aquí va a afectar a muchos cubanos y muchos otros inmigrantes latinoamericanos que viven en Florida”, dijo el activista al señalar que “la triste verdad es que esta economía depende del trabajo de la comunidad inmigrante y si los trabajadores recibieran un sueldo justo tal vez no necesitarían estos beneficios”.
La Administración de Trump anunció la medida el pasado fin de semana como parte de un plan que busca reducir la carga pública a las arcas del Estado.
El cambio podría obligar a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública para comida y vivienda a hacer una elección difícil entre aceptar ayuda financiera y buscar una tarjeta verde para vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos.
En un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, dijo que según “la ley federal de larga data, aquellos que buscan emigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente".
“Este cambio es un ataque contra las familias inmigrantes que perjudica a las familias más humildes que tanto trabajan y tan poco reciben”, señaló por su parte María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
“No sabemos todavía las reglas, no están muy claras, pero si no tuvieran la necesidad estos inmigrantes de estos programas de alimentos no tendrían que depender de ellos. Son programas importantes y valiosos”, agregó Rodríguez.
Bajo este plan se renovaría una ley migratoria de larga data que permitiría para su decisión a un funcionario migratorio revisar en sus consideraciones el uso de un gran número de beneficios de fondos públicos en salud, nutrición, vivienda y seguridad económica de familias de bajos ingresos.
Existe una herramienta para la población donde puede opinar sobre el asunto y María Rodríguez dijo que una vez que se publique la regla “tenemos 60 días y tenemos que hablar fuerte y contundente en contra de este cambio que es un ataque contra las familias inmigrantes y perjudica a las más humildes que tanto trabajan y tan poco reciben”.
