México.- El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, llamó a los fiscales y delegados de la Procuraduría General de la República a no ser omisos ante los delitos que se cometen contra jornaleros agrícolas y sus familias.
Campa Cifrián participó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, ya que fue uno los acuerdos de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra), que se llevó a cabo en Acapulco, Veracruz.
“Vamos a notificarle a las y los secretarios (del Trabajo) del país que hemos conversado con ustedes y a pedirles que se acerquen con los Procuradores y Fiscales, para hacer de su conocimiento los asuntos, los temas que tenemos en la Secretaría (STPS) que consideramos pueden ser constitutivos de delitos, y pedir su colaboración y su apoyo”, explicó.
El titular de la dependencia federal solicitó trabajar de manera conjunta, para generar esquemas que permitan una atención ministerial oportuna y eficaz a los jornaleros desde sus lugares de origen, cuando inician su traslado a los centros laborales y mientras ya se encuentren desempeñando su trabajo.
“Estamos frente a uno de los grupos de trabajadores más vulnerables, ustedes saben, los jornaleros se mueven con sus familias y es un asunto que involucra no solamente a sus trabajadores, involucra a sus mujeres y a sus hijos. Estamos convencidos que un trabajo conjunto puede ser mucho más eficaz para atender esta responsabilidad”, expuso en un comunicado.
El encargado de la política laboral del país también manifestó que de los compromisos adquiridos en la conferencia nacional también se desprende el fortalecimiento en las inspecciones a centros agrícolas para combatir a los “enganchadores”, y a quienes cometan delitos de trata de personas y explotación infantil.
También la creación de un padrón de los trabajadores del campo, de sus centros laborales, así como de aquellos intermediarios o “enganchadores”, que los engañan prometiéndoles trabajo.
Destacó que la STPS cumple con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los criterios para tomar medidas que garanticen su protección integral.
