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Golpe de estado legislativo, a Fiscalía General del Estado

Por: Alfredo Martínez de Aguilar | 31 de julio, 2018 - 05:51 | Opinión |

* Aberrante y “coja” iniciativa pretende dar “autonomía administrativa” a la Fiscalía Anticorrupción.

* ¿Qué intereses han afectado y qué callos han pisado Rubén Vasconcelos y Anuar Mafud? ¿A quién estorban?

Ante la embestida política contra el Secretario de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, y el Fiscal del Estado, Rubén Vasconcelos, el 22 de julio preguntamos, qué se comieron o a quién estorban.

Y ya entrados en preguntas, agregamos que vale la pena airear públicamente, qué intereses han afectado y qué callos han pisado el Secretario General de Gobierno y el Fiscal General del Estado.

Héctor Anuar Mafud y Rubén Vasconcelos Méndez son responsables de áreas neurálgicas por estratégicas. La Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General, son ambicionadas por todos.

Por razones de continuación de la “Operación Cicatriz” con los ulisistas, Alejandro Murat “placea” al senador Jorge Toledo; mientras otros viejos políticos hacen “cola” por la Secretaría de Gobierno.

Preocupante para Anuar Mafud y Rubén Vasconcelos, prototipos de la vieja y nueva clase político-administrativa, es enfrentar cotidianamente a enemigos y traidores en sus responsabilidades.

Ahora, la Fracción Parlamentaria de Morena en la LXIII Legislatura pretende dar un “albazo” a la Fiscalía de Oaxaca so pretexto de dar “autonomía administrativa” a la Fiscalía Anticorrupción.

El golpe de estado técnico contra Vasconcelos se da al establecer que “en las excusas, ausencias o faltas temporales del Fiscal General será suplido por el Fiscal Especializado en Anticorrupción”.

“Ante la excusa, ausencia o falta temporal de éste, será suplido por los demás servidores públicos en los términos previstos en el Reglamento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.

Propuesta por la coordinadora de la bancada lopezobradorista en el Congreso del Estado, Paola Gutiérrez, el texto de la iniciativa es una clara aberración jurídica, por totalmente contradictoria.

¡Cuánta razón tiene Francois de la Rochefoucauld sobre la ignorancia diputadil!: “Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse”.

La iniciativa también es suscrita por los diputados, perredista, petista, ahora morenista, José de Jesús Romero López; Toribio López Sánchez del PRD, y Juan Bautista Olivera Guadalupe del PT.

Se propone dotar al titular de la Fiscalía Anticorrupción de autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión para investigar y perseguir delitos de corrupción, y cometidos por funcionarios.

Dicen que es necesario que el Fiscal Anticorrupción, proponga su anteproyecto de presupuesto de egresos al Congreso vía el Fiscal General para que éste lo incorpore a su presupuesto de egresos.

Obligado es preguntar, entonces, tendrá o no tendrá autonomía administrativa y, por tanto, presupuestal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción respecto de la Fiscalía General.

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, consideró crear una institución en la Fiscalía General dotada de autonomía plena, prueba de lo cual el Fiscal Anticorrupción es electo por el Congreso.

En la iniciativa, se adiciona el Capítulo IV Bis “de las atribuciones y titularidad de la Fiscalía Anticorrupción” que establece las facultades, funciones y obligaciones de la Fiscalía en cuestión.

El objetivo es presuntamente garantizar que el actuar de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, se siga desarrollando de manera eficiente y eficaz en la investigación de delitos de corrupción.

El mayor problema de fondo es que la iniciativa está totalmente “coja” para combatir de manera realmente eficaz, eficiente y efectiva, la corrupción de los funcionarios del Gobierno del Estado.

No corrige la aberración jurídica que no tipifica como delito grave el peculado ni lo agrega al enriquecimiento ilícito, el abuso de confianza y el cohecho, como delitos de hechos de corrupción.

Pero, lo peor de todo, es que la multicitada iniciativa en comento no busca perfeccionar la Ley de Extinción de Dominio, a efecto de establecer el decomiso obligatorio del dinero público saqueado.

Mientras no se establezca como una de las primeras acciones, asegurar y congelar cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, la lucha anticorrupción seguirá siendo una simulación.  

Es lamentable y doloroso reconocer que así ha sido hasta ahora el combate a la corrupción. Y ello ocurre así, a pesar de la promesa de campaña y compromiso de gobierno de Alejandro Murat.

Con todo y el regateo del Congreso y Finanzas, Anuar Mafud y Rubén Vasconcelos, manejan cuantiosos recursos por su gran estructura administrativa, claro, con diferencias sustanciales.

A pesar del desmantelamiento de la Secretaría de Gobierno por el perverso senador del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, tradicionalmente es la que negocia con los grupos de presión.

En otras palabras, el responsable de la política interior es una especie de Santa Claus que, entre otras acciones, está dedicado a acordar la entrega de dinero para garantizar la gobernabilidad.

Y el doctor en derecho Rubén Vasconcelos Méndez, no solo es un nuevo rostro en el Gobierno del Estado de Oaxaca. Es la cara de la integridad a carta cabal, con honestidad intelectual y materia.

En cambio, si fuera corrupto que, probadamente, no lo es, el Fiscal del Estado podría recibir carretadas de dinero del crimen organizado y del narcotráfico, por hacerse de la vista gorda.

Uno de los graves problemas es que, si Rubén Vasconcelos Méndez no acepta corromperse, seguramente la tentación del dinero vencerá a algunos de sus colaboradores y ellos sí lo harán.

Y si los fiscales especializados y vicefiscales en esta capital y las ocho regiones del Estado no lo hacen, situación imposible de creer, seguramente lo harán los jefes y comandantes de la AEI.

Y si no lo hacen los jefes y comandantes de la policía ministerial, seguramente lo harán los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, como probablemente lo hacen jueces y magistrados.

Poner el dedo en la purulenta llaga de la corrupción en seguridad pública, administración y procuración de justicia, de ninguna manera, es descubrir el agua tibia, es un secreto a voces.

Pero no por ser un grave problema ampliamente conocido debemos aceptarlo y permitirlo porque ello ha traído consigo la creciente descomposición social por la inseguridad y brutal violencia.

La razón es muy simple y sencilla, a los jefes de las bandas del crimen organizado y a los capos de los cárteles del narcotráfico que operan en Oaxaca les urge contar con impunidad para operar.

Quizás en este aspecto radique el origen de la creciente embestida contra el Fiscal General del Estado al que se golpea frecuentemente, sobre todo, en las redes sociales y portales digitales.

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Alfredo Martínez de Aguilar

alfredo_daguilar@hotmail.com

director@revista-mujeres.com

@efektoaguila

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