* Disfrazadas como “cooperativas” transportistas han explotado a sus trabajadores, a través de la evasión de impuestos, mediante el “outsourcing”.

* ¿Y la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT de la Secretaría de Hacienda y la Unidad Especializada en Investigación de Lavado de dinero de la PGR?

La simulación, elemento indispensable de la escandalosa corrupción que caracteriza a México, ha hecho mucho daño a la nación. Ambas corrompieron la política y la administración pública.

En otras palabras, a querer o no, guste o no leerlo, pudrieron el alma de México y con ello el alma de los mexicanos y oaxaqueños. Se facilita hacerlo al saber que todos tenemos un precio.

La complicidad, es vil hipocresía. En eso se traduce el encubrimiento. Es cinismo mayúsculo, engaño y burla. En política da lugar al gatopardismo en el cambio para que nada cambie.

Es recompensar y pagar favores políticos a grupos con nombramientos y negocios en la administración pública. El fenómeno se hace extensivo al orden federal, estatal o municipal.

El disimulo en la administración pública afecta los diversos órdenes de gobierno. Llega al extremo de complicar de manera permanente los diversos trámites, contrariamente a la simplificación.

A diferencia del resto del mundo, en México hasta para pagar impuestos es sumamente complicado. Sin ampliar la base tributaria la recaudación aumenta por el terrorismo fiscal.

Las víctimas siempre son las mismas. Los causantes cautivos terminan pagando la simulación y corrupción de los gobiernos en turno. Éstos amparan y protegen la economía informal.

Millones de vendedores ambulantes, taxistas y mototaxistas “piratas” cuentan en el país con el apoyo de gobernantes, políticos y funcionarios. Son carne de cañón clientelar de los partidos.

Al mismo tiempo, son grupos de presión y de “choque” de los propios gobiernos e instrumento de chantaje a los regímenes en el poder. Ahí están los transportistas de la CTM y el Sindicato Libertad.

A propósito de la perversa maniobra para joder al pueblo, una vez más, con el nuevo aumento a la tarifa del servicio de transporte urbano y suburbano, es imperioso denunciar las complicidades.

El ejemplo más claro, concreto y próximo en el Gobierno de Oaxaca, es el de la ahora Secretaría de la Movilidad (Semovi) hasta antes del 18 de julio Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra).

Al igual que en el pasado, el llamado popularmente “pulpo camionero” sigue siendo propietario de esa dependencia como antes lo fue de la Secretaría del Transporte (Setran), de triste memoria.

¡Qué más da que los servidores públicos de ayer hayan sido Aurora López Acevedo o bien, que actualmente lo sea Alejandro Villanueva López! Es la misma gata, pero revolcada. Simulación pura.

El mesianismo populista del, ahora sí ya, presidente electo, Manuel Andrés López Obrador, ha puesto de moda hipócritamente el supuesto sentido común, a través de las consejas populares.

El buen juez por su casa empieza, suele repetir hasta el cansancio el engañabobos Mesías Tropical. La pregunta obligada en el caso de Semovi, es: ¿Se puede ser buen juez siendo parte interesada?

A los ingenuos, escépticos y a quienes ignoren quiénes son Aurora López Acevedo y Alejandro Villanueva López recordamos que los dos son destacados integrantes del “pulpo camionero”.

Acaso tenemos tan poca memoria colectiva que ya olvidamos que la ahora, diputada local plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México, es socia de la empresa “Choferes del Sur”.

Por cierto, esta última empresa, disfrazada durante muchos años bajo la figura de “cooperativa” ha explotado inmisericordemente a sus trabajadores, a través del esquema “outsourcing”.

Indispensable es recuperar la memoria para recordar a nuestros queridos lectores que el genio fiscal Eligio Hernández Carrillo, padre del outsourcing, diseño el esquema de evasión fiscal.

Y qué dice a todo esto en las empresas transportistas apá, la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

¿Y los sabuesos de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es decir, lavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR)?

Y en el caso de Alejandro Villanueva, su padre y su tío Moisés, según se dice, son “prestanombres” en la empresa Servicio de Transportación Express de Antequera (Sertexa). ¡Imagínese, querido lector!

Recientemente otros camioneros han sido incorporados como servidores públicos en altos mandos en algunas otras importantes secretarías relacionadas con el desarrollo de Oaxaca.

A la luz de estos hechos, obligado es preguntar: ¿Poner la Iglesia en manos de Lutero coadyuva realmente a la solución de los problemas del transporte, hoy pomposamente llamado movilidad?

¡Claro que no! De ninguna manera, por el contrario, el binomio simulación-corrupción, no solo complica los problemas del transporte-movilidad, sino que los agrava, por los intereses creados.

Entendible, jamás justificable que se premie a los concesionarios que monopolizan las empresas del transporte urbano y suburbano en Oaxaca. Amor con amor se paga, dice el sumo sacerdote.

Nada de extraño tiene en tales condiciones que la nueva zarina del transporte Martha Alicia Escamilla León, una y otra vez, sea postulada candidata del Partido Revolucionario Institucional.

O bien, que empresarios que probablemente trafican con combustible robado hayan sido incorporados al lado de flotilleros del transporte a la actual administración gubernamental.

Se olvida frecuentemente que el ejercicio del poder, de la política y, sobre todo, de la administración pública requiere un mínimo indispensable de ética y de moral republicana.

Romper las sabias reglas del juego no escritas que establecen ‘zapatero a tus zapatos’, ha llevado a la degradación de convertir a los gobernantes, políticos y funcionarios, en prósperos empresarios.

Y a éstos últimos en servidores públicos altamente corruptos. Porque no hay que olvidar jamás que el simple hecho de ser empresario, no garantiza integridad y menos honestidad material.

Baste mencionar algunos casos conocidos de todos para probar este último dicho. Ahí está Luis Julián Ugartechea Begué, hoy flamante asesor de Alejandro Murat, y Gabino Cué Monteagudo.

No pecamos de ingenuos y entendemos que en los últimos tiempos, los monopolistas del transporte urbano y suburbano, taxistas y mototaxis, financian las campañas de todos los partidos.

No obstante, por encima de estas complicidades, hay algo peor: Todo parece indicar que los transportistas legales e ilegales obtienen sus cuantiosos recursos de la distribución de droga. ¿Será?

Detrás de la noticia

Alfredo Martínez de Aguilar

[email protected]

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@efektoaguila

Las opiniones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien la escribe y no reflejan necesariamente la línea editorial de este medio.

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