Ciudad de México.- El virtual senador electo por Morena, Martí Batres Guadarrama, adelantó que al iniciar la nueva legislatura el 1 de septiembre presentará una iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional.
En conferencia de prensa, explicó que se trata de un cambio muy sencillo en el actual texto del referido artículo que consiste en vincular la obligación del Estado con la impartición de la educación superior.
Se trata de un ajuste legislativo que va acorde con las propuestas del candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, aunque reconoció que en realidad será un proceso gradual que llevará su tiempo y requerirá políticas públicas que diseñe el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, se trata de un primer paso, con el que se busca facilitar el trabajo para ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior, en virtud de que en México sólo 27 por ciento de los jóvenes tiene acceso a ella, mientras que en países como Perú es un 35 por ciento, Chile 52 por ciento y Uruguay 64 por ciento.
Este factor de acceso a la educación pública tiene una relación directa con el desarrollo y por eso se propone este cambio que busca ampliar la base de jóvenes que acceden a la educación superior gratuita, terminando con los "rechazados".
En otro tema, Batres Guadarrama se refirió a los 50 puntos de austeridad republicana que presentó López Obrador.
Dijo que "hay mucha tela de donde cortar" y aseguró que conforme lo señala la Constitución, nadie puede ganar más de lo que percibe el presidente de la República y, por lo tanto, la austeridad se debe de aplicar en los tres niveles de gobierno y en los tres Poderes de la Unión.
Incluso, la austeridad también se deberá de aplicar en los órganos autónomos como en los institutos nacionales Electoral (INE) y de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), si bien en esta clase de organismos se deberá proceder conforme a su autonomía constitucional.
Respecto al Senado, reconoció que las decisiones para disminuir los gastos excesivos dependerán de la colegialidad, aunque es de suponerse que cuando el presidente de la República establece su salario en 108 mil pesos, será un parámetro que deberán seguir también los otros Poderes de la Unión.
